La APR debe presentar un programa verdaderamente socialista y un plan de lucha que defienda los derechos de la clase obrera y todos los oprimidos
La victoria del PSUV en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) ha supuesto un nuevo giro, todavía más a la derecha, de la burocracia en el gobierno. Las medidas presentadas por Nicolás Maduro en su rendición de cuentas ante la AN, el 12 de Enero, significan uno de los ataques más graves de los últimos años contra los derechos que el pueblo y los trabajadores y trabajadoras conquistamos durante los gobiernos de Hugo Chávez. El resultado de estas medidas será incrementar los beneficios de los capitalistas y burócratas, pero agravar la crisis social y económica que sufrimos desde hace años las masas obreras y populares.
Siete años de falsa retórica socialista y retrocesos para el pueblo
Según el propio Banco Central de Venezuela (BCV), el año 2020 termina con una devaluación del bolívar de 6.000%, continúa desbocada la hiperinflación y el salario mínimo ha caído a solo 0,8$. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que en 2020 la economía se desplomó un 30%, previendo una caída del 7% para 2021. El propio Maduro, en su mensaje anual al pueblo venezolano, reconoció un aumento del desempleo a niveles de más de dos dígitos, el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema en un 17% y 4% respectivamente y que el trabajo formal se ha reducido un 59,3 %. Según los datos suministrados por organismos no oficiales, el retroceso en todos estos índices sería aún mayor.
A estos datos se une la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) de hace 5 años, según la cual los pobres recibían un 5,7% del ingreso nacional y los ricos el 45,1%, un dato que todo indica que ha ido a peor para los que menos tenemos. Esto demuestra el profundo recrudecimiento de la desigualdad social en Venezuela, que está sepultando las conquistas alcanzadas por los trabajadores y el pueblo en la lucha contra la pobreza entre 2004 y 2013.
Ante la crisis del sistema capitalista mundial y el colapso de la economía venezolana, las medidas económicas aplicadas por la burocracia del gobierno son las que más podría desear cualquier burguesía en el mundo. Con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya dieron pasos para demostrar su disposición a gestionar la crisis del capitalismo mejor que la derecha. Aprobaron la Ley de garantías para la inversión extranjera y posteriormente, en 2018, eliminaron la ley de control de cambios y comenzaron a brindar una serie de beneficios económicos a la burguesía que van desde nuevas leyes fiscales, suspensión de pagos de impuestos, exoneración de tasas fiscales, créditos blandos – como los declarados por uno de principales oligarcas, Lorenzo Mendoza, del Grupo de Empresas Polar- entre otras medidas. El resultado ha sido liquidar en la práctica los salarios, contratos colectivos, prestaciones sociales y la estabilidad laboral de los trabajadores
La ofensiva del imperialismo estadounidense continúa bajo Biden
El imperialismo estadounidense y la derecha venezolana utilizaron el tremendo retroceso económico que están viviendo las masas y el descontento con las políticas del gobierno para lanzar la ofensiva golpista más brutal de los últimos años. Las criminales sanciones económicas impuestas por Trump han hundido todavía más la economía y aumentado de forma intolerable el sufrimiento del pueblo venezolano, pero no han conseguido su objetivo de sacar de la presidencia a Nicolás Maduro, imponer a su marioneta, Juan Guaidó, y retomar el control directo de Venezuela.
Tras la salida de Trump de la Casa Blanca, Biden ya ha dejado claro que la ofensiva contra Venezuela continuará. La razón es que dicha ofensiva, como hemos explicado, no obedecía a la voluntad personal de Trump sino a los intereses estratégicos del conjunto de la burguesía estadounidense. La decadencia del imperialismo norteamericano frente a China en la lucha por el control del mercado mundial se expresa de manera especialmente humillante para Washington en América Latina, que los capitalistas estadounidenses siempre han considerado su patio trasero. China ha hecho de Venezuela una de sus cabezas de playa en esta pugna. El apoyo del imperialismo chino y ruso es actualmente, junto al de los militares, el principal sostén de Maduro. Las amenazas, asedio y sanciones norteamericanas continuarán.
El discurso de Maduro en la AN: demagogia obrerista para disfrazar políticas capitalistas
Aunque el gobierno y los dirigentes del PSUV se llenen la boca hablando de socialismo, las políticas que aplican desde hace años no tienen absolutamente nada que ver con un programa de izquierdas, ya no digamos socialista. A finales del año 2020 aprobaron a la carrera, de forma escandalosa y manipuladora, la llamada “ley antibloqueo”. Vendida como la solución a la grave situación económica que viven el pueblo y los trabajadores, se trata de una medida que brinda poderes supraconstitucionales a Maduro para ejecutar negociaciones con empresas privadas nacionales e internacionales sobre recursos del estado, reprivatizar empresas públicas, manejar dos finanzas paralelas y saltarse leyes y obligaciones constitucionales, como rendir cuentas ante la Asamblea Nacional y otros organismos.
El gobierno justifica esta decisión de convertir en secreto de estado las decisiones presidenciales - que desde la aprobación, en 1999, de la Constitución Bolivariana presentada por Chávez debían ser sometidas al control democrático – argumentando la necesidad de burlar las sanciones imperialistas. Pero esto es completamente falso. En un sistema económico mundial donde el comercio internacional está dominado por un puñado de grandes bancos y multinacionales es ridículo afirmar que la “ley antibloqueo” permitirá ocultar al imperialismo estadounidense acuerdos e intercambios comerciales necesarios para el estado venezolano. Cualquier movimiento en ese sentido no solo será descubierto sino utilizado por los propios imperialistas cada vez que les interese en su campaña de acoso mediático y económico, como vemos con el caso Saab[1]
La verdad es que la “ley antibloqueo” solo agravará aún más las tendencias bonapartistas y autoritarias que ya existen en el aparato estatal venezolano, agravando aún más la corrupción. Mientras el pueblo sufre, dirigentes y mafias, tanto civiles como militares, acumulan fortunas gracias al mercado paralelo, beneficiándose de la dolarización, los acuerdos secretos con empresarios y multinacionales y diferentes formas -legales e ilegales- de acumulación de capital que se han ido generalizando durante los últimos años. La retórica “socialista” del gobierno no puede ocultar que esta ley representa un nuevo y gravísimo ataque contra los trabajadores y el pueblo y un regalo para los capitalistas.
Lo mismo ocurre con medidas como la digitalización de la moneda, la eliminación de la liquidez monetaria, aperturas de cuentas en dólares o el reimpulso de la criptomoneda lanzada por el estado venezolano: el Petro. Lejos de beneficiar a los trabajadores, significan impulsar una economía sustentada en la especulación financiera y solo servirán para facilitar el blanqueo de divisas, la corrupción y riqueza ilícita, mientras el aumento de salarios dependerá de la voluntad de los capitalistas, en función de sus beneficios futuros.
Cuando Nicolás Maduro, en su discurso a la Asamblea, afirmaba que “esta es la revolución de la clase obrera” o hablaba de crear “las ciudades comunales”, no hacía más que arrojar arena a los ojos de los trabajadores y los pobres para intentar confundirlos y paralizarlos con el fin de profundizar estas políticas pro capitalistas.
Privatizaciones, precariedad laboral y ofensiva contra la clase obrera
Mientras se habla de “obreros al poder” se sigue señalando a los trabajadores como responsables del desastre causado por los burócratas colocados a dedo por el gobierno en las empresas públicas. Esta táctica ya la emplearon en la Red Pública de Abastos Bicentenarios (RABSA). La burocracia señaló a los trabajadores como responsables de la corrupción, ocultando que los delegados de seguridad y sindicatos clasistas llevaban años denunciando a los burócratas corruptos - individuos estrechamente vinculados a ministros del gobierno – y exigiendo medidas de control obrero para acabar con ellos.
La campaña de mentiras contra los trabajadores de RABSA sirvió al gobierno para justificar la aplicación de medidas contrarias a las ejecutadas por Chávez, quien –a petición de los trabajadores- decidió expropiar las cadenas de hipermercados y supermercados privados Cada y Éxito y crear RABSA, definiéndola en el Plan de la Patria como empresa estatal clave para derrotar la especulación y el desabastecimiento. Así como también defendió que en las empresas públicas: “los que mandan y van a mandar son ustedes, los trabajadores” (21/05/2009, Taller de transformación socialista, ciudad Guayana)
Tal como denunciamos cuando el gobierno de Maduro decidió despedir a 8.000 trabajadores de RABSA, empezando por los que estaban situados más a la izquierda, aquel era el primer paso para privatizar la empresa. Hoy la distribución de alimentos está en manos de empresarios iraníes, rusos, chinos, turcos (y venezolanos) que se están llenando los bolsillos especulando con los precios mientras los trabajadores del sector sufren jornadas laborales extenuantes, sin derechos laborales ni sindicatos. Lo ocurrido en RABSA es lo que vemos cada vez más en otras empresas públicas o que fueron expropiadas por Chávez. O en la propia PDVSA, con la introducción de empresas chinas y rusas y una precarización y retroceso generalizado en salarios y derechos laborales.
Las críticas a la “izquierda trasnochada” por parte de Maduro en su discurso, las medidas represivas contra activistas sindicales y de izquierda o las maniobras antidemocráticas utilizadas en las recientes elecciones legislativas contra la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), frente de izquierdas que defiende las conquistas alcanzadas bajo Chávez y rechaza las políticas capitalistas gubernamentales, apuntan a una nueva vuelta de tuerca de la burocracia en su giro a la derecha y sus ataques contra la clase obrera y el pueblo.
Las comunas y la lucha por un verdadero programa socialista que responda a las necesidades obreras y populares
Como parte de la ya comentada utilización demagógica de lenguaje “socialista” para aplicar medidas capitalistas, el gobierno intenta embarcar a las comunas, surgidas de la organización popular en la época de Chávez, en el debate sobre las llamadas ciudades comunales. Para ello plantea como una de sus tareas apoyar la propiedad capitalista y contribuir a la aplicación de medidas burocráticas para sacar adelante las empresas mediante el sacrificio y renuncia de los trabajadores a la lucha por sus derechos y por un salario digno a cambio de prometer buenos salarios cuando esas empresas se recuperen, como siempre hacen los capitalistas para engañar a los trabajadores.
Cuando Chávez planteó las comunas y habló del “estado comunal”, intentaba responder a la presión y necesidades de las masas y a la evidencia de que el estado y la economía, que seguían siendo capitalistas (y hoy lo son aún más), saboteaban cualquier iniciativa favorable al pueblo. Pero cometió el grave error de pensar que era posible superar al viejo estado capitalista gradualmente, sin resistencia de la burocracia y la boliburguesía que ya empezaba a desarrollarse, incluso basándose en sectores de la burocracia que le rodeaban, en lugar de en la organización y movilización desde abajo de la clase obrera y el pueblo organizado para destruir el estado burgués y levantar un verdadero estado obrero revolucionario basado en la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos, que ninguno cobrase más que un trabajador cualificado y la confiscación de la banca, la tierra y las grandes empresas bajo administración directa de la clase obrera y el conjunto de los oprimidos.
Ahora esa burocracia, cada vez más consolidada y fusionada con la cúpula militar y la burguesía, y que tras la muerte de Chávez se ha ido sintiendo cada vez más segura de sí misma, intenta utilizar el discurso comunal para terminar de vaciar de contenido las comunas y dar un golpe más a la organización y participación popular. Para ello, intenta apoyarse en los sectores más desesperados y desmoralizados del movimiento contra los y las activistas y luchadores y luchadoras más a la izquierda, que seguimos peleando en las comunas, los sindicatos, el movimiento juvenil y vecinal, los barrios, los centros de trabajo y estudio, por una alternativa revolucionaria.
Tras vender a los comuneros y comuneras desde 2017, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria, que se aprobarían leyes dando respuesta a las necesidades y reivindicaciones planteadas por las comunidades que representan, y después de 4 años sin hacer nada, ahora el gobierno plantea a los comuneros y comuneras medidas como crear grupos de trabajadores con salarios diferenciados, nóminas paralelas e intenta involucrarlos en negocios para la venta de servicios públicos.
Esto solo puede romper y descomponer aún más la unidad en la lucha de las masas, ya golpeada por el tremendo colapso económico de los últimos años, y los intereses del conjunto de los oprimidos, enfrentando a unos con otros: facilitando mano de obra barata, en realidad semi-esclava, a los capitalistas, llevando a sectores obreros y populares a cobrar a sus semejantes en la comunidad los servicios públicos en dólares (justificando que es la vía para recuperar económicamente al país y los servicios públicos). El objetivo es consolidar una base social para las medidas capitalistas que enfrente a los sectores obreros que intenten luchar por sus derechos, acusándolos de saboteadores y mostrándolos como responsables de la descomposición social que las políticas de la misma burocracia generan.
Frente a esta situación, desde Izquierda Revolucionaria defendemos que la única alternativa es impulsar una política marxista que unifique en la lucha a todos los revolucionarios y revolucionarias, reconstruyendo la izquierda anticapitalista y el movimiento obrero y popular en las comunidades y los centros de trabajo con un programa que recoja y unifique todas las reivindicaciones y necesidades de cada sector de la clase obrera y del pueblo, de cada comuna, barrio y parroquia. Un programa verdaderamente socialista que plantee la confiscación de la banca, la tierra y las grandes empresas bajo gestión obrera, para planificar democráticamente la economía y dar respuesta a las necesidades del pueblo, donde las direcciones o cargos sean de elegibilidad y revocabilidad inmediata, sometidos a rendir cuentas periódicamente y sus salarios sean iguales al de un trabajador calificado.
Este programa debe ir unido a un plan de acción para levantar un frente unitario de lucha que pueda hacerlo realidad, impulsando comités de lucha y asambleas obreras y populares en cada comuna, barrio y centro de trabajo. Estas son las propuestas que defendemos desde IR también dentro la Alternativa Popular revolucionara (APR). Únete a nosotros para luchar por ellas.
[1] Empresario colombiano que hacia negocios con el gobierno venezolano a través de terceras empresas (“la llamada triangulación comercial”). Implicado en tramas de corrupción tanto con sectores gubernamentales como con la oposición de derechas, fue detenido por EEUU, acusándolo de ser testaferro del propio Maduro y utilizándolo para justificar sus sanciones y ataques contra el estado venezolano
