El coronavirus está dejando récords trágicos en Brasil. El gigante sudamericano ya suma 17 millones de contagiados y 474.000 fallecidos, siendo el tercer país del mundo más golpeado por la pandemia. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Brasil alcanzará las 940.000 muertes a finales de septiembre.
Con cerca de 40.000 nuevos casos diarios, el colapso en los hospitales brasileños continúa siendo alarmante. Una encuesta realizada en mayo por SindHosp —el Sindicato de Hospitales, Clínicas y Laboratorios de São Paulo— apunta que las UCI de la ciudad registran todavía una ocupación del 78,5%. En marzo, en al menos 12 de las 50 ciudades con más de 500.000 habitantes (entre las que se encuentran Río de Janeiro, Porto Alegre o Natal) se registraron más muertes que nacimientos por primera vez en décadas. Al mismo tiempo, la campaña de vacunación avanza a un ritmo pírrico: sólo el 10% de la población ha recibido las dosis prescritas.
Una gestión criminal
La responsabilidad de Bolsonaro y su Gobierno en esta catástrofe es evidente. Alentando un discurso negacionista de la pandemia y sin tomar medidas para frenar el avance del virus, este reaccionario ha provocado una verdadera hecatombe social.
La tasa de desempleo oficial en Brasil ha cerrado el primer trimestre de 2021 en un 14,7% —la cifra más alta desde 2012—, además hay más de 35 millones de trabajadores informales. El 44% de los brasileños ha dejado de comer carne durante la pandemia porque no puede pagarla. 125 millones de una población de 211, sufren inseguridad alimentaria y el índice de pobreza se ha triplicado desde el año pasado: un 12,3% de la población es pobre y 20 millones están en situación extrema de hambre. Todos estos datos son los que explican que Brasil haya vuelto a aparecer en el informe del Mapa del Hambre de las Naciones Unidas, tras abandonarlo en 2014.
La renta básica que tuvo que aprobar el Gobierno (600 reales al mes durante sólo tres meses) para destensar la presión y la crítica hacia Bolsonaro, ha sido una limosna ridícula e impotente. Mientras tanto, un puñado de oligarcas (el 5% de la población) acumula el 45% de la riqueza nacional y en el ranking mundial de multimillonarios de la lista Forbes 2021 se encuentran 30 brasileños.
A la catástrofe social y sanitaria, se suma la económica. La recesión está siendo histórica. En 2020 Brasil sufrió una caída del 4,1 de su PIB, un nivel nunca visto desde la brutal crisis de la década de los 90 (-4,35%), y el PIB per cápita se ha desplomado un 24,7% respecto a 2019.
La inflación interanual se ha acelerado hasta el 6,76% en abril y la tasa de devaluación del real brasileño sigue profundizándose —un 10,2% negativo en 2020, la moneda que más se ha depreciado tan sólo por detrás de Sudán, Libia y Venezuela—, provocando un encarecimiento drástico de las condiciones de vida de la clase obrera.
Fracturas en el Gobierno y divisiones en la clase dominante
La política clasista defendida por Bolsonaro de “la gente muere, así es la vida” —como el propio presidente afirmó—, de absoluto desprecio a la salud de la población y de preservar los beneficios de la plutocracia brasileña a toda costa, ha provocado un derrumbe de su popularidad. Su último escándalo: Brasil albergará la Copa América 2021 a pesar de vivir uno de los peores brotes del virus del mundo. Según la última encuesta de Datafolha, su apoyo ha caído del 30 al 24% entre marzo y mayo de 2021. Además, más de la mitad de los brasileños apoyaría que el Congreso abra un juicio político para destituir al presidente por su gestión de la pandemia.
La actual situación ha provocado una fuerte crisis institucional, que está afectando al propio bolsonarismo y al aparato del Estado. A finales de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, abandonaba su posición en el Gobierno y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, presentaba su renuncia. Un día más tarde, se confirmaba también la destitución de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas —los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea—. Los choques entre Bolsonaro y los militares, que han sido uno de los pilares fundamentales del Gobierno —de los actuales 22 ministros, nueve son militares retirados— es un reflejo más de la profundidad de la crisis política que sacude Brasil.
Este torbellino de dimisiones y escisiones internas —así como las tensiones que introduce el ascenso de China en la escena mundial[1]—, está poniendo aún más de relieve las divisiones existentes en el seno de la clase dominante brasileña. La burguesía lucha por mantener el control de la situación y cuando los elementos en los que se han basado para hacerlo están seriamente cuestionados y ya no sirven, buscan otras vías para mantener su dominación de clase.
De esta manera, la gran burguesía y la oligarquía tradicional que en 2018 se situó detrás de Bolsonaro, ha dirigido una carta al Parlamento firmada por 1.500 banqueros y empresarios —entre ellos expresidentes del Banco Central y miembros del Consejo de Administración de banco Itaú, el mayor privado de Brasil— exigiendo una adecuada gestión gubernamental para detener el deterioro de la economía y salud brasileña. “El país tiene prisa; el país quiere seriedad con lo público; el país está cansado de ideas fuera de lugar, palabras inconsecuentes, acciones equivocadas o tardías. Brasil exige respeto”.
Es evidente que un sector cada vez más amplio de la clase capitalista percibe que cuanto más permanezca Bolsonaro en el Gobierno, más riesgo existe que estalle una rebelión social que podría ir mucho más allá de exigir un cambio presidencial, especialmente tras la crudeza con la que ha golpeado la pandemia a la población.
Por eso están acelerando una nueva estrategia para tratar de frenar el descontento y el avance de la lucha de clases en el país. Una estrategia con nombre, apellidos y una fecha marcada en el calendario: Luiz Inácio Lula da Silva y las elecciones generales de 2022.
Lula 2022, la colaboración de clases y la bancarrota de la izquierda reformista
A mediados de abril, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó la decisión de anular las condenas dictadas en primera instancia contra Lula, quien ya ha recuperado todos sus derechos políticos. Desde ese momento, y tras anunciar que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de 2022 frente a Jair Bolsonaro, Lula ha iniciado una ronda de reuniones con las formaciones de la derecha, la izquierda y algunos sindicatos para sumar apoyos a su candidatura.
El líder del PT no ha dudado en “dialogar con todos”, incluso con los tres principales partidos que apoyaron el impeachment a Dilma Rousseff en 2016: José Sarney del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Rodrigo Maia, del partido Demócratas (DEM) y con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien fue responsable de la fuerte ofensiva neoliberal y la privatización de numerosas empresas estatales durante los años 90.
Que la burguesía está más que satisfecha con el encuentro entre Lula y Cardoso es evidente. En primer lugar, la clase dominante está echando mano de la dirección del lulismo que tanto les ha permitido enriquecerse —en sus doce años de Gobierno, el PT renunció a medidas socialistas, aplicó recortes y políticas en beneficio de los grandes monopolios y no dudó en pactar con la derecha— y, en segundo lugar, porque aseguran a un hombre de confianza como Cardoso en esta “alternativa democrática”.
Lo verdaderamente desastroso es que este Frente Popular cuente con la cobertura de los dirigentes de la CUT y el PSOL. “Nuestras diferencias son mucho menores que nuestro deber histórico de derrotar a Bolsonaro. (…) Es el momento de dialogar y construir consensos (…) Felicitaciones a Lula y Cardoso por el gesto de grandeza y responsabilidad con el país”, escribió Marcelo Freixo, dirigente y diputado del PSOL. De esta manera, mostrando toda su disposición a someterse a la política de la burguesía y de Lula en este momento crítico, los dirigentes del PSOL vuelven a repetir como un mantra la misma política de colaboración de clases que abrió las puertas a Temer y Bolsonaro. Destierran la consigna de la Huelga General, desprecian la lucha de clases para barrer al Gobierno derechista y se adaptan a las maniobras institucionales que mas le conviene al sistema, como el impeachment.
La dirección del PSOL se limita a aplaudir que el Partido de los Trabajadores gire abiertamente hacia la derecha sin ruborizarse. ¡Esta ceguera política sólo conduce al desastre! Deberían hacer todo lo contrario: señalar que de la mano de la derecha y los representantes de la burguesía las condiciones de vida de la población continuarán degradándose, defender un programa de independencia de clase y levantar una alternativa que rompa con la lógica del capitalismo y preparar el derrocamiento de Bolsonaro a través de la acción de las masas, haciendo un llamamiento también a los activistas del PT y la CUT para ganarlos a esta política.
Aunque falta más de un año y no hay nada cerrado, todas las encuestas ya están señalando que Lula podría ganar las elecciones. Según Datafolha, en la primera vuelta el petista obtendría un 41% frente al 23% de Bolsonaro y en la segunda vuelta un 52% y un 32%, respectivamente.
El voto a Lula y la posible derrota de Bolsonaro sería percibida por millones como un triunfo. Pero las cosas son muy diferentes a 2003. Lula no tiene ni la credibilidad de sus primeros gobiernos ni podrá beneficiarse de un boom económico. Al contrario, tendrá que gestionar una crisis salvaje. Así mismo, la clase obrera y la juventud no han olvidado qué significaron los mandatos petistas y la frustración que generaron. En estos últimos años, la conciencia ha dado un gigantesco salto.
El puño de la clase obrera se vuelve a levantar
El pasado 29 de mayo se celebraron movilizaciones masivas contra el presidente bajo la consigna “Fuera Bolsonaro genocida”. A pesar de los llamamientos de dirigentes del PT, y lamentablemente también del PSOL, a no participar por la situación sanitaria y hacer “actos simbólicos”, los oprimidos y oprimidas de Brasil protagonizaron las protestas más multitudinarias desde el movimiento Ele Nao de 2018. Las manifestaciones de centenares de miles en las principales ciudades del país fueron un grito de guerra contra este criminal y su gestión de la pandemia.
A pesar de que durante la pandemia ha habido huelgas importantes, como la de los riders o la del metro de Sao Paulo, estas manifestaciones del 29M marcan un punto de inflexión y suben de forma extraordinaria la temperatura de la lucha de clases en el país.
Hay que continuar por este camino. Las ganas de luchar existen y la determinación de las masas para tumbar a Bolsonaro están más que probadas. La clase obrera brasileña, los jornaleros del campo, la juventud, los pobres de las favelas han expresado su rabia, ahora se trata de organizarla poniendo en marcha un plan de lucha consecuente que pase por la convocatoria urgente de una huelga general en todo el país y con manifestaciones en las calles, la creación de comités de lucha en las ciudades, los centros de trabajo y estudio, y defender un frente único de las fuerzas que constituyen la izquierda sindical y política combativa.
Ningún impeachment podrá conseguir ni la mitad de todo lo que las masas pueden arrancar mediante su acción directa en las calles. Hay que romper con el cáncer de la colaboración de clases, y luchar por un Gobierno de los trabajadores con un programa socialista.
[1] China se ha convertido en el primer socio comercial del gigante latinoamericano y los vínculos con el país asiático, respecto a inversiones y exportaciones, se está profundizando. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno Bolsonaro es abiertamente proestadounidense y hace gala de su “anticomunismo”. Esta contradicción amenaza a la estrategia económica de un sector del gran capital brasileño y sus beneficios.
