En mayo de 2006 hay elecciones presidenciales en Colombia y Uribe no tiene asegurada su victoria. Recientemente, hemos sido espectadores de la campaña hipócrita de la prensa burguesa, que ha querido deslegitimar la undécima victoria electoral del chavismo por considerar que un 75% del electorado se abstuvo, pero hay que recordar que Uribe gano las elecciones presidenciales con un 80% de abstención, en un país donde el voto es obligatorio y no voluntario como en Venezuela.

9 de cada 10 asesinatos de sindicalistas que ocurren en el mundo se producen en Colombia, con un 100% de impunidad. Según cálculos de la Central Unitaria de Trabajadores (principal sindicato de Colombia) desde la llegada de Uribe al poder unos 170 sindicalistas han sido asesinados impunemente. A estas atrocidades hay que sumar las continuas desapariciones, amenazas, torturas, secuestros y despidos de destacados sindicalistas de izquierda. En el año 2002 hubo 1.974 desaparecidos, en el 2003 fueron 4.800 civiles los arrestados falsamente acusados de rebelión civil y mas tarde han tenido que ser puestos en libertad por falta de pruebas. Se calcula que durante el gobierno de Pastrana había unos 360 sindicalistas amenazados de muerte, ahora con Uribe la cifra supera los 670. Todo vale a la oligarquía colombiana para facilitar las privatizaciones, reducir el tiempo en la negociación de los convenios e impedir las huelgas. Según la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) Colombia es el país más peligroso del mundo para un sindicalista. Según un sondeo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más del 70% de los residentes de Bogotá se sienten inseguros. Entre mayo de 2003 y abril de 2004, 90 sindicalistas han sido asesinados y 8 han sufrido atentados. En el año 2004, 5 dirigentes sindicales desaparecieron, 6 fueron secuestrados, 20 fueron detenidos y 92 fueron obligados a abandonar su ciudad. Según la organización perseguida Fundación Comité de Solidaridad con los Presos de Colombia, hay más de 7.000 presos políticos en Colombia y el 60% de las detenciones políticas no tienen nada que ver con la guerrilla.

Durante los cuatro primeros meses de 2005 han asesinado a 16 sindicalistas, 123 fueron amenazados de muerte, dos sufrieron atentados y más de 40 fueron detenidos o secuestrados.

El ejército y la policía cómplices de los paramilitares

Los derechos laborales en Colombia están absolutamente pisoteados, en el año 2003, de los 112 paros que hubo, 11 fueron declarados ilegales y en los 10 primeros meses de 2004, de 30 huelgas que hubo, 27 fueron declaradas ilegales o incluso terroristas

Pero la represión desgraciadamente no solo afecta a sindicalistas, también afecta a periodistas, profesores o defensores de los derechos humanos. Desde 1993, 650 profesores han sido asesinados. Según la Federación Colombiana de Educadores, 191 profesores han sido asesinados entre el año 2000 y 2003. En Colombia si eres alguien que lucha por mejorar las condiciones de vida, tu vida corre peligro cada minuto, en cualquier momento puedes ser asesinado por grupos paramilitares de extrema derecha. Desde diciembre de 2003 casi 2.000 personas han sido asesinadas por grupos paramilitares. Según cálculos de una ONG colombiana, los paramilitares asesinaron a 1.899 personas durante el proceso de paz de Uribe con la guerrilla. Pero los paramilitares no son grupos separados del estado, sus métodos no son exclusividad suya, el ejército y la policía también utiliza todo tipo de métodos represivos, prueba de ello es que el 5 de agosto de 2004, el ejército acribilló por la espalda a balazos a 3 dirigentes sindicales desarmados en la región de Arauca. Los autores del asesinato están libres ya que la acción no fue considerada delito.

Existe complicidad entre el estado y los grupos de extrema derecha. Sino como se explica que de los casi 4.000 sindicalistas asesinados en los últimos 15 años, sólo 5 hayan desembocado en condenas judiciales. Existen denuncias de que el gobierno gasta millones en pagar a personas para que hagan de falsos testigos y acusen sin pruebas a líderes sindicales de ser terroristas. Hay informes de la ONU que hablan de decenas de grupos paramilitares que operan conjuntamente con el ejército y la policía para asesinar a sindicalistas.

En los últimos meses se está llevando a cabo una negociación entre los grupos paramilitares de extrema derecha y el gobierno de Uribe, uno de estos grupos paramilitares, el Bloque Norte de las Autodefensas, torturó y asesinó a 22 campesinos el pasado 4 y 5 de diciembre con armas de fuego en el municipio de Curumami, además se llevaron todo el ganado y objetos de valor de los campesinos, ninguna autoridad judicial o policial hasta el momento se ha molestado en investigar o identificar a los cadáveres o a los propios asesinos, este es un claro ejemplo de cómo el aparato de estado colombiano es cómplice o en el mejor de los casos extremadamente pasivo frente a la violencia de la ultraderecha. Es mas, el pasado abril el propio ministro de comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero, justificó el uso de la tortura en una entrevista que concedió al diario El Colombiano.

Cada día salen a la luz numerosas listas negras de sindicalistas marcados como objetivos para ser asesinados. En octubre de 2004 salió a la luz el escándalo de la Operación Dragón: una lista de 85 lideres políticos y sindicales de izquierda a los que habían planeado asesinar los servicios secretos colombianos y los paramilitares.

Cada dos días muere un colombiano de hambre

Es normal que haya líderes sindicales y políticos que luchen por una vida mejor en un país en el que según la ONU, 2.5 millones de niños trabajan en condiciones salvajes y cada dos días muere un colombiano de hambre. Colombia es un país con una desigualad tremenda, el 0.4% de los colombianos (15.273 personas) posee el 61.2% de la tierra de Colombia, 114 millones de hectáreas, mientras que 3.5 millones de personas poseen el 24.2%.

Conociendo el carácter terrorista del estado colombiano uno se pregunta: ¿Qué hace EEUU, la UE, la comunidad internacional ante todo esto? La respuesta es simple: apoyar al gobierno de Uribe y culpar de la violencia a “grupos narcoterroristas de extrema izquierda”. EEUU, durante los últimos coletazos de la administración Clinton, se inventó el plan Colombia y la guerra contra las drogas y el narcotráfico. EEUU ha suministrado más de 4.000 millones de dólares al gobierno colombiano en los últimos 5 años. En teoría, el gobierno estadounidense gasta una cantidad ingente de esfuerzos en erradicar la droga del continente americano y a ello va todo el esfuerzo y la ayuda a Colombia, pero la realidad demuestra que esto no es así. EEUU, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, intensifica su poder económico en Colombia y defiende con todo tipo de métodos los intereses de sus multinacionales. La política de la administración Bush son los fumigaciones masivas de los campos colombianos para erradicar la coca, pero las cosas son más complejas de lo que parecen. Las fumigaciones no acaban con la coca, los campesinos al no tener otra alternativa para sobrevivir, intentan volver a sembrar coca en los campos fumigados. Por otra parte, las fumigaciones masivas son un negocio muy jugoso para las empresas norteamericanas que se dedican a ciertos productos químicos, es el caso de Monsato, una multinacional americana que se hizo de oro en Vietnam vendiendo cantidades incalculables de sustancias toxicas y que ahora esta ganando mucho dinero el Colombia. Monsato es la mayor productora de Glisofato (el veneno más vendido en el mundo), que es el producto que se utiliza en las fumigaciones y que Colombia compra sin cesar a esa empresa. EEUU y sobre todo Colombia gasta millones de dólares en glisofato, además de aviones y helicópteros, que van a parar a empresas estadounidenses. Pero no hay que olvidar que el glisofato no sólo erradica la coca, también acaba con todo lo que se encuentre, se calcula que por cada hectárea de coca fumigada, se fumigan 4 hectáreas de selva, lo que provoca la muerte de árboles, cultivos animales (208 especies anfibias están en peligro de extinción por las fumigaciones en zonas colombianas) y también a personas. El glisofato afecta a las plantaciones de comida, pastizales y fuentes de agua. Según estudios de la Acción Ecológica de Ecuador, el 100% de la población que vive ubicada a 5 km de las zonas fumigadas se han visto afectadas por fiebres, cefaleas, diarreas y otras enfermedades. Un estudio de un médico llamado Adolfo Maldonado, revela que 47 mujeres estudiadas que habían estado cerca de las fumigaciones presentaban lesiones genéticas en un 36% de sus células.

Los campos fumigados son literalmente destruidos y desaparece toda posible actividad de vida, los campesinos se arruinan, no sólo se destrozan los cultivos de coca, sino también todo tipo de cultivos legales, no pueden cultivar nada salvo semillas transgenicas de Monsato, que son las únicas que resisten el gisolfato, su otro posible medio de vida es la ganadería, pero los animales mueren sin remedio en las granjas debida a las intoxicaciones. Esta demostrado que las fumigaciones causan graves infecciones respiratorias y cutáneas, especialmente en niños. Aún con todas las masivas fumigaciones, el 80% de la cocaína se sigue produciendo en Colombia, una de las razones se encuentra en que hay una variedad de coca que resiste al glisofato y este dato es públicamente conocido desde 1996, pero se sigue utilizando masivamente por la gran cantidad de dinero que hay en juego. La revista colombiano Gatopardo publicó recientemente un artículo en el que decía: “parece que los millones y millones de dólares que invierte EEUU en las fumigaciones de la selva colombiana sólo sirven para despoblar de maleza los cultivos de los varones de la droga”. Pero la embajada americana en Colombia continúa justificando no cambiar de herbicida diciendo que a día de hoy: “las fumigaciones son efectivas en un 99%”. En realidad a veces se utilizan otros herbicidas como el Fusarium y Roundup (que también resisten a la coca) pero que en territorio de EEUU están prohibidos por el gobierno ya que destruye las cosechas y toda la zona de paliación.

Colombia importa tantos herbicidas a EEUU que ya no sabe ni donde arrojarlos, el pasado mes de septiembre, habitantes en la frontera con Ecuador se quejaron de que fueron arrojaron herbicidas en sus aldeas, destrozando así sus cultivos. En septiembre cientos de familias campesinas se manifestaron en Cantagallo por las terribles consecuencias que tienen las fumigaciones, ya que muchos de ellos están afectados por enfermedades que derivan de los herbicidas, un campesino en la manifestación comentaba “Se fumiga, además de la coca, los cultivos de alimentos, los pastos para el ganado, las selvas, los cuerpos de agua y los acueductos berreadles”.

Hay muchas conexiones entre altos funcionarios colombianos y el tráfico de drogas, hace meses el ministro de defensa colombiano visitó en una cárcel a una traficante de heroína inscribiéndose como cónyuge. Hay varias empresas norteamericanas de armas y seguridad que invierten en Colombia y que están acusadas de tráfico de drogas. La revista colombiana Semana publicó hace meses un artículo donde decía que: “Los gringos que fumigan en el Plan Colombia son una banda de Rambos sin ley que incluso se han visto involucradas en un escándalo de trafico de drogas”. La administración Bush presenta su actuación contra la cocaína como un éxito, pero es completamente falso, de las mas de 800 toneladas que se producen, solo se incautan 170, además, en Colombia se produce la cocaína, pero nada se dice de los laboratorios localizados en EEUU donde se prepara y corta la coca para sacarla a las calles. Además, el negocio de la cocaína se esta extendiendo a niveles desconocidos hasta ahora, desde hace año y medio, entre los paramilitares, narcos y comerciantes se pagan sus deudas directamente en cocaína, lo que provoca una escalada de ajustes de cuentas, deudas, crímenes, etc.

Una vez más el petróleo

Una vez visto esto, está claro que todo el dinero y personal estadounidense destinado a Colombia no va a combatir el narcotráfico como nos intenta vender la administración Bush. Según revelaba The New York Times en octubre de 2004, el propósito del envío de personal estadounidense a Colombia era “establecer las condiciones de seguridad en las regiones potencialmente ricas en petróleo”. Y así es, últimamente la presencia militar en Putumayo se ha incrementado, dado que es el centro de una zona con mucho petróleo, militares de EEUU junto con el ejercito colombiano vigilan las explotaciones de la empresa Argory Energy Internacional, con sede en Houston, que tienen por allí cerca de 15 pozos de petróleo.

Las empresas norteamericanas ganan mucho dinero en Colombia, Uribe ha autorizado en varias ocasiones a Exxomobil y Chevron Texaco a que aumenten su presencia en Colombia. Los generales y las empresas estadounidenses realizan operaciones militares a diario al igual que la policía o el ejército colombiano. EEUU reconoce que tiene 500 militares en Colombia. Pero la ayuda no sólo proviene del ejército norteamericano, el equipo de ciclismo profesional CSC (Computer Sciences Corp) es una transnacional vinculada con las fuerzas de seguridad de EEUU, sobre todo desde que en marzo de 2003 CSC adquiriera la DynCorp, una compañía militar estadounidense que está ganando mucho dinero en Iraq.

Desde 1993, CSC realiza operaciones militares en Colombia bajo control del Departamento de Estado. Antes estas operaciones estaban un poco ensombrecidas, pero desde la aprobación del Plan Colombia estas actividades son totalmente legales. No sólo empresas norteamericanas de seguridad y militares ganan dinero, también las israelíes, en 1987 la empresa israelí de seguridad Spearhead Utd, fue contratada por narcos, empresarios y terratenientes (que suelen ser la misma persona) para entrenar a paramilitares en cuarteles militares y en territorios de la Texas Petroleum. Esta empresa ha dirigido masacres de campesinos, incluso llegaron a asesinar a tres candidatos de izquierda a la presidencia (Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaravillo y Carlos Pizarro). Por supuesto Israel siempre se niega a extraditar a los mercenarios de esta empresa.

En todo este tipo de atrocidades para ganar dinero consiste en Plan Colombia y el nuevo “Plan patriota”. Por eso, compañías petroleras, militares y de seguridad invirtieron millones de dólares para forzar la aprobación del Plan Colombia en el Congreso. De los 1.300 millones de dólares iniciales destinado al Plan Colombia, el gobierno se gastó en menos que canta un gallo 1.130, buena parte de este dinero fue a parar a empresas norteamericanas, de hecho, la primera inversión fue comprar al Pentágono un avión espía RC-7 que costó 30 millones de dólares, ya que el otro avión de esas características que tenía Colombia se estrelló en la frontera con Ecuador realizando tareas de espionaje contra las FARC, el saldo fue 5 militares estadounidenses muertos.

Muchas empresas de armas y seguridad ganan mucho dinero en Colombia: Manteh, TRW, Matcom, Alian, Lockeheed, sin olvidar a East Inc (empresa vinculada en los años 80 a la venta ilegal de armas a Irán en el escándalo Irangate). Muchas de estas empresas están acusadas de tráfico de drogas. Texaco y la británica Systems Und colaboran con el ejército entrenando a militares, contratando a la impresa israelí Silver Shadow para adquirir armamento. El 13 de diciembre de 1998, helicópteros bombardearon cerca de la frontera venezolana matando a 18 campesinos, esta acción militar fue ordenada por 3 mercenarios de la Occidental Petroleum, pero EEUU siempre se ha negado a extraditarles, sabiendo que incluso uno de ellos es militar activo del ejercito norteamericano. Todo este tipo de escándalos obligaron a firmar un acuerdo entre EEUU y Colombia en septiembre de 2003 en el que la administración Bush se compromete a no enviar ciudadanos suyos a Colombia que hayan sido juzgados ante la corte internacional sin el permiso del gobierno norteamericano.

Uno de los numerosos escándalos del gobierno de Uribe es que el gobierno colombiano sobornó con 1.5 millones de dólares a funcionarios venezolanos para que secuestraran en Venezuela al líder de las FARC Rodrigo Granda. Uribe dijo que esa acción “es un instrumento legitimo de los estados” El embajador de EEUU en Bogotá, William Word, defendió esta acción. Nos podríamos imaginar que pasaría si una acción de este tipo fuese llevada a cabo por el gobierno de Cuba o Venezuela, el escándalo lo tendríamos hasta en la sopa. El gobierno de Uribe ha concedido la extradición a EEUU de 300 personas, pero niega la extradición a Venezuela del líder golpista Pedro Carmona, líder del golpe de estado en Venezuela, que vive lleno de lujo en Bogotá y planeando todo tipo de acciones conspirativas contra Venezuela. Chávez, el 17 de diciembre, dijo que: “Sabemos que hay gente que viaja a Bogotá para conspirar, entre ellos militares retirados golpistas, civiles y hasta algún representante de la iglesia”. Ese mismo día Chávez aseguró que su gobierno tiene pruebas contundentes de que en esas reuniones conspirativas participan altos funcionarios del gobierno de Uribe.

Ante las elecciones de 2006 se intensifican los asesinatos a dirigentes de la izquierda

La derecha colombiana se está preparando con todos los medios a su alcance para la reelección de Uribe en las elecciones de mayo de 2006. Esta campaña se está preparando a base de asesinatos. Los grupos paramilitares como el Bloque Central Bolívar (promotor de la reelección de Uribe) están perpetrando asesinatos contra dirigentes del Partido Comunista y del Polo Democrático independiente (PDI). En noviembre pasado fueron asesinados Jorge Cala y Rafael Pérez, concejales de PDI en Barracabermeja. Grupos de paramilitares de Vicente Castaño (conocido líder paramilitar, aliado de Uribe) están acusados de asesinar a líderes de la izquierda locales, como Gilberto Velez, Cielo Pérez y Anselmo Piraquive. Otro grupo paramilitar, las Águilas Negras, se dedica en varios municipios a asesinar a líderes izquierdistas y obligan a la población a punta de pistola para recoger firmas en apoyo de Uribe, además inundan los barrios de panfletos en los que se amenaza de muerte a candidatos para las elecciones de mayo.

Estos grupos también se dedican a amenazar de muerte a abogados o jueces que realizan acciones legales a favor de los sindicalistas encarcelados. En diciembre fue asesinado el ex senador Jaime Lozada, por su oposición a los criterios de Uribe. En octubre fue detenido Miguel Alberto Fernandez Orozco, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), aunque la presión popular obligó a que las autoridades colombianas lo liberaran recientemente. Hace pocos meses fue asesinado el sindicalista colombiano Luciano Romero Molina, sindicalista que tras sufrir varias amenazas de muerte tuvo que huir de su país, había sido despedido por la multinacional Nestle durante una huelga, después fue acogido en octubre de 2004 por el programa asturiano de derechos humanos, hasta abril de 2005 que regreso a Colombia, pero el 10 de septiembre fue sacado del taxi en el que viajaba, después fue torturado y asesinado, los autores del crimen son los mismos de siempre: bandas paramilitares que actúan con total impunidad y complicidad del gobierno.

Pero no solo se persiguen a sindicalistas, en septiembre la policía entró por la fuerza en la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, para neutralizar a grupos de estudiantes que están realizando una investigación sobre la educación publica en Colombia, el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil de Antidisturbios fue feroz, Jhonny Silva Aranguren, un estudiante, murió de un disparo en la nuca, además hubo multitud de heridos y detenidos.

Impunidad de los asesinos

Los paramilitares no están cumpliendo el cese de hostilidades acordado con el gobierno, y para colmo Uribe aprueba la famosa “ley de justicia y paz” que no garantiza que los paramilitares sean castigados y no asume la responsabilidad del aparato del Estado en la formación y ayuda a estos grupos, la propia oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos dice que “la ley ofrece generosos beneficios judiciales a quienes hayan cometido graves crímenes”. Según esta ley, los paramilitares podrán ejercer cargos públicos y responsabilidades de gobierno aunque hayan sido acusados o juzgados de matanzas o cualquier acto delictivo, además las tierras que han ocupado arrebatándoselas a familias campesinas indefensas, sólo serán devueltas a su antiguo dueño si el “antiguo paramilitar” quiere hacerlo de forma voluntaria. Para que un paramilitar pueda beneficiarse de esta ley, sólo tiene que confesar sus crímenes, después si existe alguna imputación contra él, ésta desaparece. El gobierno quiere lavar la imagen de esta ley diciendo que “si un paramilitar se niega a colaborar y a acogerse a los beneficios de esta ley, tendrá que responder ante la justicia colombiana”.

Simplemente es escandaloso, mientras se habla de ofrecer beneficios a los paramilitares, miles de personas son amenazadas, encarceladas, detenidas o asesinadas, y la represión no sólo afecta a los colombianos, por ejemplo, el sacerdote español nacido en Valladolid, Ricardo Lorenzo Cantalapiedra está detenido, acusado de rebelión y de colaborar con las FARC por dos concejales que a la vez son conocidos paramilitares, pero la realidad es que ha sido detenido por denunciar ante un fiscal la detención injustificada de 18 personas en el municipio donde residía. El mismo día que se aprobó la ley de justicia y paz fueron abiertas 73 fosas comunes con decenas cadáveres, victimas de la violencia paramilitar, en el Estado de Sucre. Aun así Uribe insiste en que a los paramilitares no hay que juzgarlos, sino “mantenerlos ocupados”, por eso impulsa que entren a formar parte de empresas de vigilancia privada, Como la empresa Convivir, son organizaciones supervisadas por mandos militares e impulsadas por el ex presidente Ernesto Samper. Estas organizaciones tuvieron que ser prohibidas por que suponía una legalización de los grupos paramilitares, pero ahora vuelven, por lo que la vigilancia privada en Colombia se está convirtiendo (aún más que antes) en un negocio que genera beneficios multimillonarios a las empresas, en parte debido a los míseros 140 dólares que cobran los trabajadores de seguridad privada colombianos por 70 horas de jornada laboral semanal. El sindicato de Vigilantes Únicos, consiguió en 1982 tras años de lucha, que estas organizaciones tuvieran limites legales y control y supervisión, pero con la nueva ley de Uribe, todo empieza a ser peor que antes.

Esta es la trágica situación de la realidad colombiana, mientras la izquierda está asediada, la comunidad internacional alaba al presidente Uribe, uno de los mas significativos ejemplos de la actitud hipócrita de la burguesía y el imperialismo.