Los pasados 15 y 16 de mayo Chile celebró las elecciones a la Convención Constitucional (CC), encargada de redactar la nueva constitución que sustituirá a la impuesta por la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Esta constitución se ha mantenido durante 30 largos años, después de que en 1990, de forma vergonzosa, los dirigentes de la izquierda reformista pactasen con la derecha pinochetista la llamada “transición democrática”. La elección de constituyentes coincidía con la de  alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Los resultados han significado un auténtico terremoto político.

Contundente vuelco a la izquierda

Las fuerzas que han sustentado el sistema durante las últimas tres décadas han sufrido un varapalo sin precedentes.

Vamos por Chile —coalición de partidos de la derecha pinochetista que apoyan al presidente Piñera con el abiertamente ultraderechista Partido Republicano— ha obtenido 1,2 millones de votos, el 21,24% y 37 de los 155 escaños. El peor resultado del pinochetismo desde el fin de la dictadura. Por su parte, la “Lista del Apruebo”, es decir la Concertación —coalición del Partido Socialista con la Democracia Cristiana, PPD y otros—, que durante décadas ha actuado como la “cara amable” del sistema, también ha sido duramente castigada: 25 escaños, 14,7% y apenas 824.800 votos.

El rechazo al sistema se expresa en el apoyo masivo a las opciones vistas como más a la izquierda, que obtienen en conjunto más de 2 millones de papeletas.

La lista “Apruebo Dignidad” —Partido Comunista de Chile y Frente Amplio— logra 28 escaños, el 18,5% y 1,1 millones de votos, superando por primera vez a la Concertación. Pero la gran sorpresa ha sido la “Lista del Pueblo”, integrada por candidaturas impulsadas por colectivos obreros y populares, asambleas y cabildos surgidos durante la insurrección de masas de octubre y noviembre de 2019, colectivos feministas y LGTBI... Ha obtenido un apoyo espectacular: 941.400 papeletas, 15,1% y 26 escaños, superando también a la Concertación.

Sumando ambas opciones y otros constituyentes independientes de izquierda, las fuerzas identificadas por las masas como anticapitalistas o críticas con el sistema representan la principal fuerza de la Convención, rondando los 60 escaños y un 35% de los sufragios emitidos. 

Este giro a la izquierda se expresa también en las regionales y municipales. La derecha solo gana en 2 de 16 regiones, y sus candidatos deberán enfrentarse en segunda vuelta a los de la Concertación. En varias ciudades y municipios clave la victoria es para los candidatos considerados más de izquierda, destacando Santiago, la capital, que concentra casi el 50% de la población del país y por primera vez en 30 años tendrá una alcaldesa del PCCh y vinculada al movimiento feminista.

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Pero la gran sorpresa ha sido la “Lista del Pueblo”, integrada por candidaturas impulsadas por colectivos obreros y populares, asambleas y cabildos surgidos durante la insurrección de masas de octubre y noviembre de 2019

Este resultado es enormemente significativo no solo porque el frente electoral siempre es más desfavorable para la izquierda, sino debido a que la clase dominante ha recurrido a todo tipo de maniobras para impedir su avance: aplazamientos electorales, dificultades para que la población más pobre accediese a muchos centros de votación, marginación total en los medios de comunicación de las candidaturas presentadas por asambleas y movimientos de base, inversión millonaria de recursos apoyando la campaña de los partidos del régimen...

Pese a todo, millones de jóvenes, trabajadores y campesinos han utilizado la convocatoria electoral,  para mostrar, una vez más, su rechazo no solo a los recortes, represión y corrupción del Gobierno derechista de Piñera, sino a todo el régimen capitalista chileno que, presentado durante años como modelo de crecimiento y estabilidad, ha hecho del país uno de los más desiguales del mundo. Según un estudio de la OCDE de 2015, el 10% más rico de la población acumulaba 27 veces más riqueza que el 10% más pobre (la media OCDE es de 9,6). Ya entonces suponía la mayor brecha social en 30 años. La crisis económica y la pandemia han agravado aún más esta situación.

Aumenta la desconfianza hacia el proceso constituyente

El voto masivo a las candidaturas independientes impulsadas desde abajo también refleja que centenares de miles de jóvenes y trabajadores desconfían del proceso constituyente y exigen a los dirigentes de la izquierda recuperar cuanto antes la movilización. Kevin, un joven trabajador de 22 años, participante en las manifestaciones de 2019, lo resumía así este sentimiento: “Desconfío bastante del proceso, que fue un acuerdo de la clase política para la clase política. De todas formas voy a votar, porque a pesar de que me da desconfianza, quiero aprovechar la mínima herramienta que tengo, que es votar, para tratar de cambiar las cosas y que no estén siempre los mismos” (El País, 15/05/2021).

Efectivamente, la convocatoria de la Convención Constitucional fue una maniobra de la clase dominante para frenar la movilización en las calles, en un contexto en el que las protestas contra la subida del billete de metro y la brutal represión policial desatada por Piñera desataron una insurrección de masas y un movimiento revolucionario que podía haber derribado el poder de los capitalistas y establecido un Gobierno de los trabajadores. Sin embargo, los dirigentes del PS dieron su apoyo total a esta maniobra firmando con la derecha el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”. Los del PCCh, la mayoría de fuerzas del Frente Amplio y la CUT (principal central sindical), aunque criticaron dicho acuerdo, en la práctica acabaron aceptándolo, desmovilizando a las masas y descarrilando el movimiento hacia el parlamentarismo burgués.

A día de hoy, más de 600 participantes en el levantamiento de 2019 siguen encarcelados, la represión es cotidiana y el Gobierno sigue aplicando medidas contra el empleo o, la última de  impedir la retirada de parte de las pensiones de los fondos privados controlados por la banca. Los ataques continúan, pero no hay respuesta en la calle por parte de los dirigentes de la izquierda. El descontento y la desconfianza se incrementan aún más. A ello se suma que la burguesía chilena, para asegurarse el control de la Constituyente, introdujo en el acuerdo firmado la obligación de que cualquier decisión de la CC solo sería válida si era votada por dos tercios de los constituyentes.

Aunque la candidatura pinochetista ha sufrido un duro golpe al no conseguir siquiera el tercio necesario para bloquear las medidas favorables a los trabajadores en la CC, uniendo sus votos a varios constituyentes independientes de derechas sí dispondrán de ese derecho a veto. Además, en votaciones clave la oligarquía podrá contar también con los votos de la Democracia Cristiana y otros sectores derechistas de la Concertación e incluso con los dirigentes socialdemócratas del PS, que han dado sobradas muestras durante los últimos años, tanto desde la oposición como cuando han sido Gobierno, de estar dispuestos a frenar cualquier iniciativa que cuestione decisivamente los intereses de la clase dominante.

Por un frente único de la izquierda combativa con un programa socialista y un plan para conquistar el poder 

La desconfianza hacia el proceso constituyente también se ha reflejado en una caída de diez puntos en la participación respecto al plebiscito de octubre de 2020. Entonces el “apruebo” a una nueva Constitución ganó con el 80% de apoyo y una participación del 50,1%, que en muchas zonas obreras y populares superó el 60 e incluso 65%. Ahora la participación retrocede al 41%, siendo precisamente estas zonas las que experimentan una caída más acusada.

Esta erosión de las ilusiones en el proceso constituyente es una oportunidad pero también una advertencia para la izquierda. El descontento con una Convención Constituyente bloqueada por los partidos burgueses y que no resolverá ningún problema de las masas, aumentará exponencialmente.

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La erosión de las ilusiones en el proceso constituyente es una oportunidad pero también una advertencia para la izquierda

La clave está en que ese descontento encuentre una alternativa por la izquierda que recupere la movilización en las calles y un plan de lucha para tomar el poder, reimpulsando las asambleas y cabildos abiertos, unificándolos en una asamblea del poder obrero y popular y presentando un programa para transformar la sociedad. Por el momento, los dirigentes del PCCh, FA y CUT siguen planteando que todo debe pasar por el proceso constituyente y el parlamento burgués. Esta estrategia solo puede llevar, antes o después, a una trágica derrota.

La estrategia de la burguesía chilena tiene como eje central la utilización del proceso constituyente para ganar tiempo y modificar la correlación de fuerzas a su favor. Para ello utilizarán todas las armas a su alcance: bloqueo de la CC, sabotaje a los gobiernos municipales ganados por la izquierda, represión contra la izquierda más combativa combinada con llamamientos a la negociación y el diálogo, utilizando a los dirigentes del PS y a los sectores más reformistas del FA y PCCh para frenar y desmoralizar a las masas.

Su objetivo inmediato es impedir una victoria de la izquierda en las presidenciales del próximo noviembre. Pero incluso si el profundo rechazo al sistema se tradujese en una victoria de la izquierda en las presidenciales, la burguesía chilena y el imperialismo estadounidense emplearán todo su poder económico y el control del aparato del Estado —como ya hicieron con el gobierno de Salvador Allende durante la revolución de 1970/73— para sabotear cualquier medida favorable a los oprimidos, desmoralizar a las masas y pasar a la ofensiva en cuanto puedan, aplastando y reprimiendo brutalmente sus aspiraciones revolucionarias. 

El único camino, en Chile, Colombia, Perú y el resto de América latina es basarse en la impresionante fuerza e instinto de clase que están mostrando las masas para plantear una verdadera transformación socialista de la sociedad, movilizando y organizando toda esa fuerza con un programa genuinamente socialista que plantee la expropiación de los bancos, las empresas fundamentales y la tierra, y las ponga bajo la dirección de los trabajadores para planificar democráticamente la economía y satisfacer las necesidades sociales. Junto a ello, es imprescindible impulsar, extender y unificar embriones de poder obrero y popular como las asambleas, cabildos, etc., que se conviertan en la base de un genuino estado obrero revolucionario que sustituya al estado forjado por los capitalistas.

La victoria de la revolución en cualquier país de América Latina con un programa en estas líneas, y en un contexto como el actual, se contagiaría de manera vertiginosa al resto y se convertiría en punto de referencia e inspiración para los oprimidos de todo el mundo.


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