En el caso de que se consumara la OPA y se fusionaran las dos empresas estaríamos hablando de la tercera empresa energética del mundo con una cifra de negocio conjunta de 24.000 millones de euros y con 30 millones de clientes, en la práctica, el monopolio de la electricidad y el gas.
Las reacciones de distintos sectores de la burguesía no se han hecho esperar. Manuel Pizarro, presidente de Endesa, después de varias ruedas de prensa en las que insistió —pobre de él— en los ataques que estaba recibiendo y en su disposición a resistir hasta el final, por supuesto para defender la libre competencia, se acordó de que tiene trabajadores y de que es necesario realizar inversiones para garantizar un buen suministro de electricidad. Así, en el colmo del cinismo, está recorriendo los centros de trabajo y convocando a los trabajadores; indudablemente, no para comunicarles una subida de salario, ni la reducción de jornada, sino para plantear frases como “esta OPA la vamos a ganar” o “nunca seré un empleado de La Caixa”.
En cuanto al tema de las inversiones es totalmente insultante que precisamente ahora anuncie unas inversiones de 4.500 millones de euros, cifra que no tiene precedentes desde que absorbió Sevillana hace seis años, y que contrasta con otros dos datos: el primero, antes de la OPA las inversiones previstas para el periodo 2004/08 eran de mil millones y, el segundo, la Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 2,1 millones de euros a Endesa por los apagones registrados entre febrero de 2004 y junio de 2005, que afectaron a más de 305.000 abonados y que estuvieron motivados, fundamentalmente, por la falta de inversiones de la compañía.
El otro actor, Gas Natural, que al igual que Endesa ha obtenido una parte de sus millonarios beneficios comprando empresas a precio de saldo (aprovechándose del proceso de privatizaciones en América Latina en la década de los noventa) tiene como socio mayoritario a La Caixa con un 35,50%. La política de esta entidad está siendo concentrar su actividad en empresas del sector energético y de infraestructuras, como Repsol, Albertis, Agbar... y desprenderse de las participaciones industriales de las que, en un año, ha vendido por valor de 3.000 millones de euros. Esta política basada en obtener beneficios a costa de la especulación inmobiliaria, del crédito hipotecario (que supone una pesadilla permanente durante décadas para millones de familias trabajadoras), unido a la participación en empresas de servicios básicos, que suben continuamente, como agua, electricidad y gas es lo que ha hecho posible que La Caixa obtuviera el año pasado unos beneficios de más de mil millones de euros.
Relacionado con esta OPA se ha producido también la compra del 22% de Unión Fenosa por ACS al Banco de Santander, lo que ha supuesto para el Banco un beneficio de 1.160 millones de euros de un día para otro.
Los trabajadores tenemos bastante que desear
¡Qué escándalo! y después nos dicen que no hay dinero para subir las pensiones, para una educación pública de más calidad, etc. Es interesante establecer algunas comparaciones con, por ejemplo, el dinero destinado en los presupuestos que ha presentado el gobierno para 2006 en algunos capítulos. La dotación para vivienda asciende a 1.058,97 euros. El monto en educación asciende a 1.888,15 euros, en los capítulos destinados a becas, gratuidad y otros gastos. Ante estos datos es totalmente inaceptable la posición que ha tomado el gobierno planteando que se trata de una operación empresarial y que, por lo tanto, no se tiene que intervenir. Igualmente inaceptable es la posición de las direcciones de CCOO y UGT de Endesa en Catalunya, expresando su neutralidad y añadiendo que “defenderán la compañía velando por los empleados y por sus condiciones laborales, y que quien mande lo decidirán los accionistas”.
Si realmente se quiere defender a los trabajadores ¿cómo se puede afirmar que los trabajadores tienen que ser neutrales? Toda la experiencia de fusiones de estas características ha conllevado pérdida de puestos de trabajo y empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, unido a un incremento de los beneficios de los empresarios que, por supuesto, no mantienen ninguna neutralidad en la explotación de los trabajadores. Según publicó Cinco Días (6/09/05) la “nueva empresa prevé ahorros de costes a partir de 2008, gracias a la integración de plataformas comerciales, call-centers y facturación y se espera reducir 85 millones en gastos corporativos”. Se puede decir más alto pero no más claro: esto significa pérdidas de puestos de trabajo.
Lo que deberían haber hecho las direcciones sindicales es manifestar su más rotunda oposición a esta operación y organizar movilizaciones de los trabajadores de las empresas afectadas, haciendo un llamamiento al conjunto de los trabajadores denunciando los auténticos objetivos de las direcciones de ambas empresas (que no persiguen más que incrementar sus beneficios a costa de suministrar bienes básicos a precios abusivos) y exigir al gobierno que nacionalice ambas empresas sin indemnización y bajo control de los trabajadores.
