Todo el poder político y económico a los trabajadores!
El pasado febrero, la oposición contrarrevolucionaria y sus bandas fascistas dieron un nuevo paso adelante en su campaña permanente para aplastar la revolución. Decepcionados y sorprendidos por la victoria chavista en las elecciones de diciembre, desataron una rabiosa ofensiva contra las masas obreras y populares, asesinando vilmente y atacando edificaciones públicas.
Desde los medios de comunicación de la burguesía venezolana y mundial se intenta presentar “el mundo al revés”: a las bandas fascistas que se dedican a asesinar, atacar y destruir como “estudiantes que protestan y son represaliados”; al gobierno democráticamente elegido y las masas que lo apoyamos como un “régimen represivo y dictatorial”. Los medios presentan a los contrarrevolucionarios como “estudiantes” pero ocultan que pertenecen a una minoría que estudia en universidades privadas de lujo o en universidades públicas que tradicionalmente —como ocurre en todo el mundo— filtraban el acceso a los sectores populares. Los fascistas han llegado a atacar centros educativos y de trabajo que identifican con el proceso revolucionario (UBV, creada bajo el gobierno de Chávez para ampliar el acceso a la educación superior de los hijos de los trabajadores; UNEFA, Universidad pública que desde 2004 ha incrementado su matrícula de 5.000 a 150.000 estudiantes; Abastos Bicentenario, donde llegaron a disparar cohetes contra la parada donde los trabajadores esperaban el transporte, etc.).
El plan desestabilizador se ha cumplido sistemáticamente comenzando con un golpe económico a través del desabastecimiento. A un año de la partida del comandante Hugo Chávez, se sigue demostrando que el principal enemigo de la revolución es el capitalismo. Los empresarios del país siempre han sido unos parásitos y sanguijuelas que han desangrando la economía venezolana impidiendo su desarrollo. Pero, desde el inicio de la revolución, han utilizado su poder sobre la industria privada para sabotear la producción. Han declarado una huelga de inversión (el año pasado la Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la inversión en nuevas instalaciones y maquinaria, cayó un 14,4%) y la utilización de la capacidad productiva instalada está entre un 42 y 52%, es decir mientras el país tiene problemas de desabastecimiento de algunos productos los empresarios podrían duplicar la producción pero no les interesa, para seguir especulando y provocar necesidades en el pueblo. No hay más que fijarse en los ingresos por exportaciones de la economía venezolana para comprobar que son unos parásitos: mientras los recursos provenientes del petróleo suponen la práctica totalidad de las divisas que entran en el país (92.233 millones de dólares, el 96% de los ingresos estatales en el año 2012), los capitalistas solo aportan un miserable 3%, una conducta histórica que ahora aplican con más fuerza contra el gobierno bolivariano, para acabar con el proyecto socialista.
Los empresarios asisten a las conferencias de paz para chantajear al gobierno. ¡Ninguna concesión a la burguesía!
La burguesía viene combinando diferentes métodos y tácticas de lucha contrarrevolucionaria, y su principal arma, sin duda la más efectiva, es seguir conservando la propiedad de los medios de producción. Su control de la gran mayoría de los bancos y empresas del país les permite seguir provocando el desabastecimiento de la población, las constantes subidas de precios, etc., con el objetivo de minar la moral de las masas que apoyamos la revolución, desgastar el apoyo social e intentar radicalizar hacia la derecha a quienes, decepcionados, han empezado a escuchar la demagogia de la oposición.
Por esto recordemos y reflexionemos sobre el legado del propio comandante Chávez cuando nos advirtió en multitud de ocasiones: “el capitalismo a la venezolana es uno de los más voraces del mundo’ ’
El gobierno no puede aceptar más este chantaje. El diálogo con los contrarrevolucionarios no es una solución, sino una trampa en la que la revolución siempre pierde. Si el gobierno se mantiene firme y rechaza todas las reclamaciones contrarias a los intereses del pueblo, será acusado por los medios de comunicación burgueses de ser una dictadura. Si, por el contrario, acepta en la Conferencia de Paz los objetivos que plantearon en sus 12 puntos los empresarios liderados por Lorenzo Mendoza y vuelve a concederles dólares y subidas de precios, los contrarrevolucionarios verán debilidad y exigirán todavía más. Y, aún peor, si permite a los empresarios más libertad de flexibilización en los derechos laborales, esto significará un golpe duro a los niveles de vida y a la moral revolucionaria de los trabajadores y el pueblo.
El diálogo no puede resolver el desabastecimiento y las subidas de precios, ya que estos problemas hunden sus raíces en el carácter parásito y contrarrevolucionario de la burguesía venezolana. Sólo acabando con el capitalismo acabaremos con los problemas económicos que amenazan el futuro de la revolución.
¡Nacionalizar la banca y las empresas fundamentales bajo administración directa de los trabajadores!
La solución al problema del desabastecimiento está en la clase obrera. Somos los trabajadores los que hacemos funcionar las fábricas y los grandes mercados de abastecimiento, sabemos además dónde, cómo y cuándo se producen las acciones de saboteo de los empresarios. Somos nosotros, con el pueblo, los que tenemos que arrancar de las manos de la contrarrevolución el poder económico expropiando los bancos, los grandes grupos alimentarios como la Polar y todas las industrias importantes.
Todos estos años de revolución nos han enseñando que no es suficiente con expropiar y nacionalizar, hay que poner el conjunto de la economía y del estado bajo la administración directa de los propios trabajadores y el pueblo para acabar con el burocratismo y la corrupción. La industria y el estado deben ser dirigidas por delegados elegidos y revocables en asambleas de fábricas y de barrios. Ningún delegado ni funcionario puede cobrar más que el salario de un trabajador calificado, para representar al pueblo hay que vivir como el pueblo. Todos estos representantes deben rendir cuentas de manera permanente ante las asambleas y podrán ser revocados y sustituidos por otros en cualquier momento si incumplen el mandato de quienes los eligieron.
Paralelamente, es urgente decretar el monopolio estatal del comercio exterior. En Venezuela, el Estado ya tiene casi el 100% de las divisas en su poder, porque el 97% de las exportaciones procede de PDVSA. Pero en la medida que la burguesía sigue controlando las palancas fundamentales de la economía, pueden boicotear el control de cambios. La política del gobierno de conceder esas divisas a precio preferencial a los empresarios es utilizada por éstos para especular con los precios y en el mercado paralelo. El único modo de garantizar la distribución de productos a un precio digno es poner la renta petrolera bajo el control y la gestión directa de los trabajadores, algo que sólo será posible derrocando al capitalismo y estableciendo un Estado obrero y socialista.
¡Ni un dólar más a los capitalistas!
¡Acabemos con la burocracia y la corrupción!
¡Toda la confianza en los trabajadores, campesinos y pueblo revolucionario!
¡Luchemos por la real construcción del socialismo!