Es necesario recuperar la organización colectiva para luchar por los derechos laborales y sociales
Los trabajadores de la empresa MMC Automotriz S.A, exigen el pago que supera las 240 semanas que van de incumplimiento del contrato colectivo. La trasnacional automotriz -tras cerrar y mantener paralizada la empresa- intenta imponer pagos miserables por renuncias voluntarias de 150 dólares (cancelados en bolívares) por un año de trabajo, lo que equivale a 12,5 $ por mes, que apenas alcanza para comprar 2 Kilos de mortadela.
La gerencia de MMC Automotriz S.A, no ha flaqueado en su ofensiva contra los obreros desde el año 2009 cuando consiguió reprimirlos, asesinando a 2 trabajadores, despidiendo directivos sindicales y más de 600 obreros. En el año 2017 redoblo las agresiones, ejecutando más de 450 despidos mediante publicación escrita en los medios de comunicación, arreciando el acoso psicológico de falsos cierre técnico y con grupos de delincuentes amenaza con intenciones de asesinar a otros líderes obreros. Las denuncias se han realizado ante los organismos del Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Publica entre otros. Estas instituciones han respondido con trabas para amparar a los trabajadores, otras mantienen un silencio cómplice, situación que viola la Constitución, los derechos humanos y legales de los trabajadores.
A pesar de la difícil situación que enfrentan los trabajadores tanto en lo económicos como de los obstáculos burocráticos, las repuestas desmoralizadoras por parte de funcionarios, jefes de instituciones y diputados del consejo legislativo de Anzoátegui, que intentan llevarlos a las renuncias voluntarias.,300 obreros están resistiendo con firmeza, demostrando la voluntad de luchar hasta el final. Logrando obtener decisiones tanto administrativas como judiciales favorables, son los casos de una providencia administrativa que ordena el pago de las deudas por incumplimiento de la convención colectiva en cinco (5) años. La empresa perdió sus acciones de recurso de nulidad sobre este caso en los tribunales, ratificándose los derechos contractuales de los obreros. Sin embargo, la empresa se rehúsa a pagar y aprovecha que los tribunales pretenden imponer un pago de tres millones BsF (40$) como el total de la deuda.
Al consorcio MMC Automotriz S.A, que -desde hace seis (6) años- anunció la venta de acciones a los empresarios de la ensambladora Chery, se le permite importar vehículos, venderlos a un costo aproximado de sesenta mil dólares (60.000$). Lo mismo pasa con las ventas de repuestos. Además, Mitsubishi Company está vinculada a la empresa METOR en la explotación del gas venezolano, renovando en el 2017 nuevos convenios con el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que el proyecto de vehículos con el sistema de gas fracasó. Esto evidencia los profundos lazos políticos de la trasnacional MMC. No es el único caso, la situación se reproduce en muchas empresas de todas las regiones del país, que -a pesar de estar paralizadas o con una producción por debajo del 25% de sus capacidades- siguen facturando importaciones y recibiendo créditos en divisas que son anunciados públicamente en cadena de televisión por el ejecutivo nacional.
Esta realidad plantea a los trabajadores la necesidad de organizarse con nuevas formas de lucha, que les permita superar los obstáculos colocados por la burocracia sindical corrupta. Es necesario reconstruir la organización de los trabajadores desde la base, sumando la mayor fuerza posible, construyendo sindicatos, asambleas de trabajadores y comités en defensa de nuestros derechos basados en la participación democràtica, la toma de decisiones de los obreros y la lucha por desarrollar la solidaridad de clase frente a la dispersión, división y desánimo que intentan imponer los empresarios y la burocracia del estado, donde cada trabajador asuma tareas organizadas y planificadas colectivamente. Este debe ser el primer paso para reconstruir un movimiento sindical y organizaciones con un programa de clase que puedan dar respuesta a todos los problemas que tenemos y convertir el malestar que existe en acciones masivas y pacificas en defensa de nuestros derecho y los del conjunto del pueblo, uniendo la lucha de los trabajadores a la de las comunidades vecinas y el resto de sectores populares que sufren las consecuencias del actual colapso económico y las políticas de cierre de empresas, despidos y recortes de los capitalistas y burócratas. Es la única vía de obtener la victoria y conseguir nuestras reivindicaciones laborales y sociales.
