Los trabajadores y trabajadoras y organizaciones de izquierda debemos convocar una gran Asamblea urgente para organizar la lucha por la estabilidad laboral
Las empresas públicas como las Cementeras, ENATUB (antes SOLTUCA), Batalla Juncal (Helvesa) ambas fábricas de tubos para PDVSA y algunas privadas, están siendo actualmente desmanteladas. La burocracia del gobierno está permitiendo la destrucción de importantes medios de producción, mientras obligan a las y los trabajadores percibir un salario de hambre (0,8$).
Los empresarios en Venezuela desde el año 2002 iniciaron un proceso continuo y permanente de paralización de las industrias y cierres de empresas en contra de las y los trabajadores con el objetivo de derrotar la revolución bolivariana liderada por Chávez. Las y los obreros dieron un salto cualitativo, tomando las empresas cerradas y se organizaron para lograr mejores condiciones de trabajo. En estas batallas se han enfrentado no solo a la burguesía sino también a los sectores de la burocracia del gobierno y sindicaleros que sabotearon y traicionaron todas las iniciativas revolucionarias de control obrero.
A pesar de haber tenido importantes victorias como el rescate de PDVSA en el año 2003, las industrias básicas y expropiaciones de empresas privadas – Sidor, Rasab, Lácteos los Andes, Agropatria, entre otras - asumidas por el gobierno de Chávez, estas fueron posteriormente frustradas por los funcionarios colocados a dedo desde los ministerios, del propio partido de gobierno y de organizaciones reformistas que se dedicaron a corromper y contribuir con la destrucción del aparato productivo del país.
Esta política contrarrevolucionaria y antiobrera se arrecia con más fuerza desde el año 2013 donde el gobierno deja atrás y en el olvido los intentos de desarrollar las industrias nacionales planteadas por Hugo Chávez Frías. En el año 2018 se dan otras medidas del gobierno para aplastar a los trabajadores: la reconversión monetaria – eliminación de cinco ceros al Bolívar – incumplimientos de los contratos colectivos y acabaron con las prestaciones sociales. También se aprobaron leyes para garantizar la propiedad privada, generando impresionantes condiciones favorables a los empresarios de pagar miserables liquidaciones a las y los obreros.
La situación de miseria de las y los trabajadores, así como de las empresas, provocadas por las sanciones imperialistas del gobierno norteamericano junto con el accionar de la burguesía y permitida en el gobierno de Nicolás Maduro ha causado una brutal caída del menos 30 % PIB, llevando a muchos trabajadores (as) a la desmoralización y retiro voluntario del empleo sin cobrar finiquito por liquidación. Otros trabajadores (as) que se mantenían luchando esperanzados de reactivar la fábrica con apoyo del gobierno mediante organismos impulsados por la central de trabajadores (CBST), han visto cómo sus organizaciones de lucha sindical, fueron neutralizadas incluso eliminadas por estos sindicaleros.
Se ha entrado en una fase criminal contra las y los trabajadores y el pueblo. Desde finales del año 2020 se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente la ley anti bloqueo - la cual permite mantener en secreto decisiones del gobierno- con está se desarrolla aceleradamente un fuerte proceso de desmantelamiento de las empresas públicas y algunas privadas abandonadas por los empresarios para derrotar luchas de las y los trabajadores en el país.
Por ejemplo, la burocracia gerencial de la empresa ENATUB, ha permitido que la planta Nª 1, fuera saqueada por completo donde destruyeron 5 máquinas formadoras con capacidad de producir tubos de grandes diámetros para la industria petrolera, el gas y agua, igual a pasado con máquinas de revestimiento de tecnología moderna y el robo de tuberías terminadas. También se encuentran empresas contratistas de PDVSA abandonadas donde se están robando grandes cantidades de tubos para perforaciones marcas “Tenaris y Gran Prideco” valorados en 1000$ cada uno. En la fábrica de cemento ubicada en Pertigalete, localidad de Guanta, Estado Anzoátegui, los trabajadores denuncian el desmantelamiento de un “triturador promario (T-5) con rotor de barras percutoras marca universal Enginiering Corp de capacidad de producción de 1.200 toneladas métricas por horas (tm/h) y un triturador secundario (T-5A), con rotor de martillo percutores marca Williams con capacidad productiva de 800 toneladas métricas por hora (tm/h). Esta es la misma situación que en los últimos días ha hecho pública la fiscalía sobre la corrupción de altos funcionarios en la empresa PDVSA GAS COMUNAL, con robo de cilindros y bombonas de gas doméstico, entre otras fechorías.
Las comunidades y trabajadores están consternados al ver cómo funcionarios de organismos militares, policiales y de inteligencia junto a la delincuencia organizada han tomado control de fábricas dentro de zonas industriales y complejos petroleros para sacar camiones cargados de máquinas, motores, tuberías, vigas y todo tipo de hierro trasladándolas directamente a los puertos marítimos, embarcando en contenedores que están sacando fuera del país, negociados por toneladas de chatarras a sectores del imperialismo chino, dejando fábricas en ruinas. Esto genera inclusive la total perdida de las prestaciones sociales y la antigüedad de los trabajadores al no haber activos de las empresas que cubran las obligaciones establecidas en la ley y constitución.
Las y los trabajadores que han salido al paso planteando estar organizados en Consejos Productivos de Trabajadores exhortan a los dirigentes de la central de trabajadores (CBST) y a los diputados de la actual Asamblea Nacional que cumplan con sus palabras, cuando formaron estos organismos para supuestamente levantar la producción del país. Pero han tenido como respuesta de los burócratas sindicales y políticos, que no hay dinero para pagar liquidaciones, entregan migajas de alimentos pretendiendo calmar la rabia hasta han llegado amenazar con grupos de delincuentes, causan divisiones en el movimiento, aprovechándose de la extrema necesidad que tenemos las y los obreros con nuestros hijos y parejas.
Frente a esta barbarie capitalista, ejecutada bajo el falso discurso socialista de la burocracia del gobierno, desde Izquierda Revolucionaria hacemos un llamado a las organizaciones que se agrupan en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) a dar una respuesta en unidad de acción y plantear a toda la clase obrera del país un plan de lucha para enfrentar con todas nuestras fuerzas está salvaje agresión.
1. En nuestra opinión la primera tarea debe ser organizar asambleas con los trabajadores y trabajadoras en cada una de las empresas para recoger sus reivindicaciones y defender claramente que para hacerlas realidad debemos unificar todas nuestras las luchas a nivel de cada ciudad, región y nacionalmente.
2. En esas asambleas desde la APR debemos defender el mantenimiento del carácter público de esas empresas al mismo tiempo que luchamos por el desarrollo de verdaderos comités y consejos de trabajadores y trabajadoras que exijan que sean la clase obrera y el pueblo, tal como planteó en su día Chávez, quienes gestionemos y dirijamos estas empresas
3. Para ello será necesaria una lucha muy dura contra los burócratas corruptos y capitalistas que hoy tienen el control de estas empresas y que se han enquistado en el aparato del estado. Esta lucha solo se puede dar reconstruyendo un movimiento sindical clasista, asambleario y combativo e impulsando en cada centro de trabajo asambleas y comités para organizar la lucha donde los cargos de dirección sean elegidos y revocables de forma democrática en todo momento y coordinando estos comités con los de otras empresas para convocar acciones conjuntas y organizar asambleas unitarias en cada zona en defensa de nuestros puestos de trabajo y derechos y preparar una asamblea nacional de trabajadores y trabajadoras en lucha.
Junto a la lucha por construir un movimiento de los trabajadores a nivel nacional de estas características desde IR proponemos al resto de compañeras y compañeras de la APR la necesidad de defender un programa que plantee la toma del poder político y económico por parte de la clase obrera y el conjunto de los oprimidos confiscando las empresas estratégicas, la banca y las tierras baldías y colocándolas bajo la administración directa de las y los trabajadores, donde quiénes dirijan o asuman cargos estén sometidos a las elegibilidad y revocabilidad inmediata, con un salario igual al de un trabajador calificado, dispuestos a la rotación de las áreas de trabajo y rendición de cuenta periódicamente en las asambleas generales de trabajadores (as) para así poder volver a reactivar la producción y productivas de las empresas.
Solo con este programa y este plan de lucha podremos poner los cimientos para reconstruir un movimiento obrero y popular fuerte y derrotar a los capitalistas y burócratas.
