Los trabajadores de Flaskô van camino de los cinco años de control obrero y el Movimiento de Fábricas Ocupadas de Brasil realizará, en junio, un Tribunal Popular para juzgar la intervención federal contra los trabajadores de Cipla e Interfibra.
Los trabajadores de Flaskô van camino de los cinco años de control obrero y el Movimiento de Fábricas Ocupadas de Brasil realizará, en junio, un Tribunal Popular para juzgar la intervención federal contra los trabajadores de Cipla e Interfibra. 
El 12 de junio de 2003, o sea hace casi cinco años, los trabajadores de Flaskô tomaron una decisión histórica: resolvieron asumir el control administrativo, financiero y de operaciones de la fábrica para defender sus empleos y derechos, además del mismo lugar de trabajo, equipos y máquinas. Decidieron ocupar la empresa y ponerla a producir bajo su control.
Los trabajadores decidieron poner fin a la explotación de los patrones que, durante décadas, pudieron acumular un patrimonio personal lujoso hasta el punto de no necesitar más la producción para transmitir a sus descendientes la riqueza creada con trabajo ajeno.
Así, durante los años 90 y comienzos de la década de 2000 se percibe que el único objetivo es el saqueo. Las inversiones son cada vez más escasas y se desmantela todo un sector de producción (que producía pequeñas tapas plásticas para las botellas de cachaça de una empresa tradicional del sector).
Además, se van perdiendo clientes y proveedores sin ninguna explicación, la maquinaria se va convirtiendo en chatarra y se obliga a los mecánicos a extraer piezas de máquinas paradas para recuperara otras, en un proceso conocido co o canibalismo. Paso a paso, los despidos y la negación de derechos a los trabajadores se hicieron cotidianos. 
Y no sólo sucedía esto en la Flaskô. Durante la década de 1990 Brasil vivió la más alta tasa de desempleo de su historia. Los derechos sociales y laborales sufrieron ataques. El país se desangraba para cumplir los objetivos del FMI. El pago de intereses de la deuda externa, las privatizaciones, la apertura comercial y financiera estimularon la especulación, las fusiones y adquisiciones y acentuaron el monopolio de las multinacionales sobre la economía brasileña, generaros crisis, desempleo y precarización de las condiciones de trabajo y de vida.
No por casualidad en 2002 ocurrieron dos hechos paralelos, complementarios para explicar la dinámica de la lucha de clases en Brasil. Para ser más precisos, en octubre de 2002, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Inacio Lula da Silva, vence las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, con una votación record. Mientras tanto, en Joinville (ciudad del estado de Santa Catarina, al sur del país), los trabajadores de Cipla e Interfibra entraban en huelga por los salarios y derechos atrasados.
La relación entre ambos hechos fue intensamente discutida por los trabajadores de ambas empresas:
"Así, una huelga para cobrar salarios se transformó en una huelga para salvar los empleos. Para ello se puso sobre la mesa la cuestión del control obrero de las fábricas. Y a continuación la cuestión de la responsabilidad de los gobiernos sobre las crisis y sobre el mantenimiento de los empleos. Los obreros decidieron que no aceptaban ser descartados cuando los patrones les hubieran chupado toda la sangre, porque los obreros no son responsables por el mercado, por las fechorías ni por la política imperialista. Ello llevó a la cuestión de la nacionalización y, en seguida, a la necesidad de una acción obrera para salvar el tejido productivo que está siendo destruido por la política imperialista. Al abordar la cuestión desde un punto de vista de clase, los obreros se levantaron en defensa de la nación amenazada y de todo el pueblo sufridor de Brasil. De ahí surge la orientación de lucha sintetizada en la consigna "fábrica quebrada es fábrica ocupada y fábrica ocupada debe ser nacionalizada". 
Más adelante se puede leer:
"... el pueblo trabajador fue capaz de reunir sus fuerzas tras años de masacre y expulsar a FHC (Fernando H. Cardoso) y su candidato del poder. La victoria de Lula abrió una situación en que la clase trabajadora se siente fuerte para buscar lo que pertenece y ya conquistó".
A partir de ahí, la historia de la clase trabajadora brasileña no sería la misma. Se trata de experiencias inéditas que no se agotaron y tienen mucho que enseñar.
La Flaskô, localizada en la ciudad de Sumaré (interior del estado de Sao Paulo) fue ocupada meses después. Los trabajadores sufrían 3 meses sin salarios y se enteraron de la experiencia de Cipla e Interfibra. Las tres empresas formaban parte del mismo grupo empresarial. Se fija una reunión en la sede del sindicato y los obreros de Flaskô decidieron participar en la Marcha a Brasilia que organizaban los trabajadores de Cipla. A la vuelta la caravana pasó por Flaskô. Una asamblea esperaba el informe y se convenció de que la única salida era ¡ocupar, resistir y producir! Y además luchar por la nacionalización bajo control obrero.
Breves antecedentes históricos
La Flaskô es una fábrica de transformación de plásticos. Produce varios modelos de envases industriales llamados tambores o bombonas. Tiene actualmente casi 90 trabajadores, pero tuvo 600 en su mejor momento. Fue fundada al final de los años 70 y pertenecía a la Corporación Holding do Brasil (CHB).
La CHB era también dueña de las marcas Cipla e Interfibra y formó parte del grupo Hansen Industrial SA hasta 1992, año en que a la muerte de J. hansen junior (fundador) se repartieron sus bienes. Luis Batschauer (casado con Eliseth Hansen) y su hermano Antonio asumieron la CHB perdiendo la masa del grupo Hansen necesaria para la modernización tecnológica.
Así, mientras las demás empresas del grupo crecían, empezó la agonía de las empresas de la CHB. Sin embargo, los trabajadores de Flaskô no asistieron pasivamente. se registraron huelgas en 1994 y 1997 contra las jornadas de hasta 12 horas, bajos salarios e incumplimiento de los acuerdos laborales. Pero sólo tras la ocupación y establecimiento del control obrero se produjo un cambio significativo en la fábrica.
Las deudas ahogan a los trabajadores 
No fue fácil reiniciar la producción ni mantener la fábrica funcionando para garantizar empleos y salarios. Los patrones dejaron la Flaskô totalmente endeudada y sin posibilidades de conseguir créditos. Todas las partes de la fábrica estaba bajo amenaza de embargo por la justicia debido a las deudas dejadas por los antiguos dueños. ¡Casi el 80% de estas deudas son con organismos públicos, debidas al fraude fiscal! El resto lo reclaman empresas que comerciaban con la fábrica y ex-trabajadores despedidos sin indemnización. También hay deuda con la compañía eléctrica y siempre es un sufrimiento conseguir el dinero suficiente para pagar las cuentas. En total, la deuda oscila en torno a los 230 millones de reales (US$ 135 millones).
La gran cuestión es que los trabajadores no son responsables de las deudas heredadas. En definitiva, ellos también vieron negados sus derechos y están luchando para recuperarlos. Sin embargo, todos estos problemas se cargaron sobre las espaldas de los obreros.
En realidad, analizar el papel de los jueces en estos casos revela la verdadera naturaleza de las leyes que rigen en Brasil. Cuando los trabajadores solicitan una autorización legal para administrar la empresa en nombre del Consejo de Fábrica o de una Asociación de Trabajadores se les niega. ¡Sin embargo, cuando se trata de ejecutar una sentencia contra la fábrica sí buscan a los representantes de los trabajadores para que acepten la retirada de máquinas o el embargo de la facturación de la empresa!
Eso sin hablar de la increíble "coincidencia" de procesos y subastas por parte de la justicia contra la gestión obrera: nunca fue tan eficiente en el control y cobro cuando los patrones dirigían la Flaskô y la llevaron al borde del desastre. Sin embargo, bajo control obrero, los jueces no paran de reclamar y perseguir a los dirigentes.
En todos estos años, cientos de procesos, subastas de máquinas y equipos e intentos de ejecución de embargos de la facturación hubieron de ser parados por la movilización de los trabajadores y quienes les apoyan. Sabemos que si se llevaran una máquina o la facturación de la fábrica se destinara al pago de deudas dejadas por los antiguos patrones no se pueden mantener los empleos. Por eso, en las pancartas y consignas los trabajadores siempre piden: "¡Paren las subastas, queremos trabajar en paz!" "¡Subasta es desempleo, quien puje no se lo llevará!"
Sin embargo, más que frenar este o aquel proceso, los trabajadores siempre buscaron una tregua. Quieren que la justicia suspenda los ataques, mientras exigen al gobierno Lula una solución que pueda garantizar los empleos y derechos.
En este sentido consiguieron establecer un acuerdo con Magistratura de Trabajo que, aunque no resuelve el problema de los antiguos trabajadores ni de los actuales, al menos alivia la presión. Todos los meses, el 1% de la facturación de la fábrica se destina a la Justicia del Trabajo para poder ir liquidando la deuda poco a poco. 
Así, ¡sólo después del control obrero y la dura batalla por el empleo están los trabajadores consiguiendo recibir las indemnizaciones que los patrones les habían negado! Muchos esperaron más de diez años para recibir un derecho que los patrones les habían robado y con seguridad no recibirían nada sin la determinación de los obreros de mantener la Flaskô abierta.
Sin embargo, numerosos procesos judiciales siguen persiguiendo a los obreros. Ya se han detectado otras tres subastas de máquinas y equipos solicitadas por la Hacienda del estado de Sao Paulo y otros tres pedidos de embargo de la Hacienda nacional. Los procesos federales llaman más la atención al incluir boletines y periódicos de los trabajadores que prueban que la fábrica está funcionando y que por lo tanto la justicia está en condiciones de ejecutar el embargo. Además, el juez extrapola el valor solicitado por la Hacienda. Si solicita un 2% de la facturación el juez lo eleva al 10 o hasta el 30%.
Quien sigue el Movimiento de Fábricas Ocupadas sabe que esto puede significar un nuevo y salvaje intento de acabar con la experiencia del control obrero. Recordemos que Cipla e Interfibra sufrieron la intervención judicial por un proceso iniciado por una entidad estatal.
Además, pesa sobre la fábrica el gasto enorme en energía eléctrica. Si un trabajador deja de pagar su cuenta de luz durante tres meses la compañía corta el suministro. Lo mismo puede suceder con Flaskô, que debido a las condiciones heredadas se ve obligada a realizar los pagos al límite de las amenazas de corte. ¡Todos los meses el mismo drama, durante los últimos cinco años! Pero no sólo eso. Tras intensas movilizaciones y negociaciones, la Compañía Paulista de Força e Luz (CPFL, privatizada en 1997) aceptó aplazar la deuda dejada por los patrones. Entonces, todos los meses, además de pagar por lo que se consume, se paga la morosidad de los antiguos propietarios!
En muchas ocasiones los obreros tuvieron que parar la producción y rodear el poste de electricidad para evitar que la CPFL ejecutase la orden de corte. Cuando eso sucedía, la empresa no tenía otra alternativa que negociar con los trabajadores de Flaskô. Pero los capitalistas también aprenden con la lucha de clases. Semanas antes del intento de extender a la Flaskô la intervención federal decretada contra Cipla, la CPFL instaló un equipo en el poste que permite el corte del suministro a distancia. O sea, ¡en sus despachos los gerentes de la compañía pueden accionar el sistema y cortar la luz de la fábrica!
Y el tan temido corte de energía eléctrica a distancia ocurrió de hecho con el intento de intervención de mediados del año pasado. los trabajadores resistieron durante más de 40 días en la oscuridad, sin tener cómo producir y por lo tanto recibir sus salarios, pero resistieron. Consiguieron impedir el intento de intervención, renegociar la deuda con la CPFL y volver a producir, bajo condiciones aún más difíciles.
Otro caso que amenazó los empleos directamente fue el intento de retirar la máquina principal de la Flaskô, efectuada por la justicia a petición de la Braskem, multinacional del sector petroquímico, en 2005, pero tras una fuerte campaña de denuncia y llamamientos, la multinacional aceptó la propuesta de acuerdo efectuada por los obreros de pagar un 0,5% de la facturación mensual a cambio de mantener la máquina en la fábrica. La amenaza de los trabajadores de ocupar la sede administrativa de la Braskem en Sao Paulo sin duda tuvo su peso en esta decisión.
Las conquistas
Lo más increíble es que en medio de tantas amenazas y ataques, fue y continúa siendo posible conquistar derechos. Se recuperaron máquinas, equipos e instalaciones y la fábrica se reorganizó para mejorar las condiciones de trabajo, evitar los desperdicios, aumentar la productividad y disminuir el índice de residuos en las piezas. Prácticamente todo el material plástico desechado en el proceso productivo es empaquetado y molido y vuelve a las máquinas como materia prima reciclada. Destaca también el trabajo del comité "Desperdicio Cero" y la conquista de la certificación internacional ISO 9001.
El clima en la fábrica es el más democrático posible. Surgen todos los días sugerencias y críticas y el Consejo de Fábrica elegido por los trabajadores se reúne una vez por semana para discutir las propuestas y planificar desde la compra de materia prima hasta la salida del producto y los pagos. El acta de las reuniones se publica en los murales y por lo menos una vez al mes la asamblea vota el presupuesto con las principales decisiones.
No hay subcontratación de ningún tipo y todos cobran por encima del mínimo salarial fijado en el convenio. El índice de afiliados al sindicato es alto en la fábrica y los trabajadores participan en las campañas salariales buscando ganar para sí mismos los aumentos obtenidos colectivamente por los trabajadores químicos en su lucha contra la patronal.
Sin embargo, lo más significativo es la reducción de la jornada de trabajo. Al segundo año de control obrero la jornada fue rebajada de 44 a 40 horas semanales, sin reducción salarial y sin caída de la productividad. Así, los trabajadores conquistaron el sábado libre, para tener más tiempo de descanso y ocio con la familia y amigos. Ahora, al quinto año de ocupación, ¡la jornada en el sector de producción acaba de ser reducida de 40 a 30 horas semanales! Los obreros y trabajadores de fabricación cumplen apenas 6 horas diarias, pero se comprometieron en asamblea a seguir cumpliendo con la programación de la fábrica. Por el momento las 30 horas semanales tienen carácter experimental, teniendo en cuenta la situación difícil de la fábrica, que necesita reducir los gastos con electricidad para seguir sobreviviendo.
Mientras tanto, estos y otros hechos demuestran apenas una cosa: que los patrones son innecesarios en la sociedad, no son sino una clase social parásita. Si los trabajadores son capaces de administrar democráticamente y recuperar una fábrica sin necesidad de patrones, según sus propios intereses de clase y no el enriquecimiento, ¡entonces pueden dirigir todas las fábricas, tierras y bancos! ¡Pueden controlar el país y el mundo para que la riqueza producida colectivamente sea distribuida igualitariamente!
Rodeada de solidaridad
La comunidad que vive en torno a la Flaskô no es ajena a lo que les sucede a los obreros. La fábrica, que ya era punto de referencia por estar en un área densamente poblada, es objeto de curiosidad y orgullo. La lucha de los trabajadores estimula la conciencia y participación popular entrelazándose con los deseos, necesidades y luchas de la propia comunidad.
Un gran problema en la región es el de la vivienda. Las que hay son precarias y el alquiler pesa sobre el presupuesto familiar. Los programas gubernamentales de construcción de casas populares son prácticamente nulos.
Por ello, junto a los obreros, cientos de familias decidieron llenar con sus propias vidas un terreno abandonado que pertenecía a la Flaskô. Decidieron construir sus casas en un area que antes estaba vacía y que por eso mismo servía incluso de sepultura para las víctimas del tráico de drogas y la violencia policial.
Las familias discutieron con el Consejo de Fábrica y se decidió que parte de los terrenos sería cedida a los mismos trabajadores y el resto sería repartido entre la población dispuesta a ocupar el terreno. Hoy ya existe un barrio allí, llamado Villa Obrera y Popular, con cerca de 300 familias, que se movilizaron junto a la Flaskô para conquistar la red eléctrica, recogida de basuras y sistema de agua y alcantarillado. En realidad, la lucha por el saneamiento básico sigue hasta hoy, así como por la regularización de las parcelas. El terreno aún se considera particular, pero obreros y población reivindican su paso definitivo a terreno de viviendas.
Además, a finales de 2007, Flaskô, junto a la Asociación de Vecinos del Parque dos Bandeirantes, región donde se localiza la fábrica, para que la antigua cantina sea ahora sede de la asociación, que desarrolla decenas de proyectos sociales, culturales y deportivos. En un barracón inactivo, hoy se dan clases de capoeira y se instaló un tatami para la práctica de judo. Así, cada mes, miles de niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres de la comunidad pasan por la fábrica y saben que dicho espacio es fruto de la lucha obrera.
También anda bien adelantado el proyecto de instalación de una radio comunitaria. Se llamará "Radio Lucha" y su antena será colocada en lo alto del depósito de agua de la fábrica. Así, a pesar de la baja potencia del transmisor, la señal tendrá un gran alcance. Eso sin hablar del blog y la red de e-mails que semanalmente actualizan las informaciones para todo Brasil.
Destino unido al de la revolución venezolana
En octubre de 2005 el Movimiento de Fábricas Ocupadas participó en la organización de un Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas por los Trabajadores que reunió a representantes de 13 países, 20 centrales sindicales y 235 empresas bajo control obrero en Caracas, capital de Venezuela. Huboi un apasionado debate sobre cuál sería la salida para estas empresas, en el que prevaleció la propuesta de la lucha por la nacionalización, impulsada por el propio presidente Chávez en la apertura del evento.
La Declaración Final del Grupo de Discusión de Empresas Recuperadas elaboró frases marcantes como: "cada fábrica cerrada es un cementerio de puestos de trabajo al igual que el latifundio en el campo. Por ello los trabajadores de la ciudad y del campo tienen derecho a ocupar las fábricas y las tierras para defender su trabajo y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso ocupamos las empresas y las hicimos producir".
"Ellos cierran las fábricas, nosotros las abrimos. Ellos roban las tierras y nosotros las ocupamos. Ellos hacen guerras y destruyen naciones, nosotros defendemos la paz e integración soberana de los pueblo. Ellos dividen y nosotros unimos. Porque somos la clase trabajadora. Porque somos el presente y el futuro de la humanidad".
Además, al final de este encuentro se firmó un acuerdo entre la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y el MFO en el que el gobierno Chávez se comprometía a enviar cargamentos de materias primas a Cipla, Interfibra y Flaskô a cambio de técnicos y especialistas brasileños que pudiesen colaborar en el proyecto Petrocasa. El proyecto consiste en la construcción de "fábricas socialistas" capaces de producir materiales plásticos para la construcción de casas populares.
Cipla posee tecnología y conocimiento en el sector de "casas de plástico" y ya había presentado al gobierno brasileño y al de Cuba un plan, pero fue en Venezuela donde el proyecto salió del papel. La primera Petrocasa fue inaugrada en junio de 2007 y está prevista la construcción de más fábricas como esta a fin de disminuir el déficit de viviendas en Venezuela en los próximos años.
Para Brasil, el primer cargamento de materia prima llegó en 2006 y ayudó enormemente a las fábricas ocupadas. Dio un respiro a los trabajadores para segr una lucha que se hacía cada dí más sofocante. Ya el segundo lote de materia prima quedó retenido en el puerto siendo objeto de disputa ene el MFO y el interventor, hasta que la justicia brasileña decidió entregarla a Cipla ayudando así a sostener la intervención federal.
Sin embargo, este duro golpe no fue capaz de romper los lazos existentes entre el MFO y la revolución venezolana. Por el contrario, desde el gobierno de Chávez se enviaron mensajes de solidaridad con los trabajadores y desacuerdo con la intervención. Y en el movimiento obrero venezolano la reacción de los compañeros del FRETECO contra la intervención en Cipla fue inmediata y consistente. El MFO se dedica hoy en Brasil a impulsar la campaña internacional "Manos Fuera de Venezuela", destacando las iniciativas antiimperialistas y sociales del gobierno Chávez y principalmente el papel de la clase obrera para el triunfo de la revolución:
Es importante destacar que en todos estos años el MFO organizó diversos encuentros para debatir la lucha en defensa de los empleos; los derechos; la reforma agraria y el tejido industrial; difundiendo las ocupaciones de fábricas y sumando apoyos por todo el inmenso territorio brasileño: Las tres conferencias nacionales y el encuentro Panamericano de 2006, con sus miles de participantes e invitados internacionales, y sus propuestas y resoluciones sintetizando la importancia de este movimiento para la clase trabajadora latinoamericana y mundial, mostraron que la unidad de la clase trabajadora es posible y necesaria para derribar al imperialismo y su sistema de guerra y explotación.
La lucha por la nacionalización bajo control obrero y la intervención federal en Cipla
Desde el inicio de las ocupaciones, en 2002, el camino adoptado por los trabajadores de Cipla, Interfibra y Flaskô y que inspiró a miles de obreros y militantes fue la lucha por la nacionalización bajo control obrero.
Fueron tres Marchas a Brasilia, capital del país, con caravanas saliendo del Sur, Sudeste, Nordeste y Centro-Oeste exigiendo la nacionalización de las fábricas ocupadas, la renacionalización de los ferrocarriles, minas y todo lo que fue privatizado, además de la reforma agraria y otras reivindicaciones.
Fruto de estas movilizaciones, el presidente Lula se reunió con los representantes de los trabajadores y formó un Grupo de Trabajo para analizar la situación de las fábricas ocupadas. A pesar de afirmar que "la nacionalización está fuera del menú del gobierno" prometió hacer todo lo posible para salvar los empleos y pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y técnicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) la elaboración de un informe que pudiera presentar una solución para el caso.
Los técnicos del BNDES realizaron el estudio presentando un informe en febrero de 2005 donde se puede leer:
"Sin embargo, el mayor y más sofocante pasivo de estas empresas, como se sabe, corresponde a deudas con las instituciones federales y estatales (tributos, cotizaciones, etc). Frente al tamaño de este pasivo (más de R$ 500 millones o US$ 294 millones) en relación al tejido productivo y las posibilidades de producción y facturación, incluso hipotéticas, se impone una única solución para salvar dichas fábricas y sus mil empleos.
Nuestra sugerencia es que por decisión de los gobiernos federal y estatal sus créditos sean transformados en acciones, que quedarían como capital en manos del BNDES.
Para acabar, entiendo que es un camino difícil, pero factible, y entiendo también que la única forma de realizar lo que parece prioritario en este caso (el mantenimiento de los empleos) exige que el sector público asuma el control de estas empresas a través de sus bancos de desarrollo social, el BNDES y entidades estatales".
A partir de aquí, los argumentos contra la nacionalización se desmoronaron como un castillo de cartas y el presidente Lula pasó a rechazar una nueva audiencia con los representantes de los trabajadores para discutir la conclusión del informe técnico del BNDES. ¡Y no fue por falta de reclamárselo! En junio de 2005 los trabajadores de Cipla, Interfibra, Flaskô y Flakepet recorrieron caminando kilómetros con pancartas y banderas, junto a más de 20 mil campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), ¡pero no se anunció ni la nacionalización ni un plan de reforma agraria!
Además, tras ser reelegido en 2006 por el voto popular contra el candidato preferido por la burguesía, empeoró la composición del gobierno. Lula y el PT se aprovechan de la alta popularidad alcanzada por cinco años de crecimiento económico -garantizando beneficios colosales a empresarios y banqueros al mismo tiempo que permite algunas políticas sociales compensatorias a millones de pobres y amplía el crédito para los trabajadores- para formar una coalición con partidos y políticos tradicionales de la derecha. Varios ministerios y cargos dirigentes van para los "aliados".
Los movimientos sociales reivindicativos o de izquierda pierden amplitud, debido a la sensación de que el país está yendo bien, y acaban siendo objeto de represión y calumnias... Llegan a ser criminalizados. Al mismo tiempo se les "invita" a colaborar con el gobierno. Represión y cooptación son como dos caras de la misma moneda, y no fue diferente con las fábricas ocupadas. El gobierno y sus agentes insistieron durante años en que los trabajadores del MFO abandonaran la exigencia de la nacionalización bajo control obrero, mientras la burguesía subía el tono de voz y se reforzaba hasta empezar los llamamientos a la represión en 2007.
La conquista de la jornada de trabajo de 30 horas semanales sin reducción salarial obtenida por el control obrero en Cipla e Interfibra, junto al acuerdo de colaboración con el gobierno Chávez actúan como la gota que colma el vaso. Son medidas insoportables para los patrones brasileños.
En enero de 2007 aparece un reportaje en el mayor periódico del país, con una frase del presidente de la Federación de Industria del Estado de Sao Paulo (FIESP):
"La ayuda de Chávez, que apoya este tipo de ocupación en Venezuela y toda América Latina, desagrada a sectores tradicionales de la industria. Para la FIESP este tipo de cooperación se trata de una injerencia en asuntos internos brasileños. La FIESP respeta la soberanía nacional y no reconoce la injerencia política de ningún país en las cuestiones internas brasileñas", dice Paulo Skaf; presidente de la entidad: "la opinión del presidente de Venezuela le pertenece única y exclusivamente a él y no es una referencia para cualquier decisión a ser tomada en Brasil".
Ya en mayo, semanas antes de la intervención, la ABIPLAST (asociación patronal de la industria del plástico) escribe en el editorial de su boletín:
"En Brasil, según informó la prensa recientemente, el gobierno venezolano apoya ocupaciones de industrias plásticas por obreros. Ya son tres (Cipla, Interfibra y Flaskô) las empresas que reciben apoyo en forma de compra subsidiada de materia prima venida de Venezuela. Este tipo de intromisión es absolutamente inaceptable por parte de un gobierno extranjero en cualquier empresa brasileña: Corresponde a los empresarios y también al gobierno brasileño denunciar, con todas sus fuerzas y en todas las instancias, lo absurdo de la intervención de un gobierno extranjero en negocios de empresarios brasileños.
Debido a estas actitudes, es imprescindible que los empresarios y la sociedad civil en general, organicen una manifestación de rechazo contundente de este tipo de prácticas antes de que se hagan cotidianas y perjudiquen la democracia. Necesitamos recuperar la indignación ante la interferencia en nuestros intereses, a riesgo de ser conniventes y demasiado pasivos con ese nivel de intromisión".
Este mismo mes de mayo, como parte de un día nacional de lucha convocado por la CUT, MST y otras organizaciones, los trabajadores de Cipla, Interfibra y Flaskô ocuparon las sedes regionales del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Querían que acabasen las acciones judiciales contra las fábricas ocupadas y salieron con un compromiso firmado por los representantes del órgano en Joinville.
Sin embargo, uno de los procesos que los trabajadores querían detener se usa como pretexto para el fraude judicial que decretó la intervención federal el 31 de mayo de 2007. El INSS, entidad ligada al gobierno nacional, rechazó la petición de los trabajadores de suspender el cobro de deudas dejadas por los antiguos patrones y un juez federal de Santa Catarina nombró un interventor para asumir el control de Cipla. La decisión judicial fue secreta, mientras se reunían las fuerzas policiales necesarias para destituir al Consejo de Fábrica y colocar al interventor mediante un violento golpe.
Cerca de 150 hombres de la Policía Federal y Militar de SC llegan fuertemente armados y en carros de combate a la puerta de la Cipla e impiden a los trabajadores ligados al Consejo de Fábrica que entren a trabajar. Destituyen al personal elegido en asamblea y a los líderes de pie de fábrica, que habían dirigido tanta lucha durante casi cinco años, para colocar un interventor en su lugar. La petición de los empresarios se hace realidad con la connivencia del gobierno Lula.
Tribunal Popular para Juzgar la Intervención
Teóricamente, la misión del interventor es "reestructurar" la Cipla para hacerla pagar por la deuda dejada con el INSS desde 1998. Sin embargo, ya pasó un año y hasta ahora los cofres públicos no vieron un céntimo y no lo verán, ¡porque la intervención no es técnica, sino política! Desde el inicio, el ataque se ha centrado en la retirada de las conquistas de la gestión obrera. En la primera semana, la jornada de trabajo volvió a las 44 horas semanales. Se subcontrató la seguridad. El clima se hizo el peor posible, sin libertad de reunión, con más de 400 trabajadores ya despedidos sin recibir indemnización. Los salarios no se pagan totalmente, etc.
Al mismo tiempo, se extiende una campaña de calumnias a través de la prensa burguesa. Alaban al interventor y destilan odio contra los líderes obreros que están sin empleo y sin salario. Intentan romper a los trabajadores y a la capa más avanzada de trabajadores de Cipla e Interfibra.
¡Pero la respuesta es inmediata! Empiezan a llover mensajes de indignación de todo Brasil y otras partes del mundo sobre la cabeza del juez y el gobierno Lula. La Corriente Marxista internacional organiza manifestaciones frente a las embajadas brasileñas en el exterior. Algunos días después de la intervención, se realizó un acto delante de Cipla, con cientos de personas de todo Brasil y militantes de fábricas ocupadas de Venezuela, Argentina y Paraguay.
La intervención busca extenderse a la Flaskô, basándose en la misma decisión judicial de Santa Catarina, pero esta vez los trabajadores no fueron tomados por sorpresa y el interventor no vino acompañado por la policía. Pensó que Flaskô se rendiría tras haber tomado Cipla, pero encontró un sólido piquete y tuvo que retirarse.
Sin embargo, el interventor no renunció y adoptó otra táctica: el sabotaje. Al contrario que en otras ocasiones, la CPFL no comunicó la orden de corte de electricidad y no aceptó reunirse con representantes de los trabajadores para renegociar, puesto que ahora para la CPFL era el interventor el responsable de la fábrica. Tras un largo pulso que duró más de 40 días, los trabajadores consiguen reconectar la luz, pero se vieron obligados a aceptar compromisos aún más difíciles de cumplir.
Finalmente, en agosto, los trabajadores consiguieron recuperar la Flaskô, pero en otras condiciones. La nacionalización fue rechazada de manera brutal por el gobierno que los trabajadores ayudaron a elegir en dos ocasiones y las dificultades administrativas y financieras se acumulan. Incluso así, los trabajadores de Flaskô se acercan a los cinco años de control obrero.
El Movimiento de Fábricas Ocupadas, mientras tanto, no abandonará Flaskô ni dejará que se olvide la intervención. Por ello convoca para los días 27 y 28 de junio un Tribunal Popular para Juzgar la Intervención. Estarán en el banquillo el interventor, el juez, los patrones y el gobierno y, basándose en hechos, pruebas y declaraciones, un jurado popular dictará su sentencia. ¡Que se haga la justicia de los trabajadores!
Enfrentar a la burguesía es tarea de toda la clase trabajadora
El apoyo de toda la clase trabajadora nacional e internacional en defensa de la fábrica ocupada Flaskô y del MFO de Brasil es fundamental. Al final, no es posible enfrentarse a la propiedad privada de los medios de producción y al aparato del estado burgués con 70, 100 o mil obreros. ¡Hacen falta millones!
Muchos trabajadores, militantes y sus organizaciones ya se movilizaron para apoyar esta parte avanzada de la lucha socialista. Al mismo tiempo, los obreros movilizados siempre ayudaron a otros sectores a levantarse contra la explotación.
Hay una frase popular que afirma: "¡soy brasileño y no desisto nunca!". En el caso de las fábricas ocupadas es la más pura verdad. ¡Y no se trata de uno sino de miles! La clase trabajadora del país es numerosa y organizada y supo prestar su solidaridad al Movimiento de Fábricas Ocupadas en diferentes momentos. Al mismo tiempo, en todos los grandes (y también en varios pequeños) combates de la clase trabajadora, los sin-tierra y la juventud, el Movimiento de Fábricas Ocupadas estuvo presente.
Y si las fronteras nacionales son pequeñas para el capitalismo mundial y la masacre contra la clase trabajadora sucede en todos los rincones del planeta, entonces la lucha de una fábrica ocupada sólo tiene sentido como parte integrante del ejército proletario internacional. No existe socialismo en un sólo país, y mucho menos en una fábrica o un grupo de ellas. Por ello, el presente y el futuro del MFO de Brasil están ligados a la revolución venezolana, latina e internacional. ¡Es por ella que el Movimiento de Fábricas Ocupadas resiste y lucha!
