Levantemos una izquierda combativa para organizar la lucha por la salud, los salarios y los derechos de los trabajadores y el pueblo
A un año de haberse registrado los primeros infectados por el Covid 19 en Venezuela, los contagios diarios se han elevado un 1.380%, alcanzando este mes de marzo su punto más alto con 1.607 casos, mayormente comunitarios. El número de fallecidos está por encima de las 1.500 personas, considerando las informaciones suministradas por los organismos del estado a pesar de ser limitadas.
Estos datos no son tan altos como los de otros países del continente como Brasil y Colombia, pero en un contexto de colapso económico que se prolonga desde hace más de 5 años, que ha afectado gravemente al gasto en salud y generado un deterioro de las infraestructuras sanitarias públicas, hace que el ambiente que se vive en el país sea de total incertidumbre y preocupación frente a la crisis sanitaria y económica que se agudiza.
Las medidas anunciadas por el gobierno son totalmente insuficientes
Durante todo este año de pandemia hemos visto la llegada al país de algunos insumos básicos como mascarillas, guantes, pruebas rápidas, PCR e incluso, ya durante los últimos meses, de vacunas procedentes de China y Rusia. Pero todas estas medidas han demostrado ser insuficientes. Así mismo se conoció de la llegada de materiales para la apertura de algunos laboratorios y durante los últimos días de marzo que escuchamos del arribo de otros equipos provenientes de China para la atención medica de la población infectada por el Covid-19.
Estas medidas de adquirir los insumos necesarios con cuentagotas unido al método de cuarentenas aplicadas desde el inicio e incluso a la caída de los intercambios económicos que sufre el país desde hace tiempo o los problemas con la gasolina, que limitan la circulación de los ciudadanos, han sido factores que han contribuido a hacer que la escalada de la pandemia durante el último año fuese más lenta que en otros países de nuestro entorno.
Esto fue utilizado de manera escandalosa por el gobierno que en lugar de dar prioridad a las inversiones y medidas necesarias para combatir la pandemia se aferró a sus estadísticas sobre el menor número de contagios que en los países vecinos para ahorrarse gastos, arriesgando de ese modo la vida del pueblo trabajador cuando era evidente, tal como explicábamos en anteriores artículos, que si no se tomaban las medidas necesarias, la extensión del contagio y el incremento de la mortalidad eran cuestión de tiempo. De continuar creciendo el contagio al ritmo de las últimas semanas, el sistema sanitario venezolano (muy golpeado por la crisis económica y los recortes de los últimos años) podría verse amenazado por el mismo colapso que ya han sufrido otros países o incluso peor.
La forma en que se viene tratando el virus no es la más adecuada para enfrentar esta nueva fase tan peligrosa. Si tomamos en cuenta los señalamientos de médicos reconocidos por la OMS como el doctor, Gregorio Sánchez, el cual caracteriza nuestros casos, en que la mayoría de pacientes son asintomáticos – para la fecha están registrado 6.204 – que no demuestran ningún malestar ni desarrollan procesos crónicos, esta condición nos puede colocar en el futuro inmediato ante una grave situación ya que el no tratamiento ni detección a tiempo de esos casos asintomáticos aumenta las posibilidades de contagio. Más aún cuando a 367 días de la propagación del virus solo se ha chequeado el 10% de la población.
A pesar del desastre presente, se puede observar como de cada 200 casos tratados en clínicas privadas se han atendido 2.000 en el sistema público, son muy elevados los costos de atención medica en las clínicas privadas que hasta sectores de clase media han tenido que recurrir a los hospitales de campaña creados por el ministerio de salud. Todo esto podría estar incubando una catástrofe sanitaria en el país. A la fecha ya son más de 300 los médicos fallecidos por Covid-19.
El discurso del gobierno por televisión es muy distinto a lo que vive el pueblo trabajador cuando acude a estos centros médicos. El impacto vivido por muchas de las personas que han acudido a estos y las situaciones que describen parecen cuentos de terror, que han afectado psicológicamente a muchos ciudadanos que prefieren auto medicarse y tratar los síntomas en sus casas, ocultando la enfermedad para poder continuar luchando por sobrevivir en la búsqueda diaria de alimentos o para no perder el empleo. Junto al creciente desempleo, el aumento del trabajo informal se ha disparado a un 40,3% y en los casos de trabajo formal son habituales situaciones como tener que someterse a las amenazas constante de despidos, contratos de trabajo de 1 o máximo 3 meses y tener que laborar en 2 o 3 trabajos para poder superar los salarios de hambre de 0,8$.
Las políticas burocráticas y pro-empresariales agravan los efectos de la pandemia
El 22 de Marzo el gobierno de Nicolás Maduro decretaba nuevamente las medidas de “cuarentena radical flexible con cercos”, después de haber flexibilizado las medidas a partir de octubre del año pasado para el proceso de las elecciones parlamentarias del 6D, sin considerar seriamente que en el mes de agosto se había dado el pico más alto con 1200 contagios. Desde entonces el gobierno ha seguido cediendo a la presión de los empresarios para favorecer el relajamiento de los controles y restricciones anteponiendo sus beneficios a la salud y la vida de los ciudadanos.
No sólo eso: desde la burocracia del estado se han fomentado actividades como el “Plan Carabobo 200” (impulsado por el propio gobierno nacional) con concentraciones masivas incumpliendo las medidas de bioseguridad y protección. Al mismo tiempo que en los actuales momentos no se garantizan chequeos médicos a los ciudadanos que pasan las fronteras y millones de personas siguen sin tener sus necesidades de salud, alimentación y calidad de vida cubiertas.
El doble lenguaje y desprecio por la salud del pueblo por parte de los capitalistas y burócratas ha provocado incluso escándalos publicitados a través de twitter, facebook y otras redes sociales como la autorización de un alcalde del PSUV a dar inicio a los carnavales en pleno ascenso de los contagios por la pandemia, inauguraciones de licorerías en las calles e incluso el matrimonio en el club sirio de Anzoátegui que contó con la participación del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Esta situación está siendo aprovechada por la oligarquía para seguir imponiendo sus objetivos e intereses, empezando por Fedecámaras, la principal asociación de empresarios, que destacó por su oposición criminal y golpista a los gobiernos de Chávez. Estos parásitos explotadores han demandado al gobierno que la flexibilización de las medidas de cuarentena y los derechos laborales de los trabajadores sea aún mayores. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno mientras sigue hablando de revolución y socialismo? ¡Ceder a sus pretensiones!
Esto ha quedado en evidencia con las propuestas presentadas a la Comisión de Economía de la nueva Asamblea Nacional (AN), elegida el pasado 6 de diciembre y en la que el PSUV dispone de mayoría absoluta: de nuevas exenciones fiscales hasta acuerdos mercantiles de carácter especial que solo incrementarán sus beneficios mientras el pueblo sigue luchando por sobrevivir en condiciones precarias.
Como resultado de estas presiones, han obtenido de inmediato la apertura de los vuelos aéreos para pasajeros con prioridad comercial hacia México, Panamá, República Dominicana, Turquía y Bolivia, así como la instalación con preferencia de un laboratorio para el chequeo del Covid-19 en las instalaciones del Aeropuerto de Maiquetía cuando esta y otras necesidades siguen desatendidas para la mayoría de la población y en especial en las zonas obreras y populares.
El fracaso del plan para suavizar el bloqueo estadounidense pactando con la derecha en la AN
En su desespero de demostrar su capacidad de gestionar la crisis del sistema capitalista y buscar alianzas con sectores de la burguesía e incluso con el imperialismo, el gobierno y los diputados del PSUV pactaron con algunos de los nuevos actores políticos de la derecha que entraron en la AN tras las elecciones del 6 de diciembre e intentaron mediante la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, presidida por el dirigente de la derecha Timoteo Zambrano, establecer vínculos con algunos congresistas del Partido Demócrata estadounidense y generar negociaciones secretas. Utilizando las graves condiciones sanitarias que padece el pueblo venezolano pretendían influenciar sobre el gobierno de Biden para arrancar a éste una rebaja de las sanciones y del criminal bloqueo imperialista.
El resultado ha sido un total fracaso: la ratificación del bloqueo comercial y el mantenimiento del apoyo de la Casa Blanca al lacayo golpista Juan Guaidó, a quien sigue reconociendo como su intermediario ante la confrontación política con el gobierno venezolano. Tal como hemos explicado en otros artículos, la ofensiva contra Venezuela no era una apuesta personal de Trump sino del conjunto de la clase dominante estadounidense en su lucha con los imperialistas chinos y rusos (que sostienen al gobierno de Maduro) por el control del continente. Como parte de esta estrategia, Washington mantiene secuestrados millones de dólares procedentes de las exportaciones petroleras que pertenecen al estado venezolano.
Los imperialistas y los gobiernos de derechas en la práctica no les importa la vida y el sufrimiento del pueblo pobre y trabajador a pesar de sus discursos manipuladores y lágrimas de cocodrilo, como demuestra la fuerza e influencia económica del imperialismo sobre los organismos de salud internacionales, el negocio que están haciendo las grandes multinacionales farmacéuticas con nuestras vidas y salud y la desigualdad abismal en el acceso de las vacunas entre los países pobres y ricos.
De los 430 millones de dosis elaboradas, los EEUU han consumido un cuarto y casos como el de Israel ya tiene el 60% de su población vacunada. En cambio, a los países de renta más baja, sometidos al dominio imperialista, ha llegado a penas el 0,1% y además esta cantidad ínfima está siendo administrada por los gobiernos de una forma opaca. En numerosos países se han comenzado a conocer vergonzosamente los privilegios de vacunación principalmente a los altos funcionarios políticos, a los ricos y poderosos, sin dar ningún tipo de información precisa de cuantos trabajadores del sector salud y por centros hospitalarios están siendo vacunados.
Frente a toda esta situación la única alternativa es la organización y la lucha de los trabajadores y el pueblo, empezando por los trabajadores del sector salud. Para ello debemos levantar una alternativa política y sindical clasista unitaria y combativa que nos permita reconstruir nuestras organizaciones sindicales y reorganizar la lucha con un programa de acción claro.
Cada sector de la clase obrera solo no podemos ganar esta batalla luchando separado de los demás. Es necesario crear organismos como comités de acción y lucha en cada barrio, centro de salud, donde participen trabajadores de los diferentes sectores laborales, de la construcción, transporte, amas de casa, petroleros y nuestras comunidades organizadas.
Esta es la tarea que debemos plantearnos las organizaciones sociales de izquierda y en particular la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Es necesario construir una fuerza que acabe con la corrupción, el acoso psicológico, las desmejoras laborales, salariales y reivindicativas. Solo nosotros, el pueblo trabajador, organizados y movilizados podemos garantizar nuestro futuro y un verdadero sistema social de salud público.
Por eso hacemos un llamado a las y los trabajadores a asumir esta organización en todos los sectores de forma independiente de la burocracia. Una de las tareas centrales de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y las organizaciones que la agrupan debe ser impulsar esta iniciativa de emergencia a nivel nacional. Ya la lucha no es tan solo contra la miseria salarial y por la alimentación de nuestra familia. Ahora es también por nuestras vidas ante esta pandemia, los ataques y opresión de los imperialistas y capitalistas y la respuesta de la burocracia del Gobierno.
Debemos unir nuestras fuerzas y extender estas medidas de Organización y lucha, uniéndolas a un programa de gobierno realmente para los trabajadores y el pueblo humilde. En nuestra opinión este programa debe empezar por los siguientes puntos:
1. Contratación y capacitación inmediata de profesionales sanitarios (médicos, enfermeros/as, investigadores, técnicos, personal de apoyo, ambulancia,...) para hacer frente a esta crisis. Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas; refuerzo y ampliación de los CDI, Barrio Adentro y compra de material médico y quirúrgico necesario. Coordinación de los recursos a escala estatal con un plan centralizado, bajo la dirección directa de los trabajadores, en consejos de trabajadores y/o comités de gestión.
2. Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. Formación de comités de personal sanitario, usuarios y delegados sindicales y delegados de prevención de la salud y seguridad laboral en los centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
3. Aprobación urgente de un decreto ley para que el Estado tome el control de toda la red de sanidad privada, de sus recursos humanos, infraestructura y equipos técnicos, para que atiendan de forma gratuita a todos los enfermos de la Covid-19 y cualquier otra enfermedad, garantizando todas las pruebas y los medios para su hospitalización y curación.
4. ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya! ¡Gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar al Covid-19 cualquier otra enfermedad! Ninguna asignación de divisas al negocio de la sanidad privada.
5. Implantación de un monopolio estatal del comercio exterior mediante una empresa gestionada directamente por la población y trabajadores, bajo comités de fábrica elegidos por medios de asamblea generales, sin privilegios y con un salario igual al de un trabajador calificado y que rindan cuenta periódicamente de las compras internacionales, distribución y seguimiento.
6. Ningún despido más en las empresas. Reactivación del aparato productivo. ¡Que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados durante años! ¡Que se devuelva el dinero que se llevaron de la fuga de divisas patronales y bancarios!
7. Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente a la especulación. ¡Basta de que las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales del sector alimentario se hagan ricos a nuestra costa, tanto por las vías legales como ilegales (especulación de precios, desabastecimiento, etc)!
8. Nacionalización de la banca para poner los recursos gigantescos del sector financiero al servicio de las necesidades sanitarias y sociales. Esta es la única forma efectiva de luchar contra el desempleo y la pobreza a la que los responsables de las instituciones económicas internacionales y los Gobiernos a su servicio nos empujan.
9. Debemos prepararnos para impulsar movilizaciones de masas de los trabajadores, la juventud, las comunidades, para defender las reivindicaciones que pueden enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica en nuestro favor.
10. Por la salud, la vida y un salario por encima de la canasta básica.
Hay que acabar con el dominio de la burocracia y los capitalistas y luchar por una democracia obrera donde el estado, los principales bancos, la tierra y las empresas estén en manos de los trabajadores y el pueblo para poder planificar democráticamente la economía y satisfacer las necesidades sociales
¡Solo el pueblo, salva al pueblo!
