Los trabajadores de la empresa MACUSA protestan en la Inspectoría del Trabajo “Alberto Lovera” de Barcelona, estado Anzoátegui, porque no soportan más la humillación a la cual han sido sometidos por esta burocracia. Durante un largo período de resistencia junto a los dirigentes sindicales más revolucionarios y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado Anzoátegui, los trabajadores vienen planteando propuestas para la reactivación productiva de la empresa, agotando el diálogo.
El patrono se ha robado las ideas de los obreros y conseguido con ellas financiamiento desde el gobierno, incumpliendo al mismo tiempo de manera reiterada los compromisos con los trabajadores, manteniendo la producción de la empresa muy por debajo de su capacidad (en este momento sólo tiene laborando a 20 de los 100 trabajadores de la nómina) y ahora presenta, con la complicidad de la burocracia de la Inspectoría de Trabajo, una solicitud de suspensión de las relaciones laborales por 2 meses que puede dejar a todos estos padres de familias en una situación de bajos recursos, recortes de salarios y penalidades.
Desde el movimiento revolucionario del Estado Anzoátegui exigimos la intervención urgente del Ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, y del Presidente Nicolás Maduro para evitar que esta agresión contra los trabajadores del empresario y un puñado de burócratas, que dicen representar a la revolución, se consuma y sirva para golpear al pueblo revolucionario y debilitar el apoyo al proceso bolivariano.
Después de un año y ocho meses, a pesar de innumerables de veces que los trabajadores de MACUSA exhortaban al Ministerio del Trabajo a pronunciarse en relación al artículo 148 de la LOTTT e instale la mesa institucional integrada con los organismos competentes y determinar si realmente ésta tiene problemas económicos, el viernes 5 de febrero del 2016 se decide introducir un último escrito planteando que de no obtener respuesta administrativa ACCIONARAN CON UN AMPARO CONSTITUCIONAL, consiguiéndose con que el expediente del caso estaba desaparecido.
El día lunes 8 de febrero, de manera sorpresiva, asiste a la empresa el presidente de la CBST-ANZOATEGUI, Juan Salazar, planteándole a los trabajadores instalar una mesa solo con el patrono, sin intervención de las instituciones, proponiendo la posibilidad de producir bragas de trabajo para PDVSA y conseguir por medio de Will Rangel (presidente de la CBST nacional) un contrato más amplio de producción de butacas con la empresa ENCAVA. Los trabajadores respondieron que estaban de acuerdo con la instalación de la mesa en la empresa pero exigeron que estuvieran presentes los organismos competentes.
Trascurridos los quince dias del procedimiento administrativo y a punto de introducir el AMPARO CONSTITUCIONAL, aparece el expediente con un oficio de la empresa solicitando a la Inspectoría la suspensión de las relaciones laborales (ARTICULO 72, LITERAL I) y el Ministerio, después de este largo tiempo, acepta extrañamente la instalación de la mesa con todos los organismos competentes.
A todo esto se le suma que la actual asesora legal de la empresa, Ruth Garcias, es una exfuncionaria de la sala de conciliación y conflicto del Ministerio, la cual trabajó hasta diciembre del año pasado, y durante todo este tiempo frenó las acciones legales de los trabajadores.
La intención del patrono es liquidarlos a todos los trabajadores, como ellos mismos denuncian, pues la suspensión de las relaciones laborales ha sido una de sus peticiones durante todo este tiempo. Su objetivo es acabar con la organización de los trabajadores, no garantizar debidamente las prestaciones sociales y dentro de varios meses reactivar labores con otro personal y unas relaciones laborales fraudulentas. Los trabajadores consideran que se trata de un complot respaldado por la burocracia en contra de la revolución y de la clase trabajadora.
Los trabajadores mantienen estar dispuestos a reactivar la producción, reafirmando las propuestas presentadas en diferentes ocasiones a diversas instituciones del Estado, a la Gobernación del Estado Anzoátegui. A través de diferentes reuniones sostenidas con los dirigentes sindicales de la CBST Carlos Itriago y Juan Salazar se les han dado a concer dichas propuestas sobre la diversificación de la producción de la empresa, elaborando forros para asientos, tapicerías para todo tipo de vehículos, manufactura de bolsos escolares, deportivos, casuales de demás según la necesidad, entre otras muchas propuestas.
También exigen garantías laborales; que en cualquier reunión que se produzca entre instituciones del Estado, como la Inspectoría de Trabajo, o dirigentes sindicales con el patrón, estén presentes delegados obreros elegidos por la asamblea de trabajadores y que el contenido de la misma sea informado de manera íntegra, transparente e inmediata al conjunto de los trabajadores. Esto a fin de que cualquier propuesta que se discuta, tales como creación de una posible empresa mixta, cambio de titularidad de la empresa u otro condiciones mercantiles, nuevas ayudas por parte del Estado, etc., sean sometidas a la aprobación de los trabajadores y estén bajo su control. Por último, consideran que el Gobierno debe hacer respetar desde ya los derechos constitucionales como la convención colectiva, la organización sindical, mejoramiento salarial, prestaciones y estabilidad laboral. Ningún acuerdo al que se llegue para hacer frente a la difícil situación que vive MACUSA y garantizar el futuro de la empresa puede suponer desmejorar algún beneficio, salarios, derechos adquiridos ni, por supuesto, la reducción de la plantilla.
Para evitar que se continué con las desviaciones o posible hechos de corrupción de los préstamos o divisas otorgadas, los trabajadores plantean la necesidad imperante de tener el poder de elegir y revocar a cualquier funcionario que asuma la dirección administrativa de la empresa, los cuales tendrán un salario igual al de un trabajador de producción con mayor clasificación, quedando también sometidos a rotación de cargo y rendición de cuentas cuando lo solicite la asamblea de trabajadores, y la planificación productiva de la empresa se debe llevar a cabo junto con un consejo de trabajadores para ser aprobada posteriormente por todos los trabajadores en asamblea general.
Los trabajadores consideran como un deber de la CBST el estar apoyándolos en esta lucha y llaman una vez más a los dirigentes de la misma en el estado Anzoátegui, Carlos Itriago y Juan Salazar, a que se coloquen al frente, defendiendo las reivindicaciones exigidas. También plantean que ningún dirigente sindical o de las centrales debe reunirse con la patronal a espaldas de los trabajadores. Todo aquel dirigente que tenga que representar a los trabajadores debe ser electo, rotado y rendir cuentas ante la asamblea de trabajadores. Para ello, deben entregar de inmediato un informe de todas la conversaciones sostenidas con el patrón y las instituciones.
Para finalizar, los trabajadores le recuerdan a los dirigentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca, y a todos los funcionarios que designe el Gobierno Bolivariano para intervenir en este caso, que interpreten bien los mensajes dejados por el comandante Chávez, quien hacía un llamado directo de confianza a la clase obrera, rechazó siempre la toma de decisiones a espaldas y en contra de la voluntad de los trabajadores, y se oponía a cualquier medida que suponga cargar la crísis sobre los hombros de los trabajadores y llegar a acuerdos con los empresarios a espaldas y en contra de los intereses de la clase obrera.
