Los convocantes de la movilización (organizaciones sociales, populares, sindicales, indígenas y campesinas) declaraban en su llamamiento a la participación en este Paro Cívico Nacional, su total rechazo a las artimañas de Uribe para lograr su reelección como presidente en las próximas elecciones; al Tratado de Libre Comercio (TLC) que de aplicarse permitirá la continuación del expolio de Colombia a manos de las poderosas multinacionales al mismo tiempo que, como hasta ahora, la inmensa mayoría de la población vive en condiciones miserables y sin ningún tipo de derecho; a la reformas laboral, de pensiones y tributaria, que comprenden una nueva batería de ataques contra los sectores más desfavorecidos; al pago de la deuda externa.

Del mismo modo, los convocantes exigían la aplicación de una política agraria justa y democrática, la solución del conflicto armado y el cese de la actividad paramilitar y asesina del gobierno de Uribe. Actualmente la política de “seguridad democrática” del gobierno de Uribe no supone más que persecuciones, retenciones, desapariciones y centenares de asesinatos de dirigentes sindicales, campesinos y estudiantiles. La defensa de los servicios públicos y de los derechos democráticos y las libertades políticas fueron otras de las reivindicaciones.

El aplastante éxito de la movilización fue tal que ni siquiera los medios de comunicación (afines al actual régimen represor colombiano) pudieron silenciar el enorme descontento y el rechazo más absoluto de la población colombiana a las políticas de su actual presidente, Álvaro Uribe Vélez.