A principios del mes de marzo, Nicolás Maduro anunció un aumento del sueldo mínimo. Después de casi un año sin ajuste salarial a pesar de una inflación que sigue aplastando el poder adquisitivo, era una medida ansiada por todas las trabajadoras y trabajadores del país. Como lo hiciera en 2018, el Gobierno nuevamente usó la promesa de un salario mínimo anclado al valor equivalente de medio Petro, lo que significa poco menos de 30$. A pesar de las ilusiones que pudo generar inicialmente este anuncio, con todo y que el monto prometido no cubre ni de lejos la Canasta Básica, la realidad de su implementación no ha generado sino descontento, frustración y rabia.

Para muchos, ha sido el mismo engaño que significó aquella promesa de mejora salarial de agosto de 2018 cuando la anterior reconversión monetaria y la introducción del llamado Bolívar Soberano. Lejos de ser un primer paso hacia la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora venezolana, implica un nuevo retroceso en varios de los derechos adquiridos con la reducción o incluso eliminación de beneficios que se venían percibiendo desde hace años.

El Medio Petro… una vez más

El pasado jueves 3 de marzo, en el marco de la instalación del llamado II Congreso de la Clase Obrera “José Chino Khan”, congreso de la burocracia sindical agrupada en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), el presidente Nicolás Maduro planteó que se iba a implementar un plan para la supuesta recuperación del salario de la clase trabajadora venezolana. “Vamos a salarizar los bonos que entregamos [mediante sistema patria] a la clase obrera, y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio Petro, estoy de acuerdo, y eso impacte todas las tablas salariales. ¡Aprobado!”, dijo Maduro. En cuanto a los jubilados y pensionados, incluso habló de elaborar un plan para supuestamente resarcir “las heridas de todos los trabajadores jubilados en los últimos cinco años como consecuencia de la guerra económica impuesta contra el país.”

A pesar de las expectativas que inicialmente generó el anuncio de un aumento del salario en cerca de 1.700%, al pasar los días la realidad de la medida y lo que es percibido por amplios sectores como una reedición del engaño del año 2018 se ha hecho patente. En primer lugar, no estaba claro a partir de cuándo entraría en vigor el nuevo salario. Maduro no había dado fecha concreta. Al haberse realizado el anuncio los primeros días del mes, se esperaba que ya para la primera quincena se obtuviera el nuevo salario. Sin embargo, con el paso de los días el humo inicial se fue disipando.

El nuevo salario entraría en vigor a partir del día 15 de marzo, por lo que los trabajadores no lo recibiríamos sino hasta finales de mes. Igualmente, la duda respecto a lo que significaba la salarización de los bonos de la Plataforma Patria, especialmente para sectores que reciben bonos del orden de 100$, 150$ o 200$ a través de dicho sistema. Hubo anuncios contradictorios, desde incorporarlos efectivamente al salario e incluso los que planteaban que los bonos se mantendrían por el Sistema Patria y por tanto no serían salarizados mientras otros hablaban de su eliminación simplemente. También estaba la duda respecto al monto final del salario mínimo, ¿estaría realmente anclado al valor del Petro como se había anunciado? Con la guerra imperialista en Ucrania, el alza de los precios del petróleo podría significar que la equivalencia Petro – US Dólar subiera de manera que el tan mentado “Medio Petro” implicara un salario equivalente a 50$ o más.

Un día antes de la publicación de la Gaceta Oficial, el presidente de FENTRASEP y diputado de la Asamblea Nacional (AN) Franklin Rondón había declarado en el canal del Estado, VTV, que el anclaje del salario mínimo no sería al valor fluctuante del Petro, especialmente por la expectativa de que mejore su cotización. Según las declaraciones de Rondón, el salario mínimo estaría fijado en 30$ y sentenciaba que “a medida que vaya fluctuando [el Petro] no significa que el sueldo va a ir incrementando”. La semana anterior, el canal de Telegram del Sistema Patria hablaba de que varios de los bonos que iban a ser salarizados serían eliminados (como por ejemplo el bono Corresponsabilidad y Formación, equivalente a 100$ o más) ya que se consideran incluidos en el monto del nuevo salario mínimo.

La realidad de esta medida y el discurso engañoso de la burocracia quedó en evidencia con la publicación de la Gaceta Oficial el pasado 15 de marzo. En ella, el salario mínimo se fija en Bs 130 (30,66$ a tasa BCV y 29,61$ al pararlelo) y no se hace mención alguna al medio Petro. Tampoco se habla de los bonos y de su supuesta salarización ni del efecto del aumento en los tabuladores de la Administración Pública Nacional (APN), a pesar del “Aprobado” señalado por Maduro y que este aumento impactaría dichas tablas.

La Inflación y Devaluación siguen galopantes

Con el valor del dólar volviendo a subir luego de haberse estabilizado en las últimas semanas, el monto del salario mínimo al momento de escribir estas líneas ya está por 29,28$ a tasa BCV y 28,14$ al paralelo. Y los precios siguen subiendo. Aunque la inflación del 2022 es menor a la de años anteriores (según algunas fuentes no alcanza el 700%), sigue siendo muy alta.

Con la estabilización del tipo de cambio en torno a las 4,30 Bs/US$, los precios en dólares han visto incremento en este último trimestre incluso superiores al 50% en algunos rubros, especialmente alimentos y servicios profesionales. Cualquier ajuste salarial que no responda a una escala móvil fijada respecto al costo de la Canasta Básica con el incremento de los precios se vuelve sal y agua en poco tiempo.

La Administración Pública, retrocesos y violación de las convenciones colectivas

Aunque para el 19 de marzo ya varias fuentes oficiales y no oficiales publicaban el nuevo tabulador de la APN, no se concretaba la información sobre lo que sucedería con los bonos. Las informaciones difundidas por diversos canales, como el del Sistema Patria en Telegram o las mismas declaraciones de Rondón, no resolvían la situación.

Varios entes públicos, especialmente los que tienen Convenciones Colectivas y no se rigen por el tabulador de la APN, recibieron los instructivos para elaborar las maquetas para el pago de esta segunda quincena de marzo. Las desmejoras en los beneficios y en las mismas tablas con la aplicación de estos lineamientos son más que evidentes. No sólo no se han mantenido las diferencias de montos entre los diferentes pasos y grados de los tabuladores, sino que se han reducido los montos de algunas bonificaciones y, en general, se desconocen numerosas cláusulas de las convenciones colectivas respectivas. Hay que recordar que muchas de estas convenciones, si no todas, fueron firmadas precisamente por los sindicatos afines a la CBST y el gobierno nacional.

La desmejora ha sido tal que incluso sindicatos que han sido controlados por dirigentes sindicales sumisos al gobierno, como ATAUSIBO y SUTES, sacaron un comunicado el pasado 23 de marzo donde declaran su “rechazo absoluto a los nuevos lineamientos e instructivos para la aplicación del reciente incremento salarial al sector universitario”. Jorge Padrón y Gabriel Mendoza, de los mencionados sindicatos, destacaron que el instructivo recorta las primas de antigüedad y profesionalización, además de que no respetan las tablas de la Convención Colectiva del Sector Universitario vigente. En el mismo incluso hablan de “conductas neoliberales en perjuicio de los trabajadores” por parte de los funcionarios del Ministerio de Planificación.

Los trabajadores del sector privado también sufren desmejoras de sus ingresos

Por los bajos salarios, desde aproximadamente hace 2 años las empresas y comercios privados, para evitar el éxodo laboral o las renuncias del personal, tomaron la medida de otorgar bonos en dólares. En la mayoría de los casos el bono es de 40$ mensuales y en otros pocos pagan hasta 300$, todo esto en el monto equivalente en bolívares, pero ningunos tienen efecto sobre otros beneficios de ley o convención colectiva. El pago de fin de año (aguinaldo), vacaciones, prestaciones sociales renuncias voluntarias y despidos se siguen calculando sobre la base del salario mínimo nacional, con lo cual dichos montos no alcanzan ni para comprar el 25% de la canasta alimentaria.

Sin ningún escrúpulo, los patronos hacen esto a pesar de estar obteniendo fabulosos dividendos como bien queda demostrado con los datos que publicados en el año 2018 por el Banco Central de Venezuela (BCV). Allí se muestra que los empresarios obtuvieron un 3.000% de ganancias por cada bolívar que pagan de salario al trabajador. Esto, lejos de corregirse, ha seguido en acenso. Con este último aumento, la mayoría de estos empresarios han decidido eliminar estos bonos y ajustar el pago al salario mínimo nacional (30$) mensuales, con ello evitando que el trabajador pueda percibir un ingreso económico de 70$ mínimo.

Estos parásitos capitalistas han estado aprovechando todas las medidas que el gobierno de Maduro viene implementando tanto pública como internamente desde el Ministerio del Trabajo, como es el caso del memorándum 2792. Éste tiene 5 años que se ha estado aplicando para ir acabando con las convenciones colectivas, liquidando los sindicatos y delegados de prevención a cambio de imponer burocráticamente los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), como herramienta de conciliación de clase y preparando el terreno para el desarrollo de las zonas económicas especiales, todo lo cual se traduce en una brutal explotación laboral.

 

Organicemos un 1 de mayo para luchar por un salario igual a la Canasta Básica, unido al rescate de todas las reivindicaciones y por un programa revolucionario

Desde distintas organizaciones obreras y de izquierda se ha estado impulsando la lucha por un salario mínimo igual a la canasta básica. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela junto a otros sectores sindicales el pasado lunes 28 de marzo realizaron una Asamblea Intergremial donde no sólo intervino Eduardo Sánchez, presidente de SINATRA-UCV, sino otros dirigentes de organizaciones como la CUTV y el FNLCT rechazando este nuevo zarpazo contra nuestros salarios y beneficios laborales. Indudablemente que frente a la crisis del sistema capitalista, la agresión imperialista junto a la derecha y la corrupción de la burocracia del gobierno, es un momento histórico para que la izquierda revolucionaria construya un movimiento obrero fuerte que llegue a la victoria final de la revolución.

Varias organizaciones, principalmente Marea Socialista, intentaron un Amparo Constitucional ante el TSJ basados en el Art. 91 de la CRBV, que establece que el salario debe ajustarse a la canasta básica. Después de 4 años de tener el proceso paralizado burocráticamente, el TSJ ha rechazado su admisión. El año pasado, el PCV y sus brazos sindicales, CUTV y FNLCT, han empezado a impulsar la llamada Ley Especial de Indexación Salarial. La propuesta incluye una escala de salarios y pensiones móviles respecto a la inflación y anclada a la canasta básica. Esta propuesta debe tener un amplio debate democrático entre la clase obrera donde pueda presentar sus aportes, fortalecer las ideas y organizarse para dar la batalla frente a una Asamblea Nacional que ha mostrado en reiteradas ocasiones el desprecio que tiene sobre los derechos de los trabajadores.

Por nuestra parte, la indexación de los salarios a la canasta básica y la implementación de la escala móvil de salarios es una necesidad imperativa para empezar a recuperarnos de estos años en que nuestros salarios se han visto pulverizados por las políticas del Gobierno en respuesta a la crisis profunda que vive el capitalismo, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Ese anclaje de los salarios al costo real de la vida implica una revisión del salario tan frecuente como sea necesaria y no limitada a cada 3 meses como plantea la ley del PCV. En un contexto en el que la inflación y la caída del precio del bolívar vuelve a tomar nuevo impulso, no podemos permitir que nuestros salarios se reduzcan una vez más a sal y agua.

El actual salario mínimo ni siquiera cubre la brecha de 1$ diario para pasar el umbral de la pobreza extrema, menos aún el de 2$ para la pobreza. Son salarios de hambre, de una explotación capitalista como no habíamos vivido la mayoría de los trabajadores de este país en las últimas décadas. La respuesta a esta situación y a este nuevo ataque por parte del Gobierno debe ser la lucha permanente en el marco de un frente único, agrupando a todas las organizaciones de la izquierda que luchan en torno a un programa común en pro de la recuperación del salario. Necesitamos con urgencia acordar un plan de reuniones y asambleas en los centros de trabajo, barrios, universidades y en las comunidades campesinas para promover asambleas de trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre.

Este 1 de mayo puede tener como objetivo el inicio de construir esa unidad necesaria de un frente único de lucha, donde se pueda debatir, unificar y generar las propuestas y reivindicaciones inmediatas que tenemos todas y todos los oprimidos de este país. Propuestas que incluyan que el salario sea indexado a la canasta básica, así como la inmediata reactivación y cumplimiento de las discusiones de contratos colectivos y reactivación de las empresas paralizadas colocándolas bajo gestión directa de los trabajadores. También debe incluir nuestra exigencia al respeto de los derechos democráticos de participación obrera y popular, a la huelga, el clamor de que por fin haya cárcel para los asesinos de trabajadores y líderes comunales y que en cambio se liberen a todas y todos los obreros presos, entre otros.

Todos estos son derechos que debemos lograr, pero debemos tener claro que solo se pueden conquistar, recuperar y mantener si luchamos también por un programa marxista revolucionario que acabe de verdad, y no sólo en la fantasía de los discursos de la burocracia, con las lacras del capitalismo que nos asolan. Un programa en el que toda la banca, las tierras y las principales industrias sean confiscadas y colocadas bajo la gestión directa de la clase trabajadora.


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