26 de agosto.- La Inspectoría del Trabajo de Barcelona notificó y ordenó a MMC Automotriz (Mitsubishi) la reapertura de las instalaciones y el reinicio de las actividades productivas ubicadas en la Zona Industrial de Barcelona, declarando ilegal el paro unilateral adoptado desde el pasado lunes 24, cuando informó al país, a través de comunicados de prensa, la suspensión de labores y, con posterioridad, presentó un pliego de peticiones para modificar las actuales condiciones de trabajo reguladas por la convención colectiva de trabajo cuya vigencia es hasta noviembre de este año.



La mencionada Inspectoría del Trabajo, mediante decisión administrativa adoptada desde el mismo lunes, impuso a la MMC Automotriz la obligación de cancelar los salarios y beneficios laborales causados a favor de los trabajadores y trabajadoras, dado que la suspensión se deriva de una acción unilateral del patrono. La decisión administrativa dictada en protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, resalta la necesidad del cumplimiento de la ley conforme a los procedimientos previstos en materia de conflictos laborales.



La Inspectoría del Trabajo también dio curso a la tramitación del pliego de peticiones presentado por MMC Automotriz, que espera la designación de los representantes de la empresa y del sindicato para iniciar el procedimiento conciliatorio correspondiente y tratar asuntos relacionados con el cumplimiento de las metas de producción acordadas por las partes el pasado mes de marzo, y con la necesidad de que grupos de trabajadores depongan cualquier actitud que implique violencia.



El Ministerio del Trabajo reitera que resulta ilegal la paralización unilateral y compulsiva de la actividad productiva, tanto en el caso de que dichas paralizaciones se realicen por acciones sindicales, como cuando se produzcan bajo la forma de paros patronales, como en esta oportunidad. En dichos casos, cuando se producen conflictos internos en las empresas, las Inspectorías del Trabajo podrán actuar como mediador para contribuir a la solución de los mismos y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, tanto por parte de los patronos como de los trabajadores.