Las decisiones adoptadas en la reunión de la Convención Nacional Democrática del pasado 16 de septiembre han supuesto un claro desafío a la legalidad burguesa. Como era de esperar, la clase dominante de México y sus aliados en el mundo han reaccionado con un virulento ataque contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El diario El País en su editorial del 18 de septiembre no podía ocultar su rabia: “La conducta del candidato izquierdista en las elecciones presidenciales mexicanas ha pasado del esperpento a la amenaza real para las instituciones políticas de México (…) El comportamiento de López Obrador está en línea con las tentaciones bien recientes de cambios constitucionales y reformas legales en algunos países latinoamericanos, como Venezuela y Bolivia, orientados a perpetuar o ampliar las presidencias actuales sin pasar por las urnas. Son la excrescencia de actitudes caudillistas o de simple desprecio a las reglas más elementales que deben respetar todos los partidos democráticos”.

Por su parte, el corresponsal en el DF del diario El País, Francesc Relea escribe en su crónica del mismo día: “Las voces radicales se han impuesto a las más templadas”, y continúa: “La Convención Nacional Democrática (CND), que el sábado congregó a varios cientos de miles de personas en el Zócalo de Ciudad de México, dio el pistoletazo de salida a una estrategia insurreccional (...) López Obrador logró el sábado dos objetivos: reagrupó fuerzas después de 47 días de protesta en la calle en los que hizo mella el cansancio entre sus seguidores y dio un salto en su lucha (…) El perdedor en las elecciones comprobó que su poder de convocatoria sigue intacto”.

En estas líneas publicadas por el órgano periodístico más importante del capital español, se aprecia el pavor que han provocado estos últimos acontecimientos entre los círculos dirigentes. De hecho, en las semanas anteriores la línea editorial de El País insistía machaconamente en el declive del movimiento y el aislamiento político de López Obrador. Ahora tienen que reconocer que mentían descaradamente.

El discurso de AMLO

“No acepto que la imposición me convierta en el dirigente de la oposición nacional. No, por eso acepto el cargo de presidente de México”. Estas fueron las primeras palabras de AMLO ante más de un millón de personas que aguantaron estoicamente el aguacero que cayó por más de una hora sobre el DF.

En su discurso advirtió a los hombres del viejo régimen: “Tenemos derecho a la esperanza y no aceptamos el fraude como destino de nuestro pueblo”. Más tarde denunció lo que en la práctica significará el gobierno de Calderón: “¿Acaso creen que el pelele que impusieron les va a significar normalidad y tranquilidad política? ¿Creen acaso que, ahora sí, nada les impedirá quedarse con el gas, la industria eléctrica y el petróleo? ¿Creen acaso que seguirán haciendo sus negocios con toda impunidad, al amparo del poder público; que seguirán sobajando al pueblo de México? ¡Se equivocan! ¡No pasarán!”.

AMLO subrayó que no aceptará que haya millones de niños desnutridos y enfermos, que se quite el derecho al estudio de los jóvenes, ni las campañas contra la educación pública, la violación de los derechos de las mujeres o la discriminación por motivos religiosos, étnicos o sexuales. También declaró con rotundidad: “No aceptamos que la mayoría de los ancianos del país vivan en el abandono y después de una vida de trabajo reciban una bicoca de pensión”. En su discurso denunció que millones de mexicanos se vean obligados a emigrar a los EEUU y reiteró su rechazo a que en 2008 entre en vigor la cláusula del TLC que permite la entrada libre de maíz y frijol.

López Obrador fue elegido presidente a mano alzada por parte de una masa enardecida y entusiasta. La afirmación que había hecho días antes cuando mandó a las instituciones “al diablo” no desanimó a nadie. Al contrario, ese lenguaje claro y directo conectó con las aspiraciones de millones de oprimidos de todo el país.

La decisión de organizar un gobierno alternativo que tendrá sede en la capital de México y se traslade por todo el país, también supone un claro desafío al orden burgués. En realidad para la gran mayoría de mexicanos este será el gobierno legítimo, mientras que Calderón tendrá enormes dificultades para poder imponer las decisiones que apruebe su desacreditado ejecutivo.

La CND también adoptó un plan de acción que se inició el 27 de septiembre, con una jornada nacional contra la privatización de los recursos energéticos, por la disminución de las tarifas eléctricas y en defensa de la industria estatal; continuará del 2 al 12 de octubre, con una jornada contra la usurpación, en defensa de la educación pública laica, las libertades democráticas y la no discriminación, y se cerrará el primero de diciembre, cuando se “concentrará toda la energía del movimiento” para impedir que Calderón asuma la presidencia ante el Congreso. El 20 de noviembre en el Zócalo, AMLO tomará posesión de su cargo presidencial.

La reacción de la burguesía mexicana no se ha hecho esperar. La dirección panista ha vuelto a emplazar a AMLO para que rectifique y se sume “al diálogo”, al tiempo que están preparándose para aplicar su política de ajuste salvaje y privatización de las empresas públicas. Un sector de la burguesía mexicana está contemplando el uso de la represión, especialmente para terminar con la situación de doble poder que se desarrolla en el estado de Oaxaca. Pero una solución de este tipo podría provocar una respuesta más radical por parte del movimiento, profundizando aún más la polarización y la movilización de millones de trabajadores y campesinos en todo el país.

La salida a la crisis revolucionaria es la lucha por el poder socialista

En la edición de La Jornada del lunes 18 de septiembre, Octavio Rodríguez Araujo firma un artículo titulado Doble Poder. En él se describe el momento que atraviesa el país: “La situación no es inédita en la historia de México, pero las analogías no explican nada, sólo ilustran. Estamos en presencia de un doble poder potencial, gracias a la torpeza y a la necedad de quienes encabezan las instituciones de la República. Si las campañas electorales y la elección misma hubieran obedecido a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no estaríamos viviendo la situación de crisis (y esperanza) del momento. El doble poder es resultado de la miopía de quienes actuaron por analogía y no con parámetros de realidad. (...) El doble poder, que finalmente se resolverá con la derrota de uno de los dos, es resultado, por un lado, del desprecio al pueblo, y por otro lado de un pueblo y un líder que dijeron ‘no a la imposición’”.

En efecto, en México hay una situación de doble poder. Y el desarrollo dramático de estos acontecimientos ha sido acelerado por la decisión estratégica de la burguesía mexicana y el imperialismo de lanzarse a tumba abierta por el camino del fraude electoral. Marx lo señaló hace más de ciento cincuenta años en una brillante frase: “la revolución a veces necesita del látigo de la contrarrevolución”. La clase dominante cometió un grave error cuando intentó desaforar a López Obrador y ahora han cometido otro mayor, pensando que con el fraude conjuraban la amenaza de un gobierno que no estuviera bajo su control directo.

La Convención Nacional Democrática ha puesto de relieve que López Obrador tiene todo a su favor para tomar realmente el poder. Pero para que la situación de doble poder se desarrolle a favor de los trabajadores, hay que adoptar medidas claras y acciones contundentes.

Frente al movimiento de masas, un sector de la dirección del PRD ha impulsado la formación de un Frente Amplio Nacional Progresista, para que los diputados del PRD y del Partido del Trabajo (PT) tomen la iniciativa y encaucen la dinámica del proceso por las tranquilas aguas del parlamentarismo burgués. Este sector, encabezado por Camacho Solís, ha reivindicado los “Pactos de la Moncloa”, que se dieron en el Estado español en 1977, como el modelo a aplicar en México. De llevarse a cabo, esta estrategia sería una trampa mortal para el proletariado y el campesinado de México. Estos pactos sólo sirvieron para atar de pies y manos al movimiento obrero del Estado español, desmovilizarlo y engancharlo al carro de la burguesía en un momento de auge revolucionario. Gracias a ellos, la burguesía española pudo retomar el control de la situación y asegurar su posición dominante en la sociedad.

La alternativa tampoco pasa por una “Asamblea Constituyente” para “refundar” la República mexicana y defender la “democracia”. Esta posición, tan común en la izquierda latinoamericana, pasa por alto la propia dinámica de la revolución. Mientras el capitalismo siga existiendo, mientras las palancas fundamentales del poder económico sigan estando en manos de una minoría parasitaria de terratenientes, banqueros, grandes multimillonarios y sus aliados de los consorcios imperialistas, en última instancia cualquier parlamento no será más que un instrumento en manos de esta oligarquía.

Todo el movimiento revolucionario ha planteado en los hechos la cuestión más importante: ¡No hay salida bajo el capitalismo! La única oportunidad para acabar de una vez por todas con la pesadilla que vive la mayoría de la población de México es luchar por el derrocamiento de la burguesía, de sus instituciones y su Estado, es decir, por la transformación socialista de la sociedad. No es con una política de colaboración de clases ni con parlamentos burgueses, ocultos tras la fachada de “Asamblea constituyente”, como se resolverán los problemas de los trabajadores, los campesinos y los pobres de México.

La tarea principal del movimiento revolucionario en México es que este gobierno elegido por la CND se convierta en un gobierno real. Lograrlo exige la convocatoria de una gran huelga general, tal como han defendido los marxistas de Militante, a través de un gran Frente Único con todas las organizaciones sindicales y campesinas que están participando activamente en este proceso, y al mismo tiempo llamar a la creación de comités de lucha locales, en cada barrio, fábrica, escuela y barracón militar, y que sus representantes elegidos democráticamente se coordinen a nivel local, regional, estatal y nacional en una CND revolucionaria y socialista. Estos órganos del nuevo poder obrero, deberían impulsar la movilización por las reivindicaciones inmediatas de las masas (agua potable, comida, vivienda, democracia sindical, salarios decentes, contra la privatización, etc.) vinculándolas al derrocamiento del capitalismo, es decir, la toma del poder y la expropiación de la clase dominante.

Sólo con el poder socialista pueden los oprimidos de México sacudirse décadas de opresión y oprobio. Y la dinámica de la revolución mexicana empuja irresistiblemente hacia esta salida.