Estas medidas, avaladas por el FMI y la patronal, provocaron críticas entre diversos sectores que apoyan al gobierno, así como las burlas de la oposición. El Nacional, periódico que lidera la oposición al gobierno, resumió las medidas adoptadas en una frase lapidaria "Hugo se disfrazó de neoliberal salvaje".

La respuesta del presidente no se hizo esperar y en su programa dominical, Aló Presidente, de 17 de febrero señaló que "algunos críticos andan diciendo que Chávez se volvió neoliberal (...) Nada más lejos de la verdad. Aquí no hay ningún paquete neoliberal (...) La reducción de gastos no tocará los presupuestos destinados a la salud, la educación y los microcréditos".

Sin embargo, los primeros efectos de estas medidas no se han hecho esperar. La libre fluctuación de la moneda ha hecho que el bolívar haya tenido un desplome de un 30% en los mercados internacionales de divisas, lo que ha supuesto un rebrote inflacionista, provocando el aumento de la canasta básica que está afectando muy duramente a los sectores con menos poder adquisitivo, hasta el punto que el propio Chávez ha advertido que "una de las cosas más duras de este año será mantener el salario real de los trabajadores otorgando aumentos equiparados con la inflación".

Además, Chávez puede intentar creer que con ser "riguroso en el recorte de gastos innecesarios" (Aló Presidente, 17-2-02) podrá recortar ese 22% propuesto, pero esto es absolutamente imposible. Lo quiera él o no, recortar ese 22% supone, inevitablemente, aceptar las medidas reaccionarias que propugna la burguesía y que suponen el mantenimiento de la pobreza y la miseria para el 60% de la población.

Entre dos fuegos

El problema de Chávez es que la gran mayoría de apoyo a su gobierno se encuentra entre los sectores más pobres de la sociedad venezolana, como ha quedado puesto de manifiesto en las diferentes movilizaciones de apoyo al gobierno que se han producido en los últimos meses. De hecho, desde diciembre de año pasado las calles de las principales ciudades venezolanas han sido cita de manifestaciones de la oposición (conocidos popularmente por escuálidos) y contramanifestaciones (chavistas u oficialistas) que han puesto de manifiesto la polarización social existente en Venezuela.

Así pues, Chávez se encuentra ahora entre dos fuegos.

De un lado, la burguesía no se fía de él y sigue con su política de acoso y derribo. "La situación de crisis del país es tal que es imprescindible un pacto de gobernabilidad con Chávez o sin él" declaró el abogado constitucionalista Allan Brewer con motivo del anuncio del "pacto de gobernabilidad" formado por empresarios, obispos y el dirigente de la CTV, Carlos Ortega, según el cual "el acuerdo excluye la visión populista y de falsos mesianismos con los cuales se ha pretendido engañar al país de una manera sostenida". (...) "Chávez que ha introducido radicales reformas que incrementan la intervención estatal en la economía y redistribuye tierras ociosas entre campesinos, enfrenta una ola de críticas de obispos venezolanos, líderes empresariales y de la minoritaria clase alta y media, a quienes tilda de oligarcas y escuálidos" (Cadena Global, 2 marzo 2002).

De otro lado, contentar a su base social, ha llevado a Chávez a tomar una serie de medidas que encrespan todavía más a la burguesía.

Por ejemplo, el 27 de febrero, en la conmemoración del Caracazo, y a pesar del recorte anunciado, Chávez libró una partida extra de 2.000 millones de bolívares para garantizar el Plan Bolívar 2000. Asimismo en la toma de posesión del nuevo ministro de Finanzas, general de brigada Francisco Usón Ramírez, Chávez volvió a insistir en la lucha contra la corrupción e hizo hincapié en que "la prioridad es lo social; la inversión social es casi sagrada para este gobierno revolucionario".

Además ha nombrado al economista Gastón Parra Luzardo presidente de PdVSA (la empresa estatal petrolera), lo que ha puesto en pie de guerra tanto a la anterior dirección del PdVSA como a la corrupta dirección de la CTV y a un sector de trabajadores, especialmente mandos intermedios y ejecutivos que apoyan la gestión de la anterior dirección y que no olvidan que Gastón Parra es un "economista, militante de izquierda que ha cuestionado la recientemente implementada política de inversiones que permite la participación de multinacionales en la explotación de petróleo" (BBC América Latina, 27-02-02), así como que fue uno de los ponentes de la polémica Ley de Hidrocarburos y un ferviente defensor de la "propiedad y el control de la industria petrolera por parte del estado venezolano por oposición al intento de desnacionalización que vivió años atrás ante las presiones ejercidas por los monopolios transnacionales", (Venezuela Análitica, 28-02-02).

No se puede servir a dos amos a la vez

Es evidente que las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno no contentan a nadie. Chávez parece tener miedo de su propio discurso y da una de cal y otra de arena sin terminar de decidirse.

Así, a pesar de las recientes medidas anunciadas, la oligarquía financiera y los empresarios no se fían de este gobierno. Obviamente la burguesía y el imperialismo necesitan retomar el control directo de la vida política y económica en Venezuela entre otras cosas para llevar adelante los planes de privatización que tienen del petróleo venezolano y no están dispuestos a confiar en Chávez, como demuestra que desde que éste asumiera la presidencia de Venezuela (según datos del elitista Instituto de Estudios Superiores de Administración) se ha incrementado la fuga de capitales hasta alcanzar la escalofriante cifra de unos 8.800 millones de dólares ¡un 9% del PIB! sin contar la feroz campaña desarrollada en todos los ámbitos contra el gobierno y su llamada "revolución bolivariana". Los intentos de aumentar los impuestos a las transacciones comerciales, como el Impuesto al Débito Bancario o el aumento del IVA, sólo conseguirán que la huelga de inversiones y la fuga de capitales aumente hasta límites insoportables.

En cuanto a la mayoría de la población, esto es, los trabajadores y oprimidos, éstos hasta ahora han confiado en las promesas del gobierno, alentadas por algunas medidas ya analizadas en El Militante , en la esperanza de que Chávez acabará con el paro, la pobreza y las desigualdades existentes en Venezuela.

El problema es que por muchas promesas y buenas intenciones que tenga Chávez, mientras la economía siga en manos de los capitalistas no hay solución para los problemas de las masas venezolanas que, de una u otra manera, pagarán los platos rotos de la crisis. El trabajo, la vivienda, la cesta de la compra no se solucionan con discursos en "Aló Presidente" los domingos por la tarde.

La única manera de garantizar el cumplimiento de las promesas hechas por la "revolución bolivariana" es la nacionalización de la banca, la tierra y las grandes empresas sin indemnización y bajo el control de los trabajadores, organizados en comités elegibles y revocables para poner los ingentes recursos de la economía venezolana (el 4º productor de petróleo de la OPEP) al servicio de la mayoría de la sociedad, acabando con el despilfarro y la corrupción que han saqueado Venezuela durante décadas.