Existen en Brasil 5 millones de familias de trabajadores rurales inscritas como sin tierra o con tierra insuficiente para garantizar su sustento, lo que supone más de 30 millones de personas. Al contrario que en décadas anteriores, esta masa de población ya no se aventura a emigrar a las ciudades, debido a la situación de miseria y falta de trabajo que reina en los barrios de trabajadores. En las elecciones de 2002, la promesa de Lula de asentar más de 400.000 familias en sus cuatro años de mandato, junto con la histórica vinculación entre el MST y el Partido de los Trabajadores (PT), le proporcionaron el apoyo masivo de este segmento de población. Lula debe su elección a los trabajadores rurales y urbanos, que pensaban que "no les fallaría".
Pero Lula tenía también otras promesas que cumplir, como los altos tipos de interés y el superávit fiscal para pagar la deuda pública, y año tras año los recortes presupuestarios redujeron los medios a disposición del ministro Miguel Rossetto para la Reforma Agraria. Así, en los 2 años y medio que llevamos de gobierno Lula, apenas 60.000 familias fueron asentadas, con lo que la paciencia de las 200.000 familias organizadas en los campamentos del MST por todo el país comenzó a agotarse y la presión sobre la dirigencia aumentó.
Tras un "abril rojo" de ocupaciones de tierras que provocó, al igual que el año pasado, un nuevo aumento de los asesinatos de activistas rurales por las bandas paramilitares de los hacendados, se optó por una marcha a Brasilia donde exponer las reivindicaciones del movimiento ante el poder político, que les recibió (a los dirigentes) con los brazos abiertos y muchas promesas: tras entrevistarse incluso con el derechista presidente de la Cámara de Diputados, Lula los recibió, aceptó sus reivindicaciones y prometió nuevamente completar el programa de asentamientos durante su mandato. Esto supondría multiplicar al menos por 7 los recursos dedicados actualmente a la Reforma Agraria, y el gobierno hasta ahora no ha ofrecido ninguna señal de un cambio presupuestario de esa magnitud, por lo que más parece que esté intentando ganar tiempo a la espera de un hipotético segundo mandato tras las elecciones previstas para 2006.
Sin embargo, la paciencia de los campesinos sin tierra está agotándose, y necesariamente llegará un momento en que no aceptará simples promesas y querrá hechos. De hecho, los enfrentamientos con la policía y las ocupaciones de tierras muestran una mayor radicalización desde el comienzo del gobierno Lula. Cualquier éxito de protestas más radicales, aunque sea parcial, dará aún más confianza a un movimiento que ya saboreó el poder de la organización colectiva durante la Marcha. Además, la amplia simpatía que el MST despierta entre los trabajadores urbanos podría transformarse en un catalizador para la extensión del movimiento a las ciudades, donde la lucha de clases aún no alcanzó la intensidad que tiene en el campo.
Ante tal perspectiva, los medios burgueses ya están incrementando la presión sobre el gobierno para aumentar la represión, de la que los incidentes de Brasilia no fueron sino un anticipo. Si Lula apuesta por esta opción se agudizaría los conflictos internos del PT y en general dentro del movimiento obrero.
En definitiva, a pesar del relativo impasse, las perspectivas sólo muestran una mayor agudización de la lucha de clases en el campo brasileño, en la cual los campesinos sin tierra encontrarán en sus hermanos de las ciudades un aliado fundamental para conseguir sus reivindicaciones. Brasil, donde la coincidencia entre una relativa recuperación económica y la llegada del PT al poder ha proporcionado un momentáneo balón de oxígeno al régimen burgués, ha de sumarse de forma creciente a los acontecimientos que sacuden el continente y el mundo.
