El martes 8 de septiembre según los sindicatos franceses 2,7 millones de personas se manifestaron en más de 220 ciudades y pueblos de toda Francia para oponerse a la contrarreforma de las pensiones del gobierno Sarkozy que, entre otras medidas, pretende aumentar la edad de jubilación. Esta es la segunda jornada de lucha en menos de 3 meses, el pasado 24 de junio hubo otra gran movilización que consiguió también sacar a las calles a más de un millón y medio de trabajadores. Según François Chérèque, secretario general de la segunda central sindical francesa, la CFDT, es "la mayor participación de la última década". La huelga estuvo convocada por los seis principales sindicatos, y fue por los dos principales partidos de la izquierda (Partido Socialista y Partido Comunista).

Las manifestaciones en las grandes ciudades han sido masivas, en París más de 270.000 personas; en Marsella 200.000; en Lille 35.000; en Flanders 25.000; en Burdeos 110.000; en Lyon 35.000 o en Toulouse 110.000. El seguimiento de la huelga ha sido importante, el propio gobierno ha tenido que reconocer que ha "sido significativo". En el sector educativo, según el sindicato FSU (principal sindicato del sector), en primaria el paro fue del 60% y en secundaria del 55%, en total pararon más de 500.000 profesores, en el sector ferroviario el paro superó el 50%, en el servicio postal superó el 40%, en France Telecom un 40%, hay que tener en cuenta que el gobierno impuso unos servicios mínimos abusivos. El transporte quedó prácticamente paralizado, en la región de París se cancelaron el 25% de los vuelos, las 6 refinerías estatales estuvieron produciendo al mínimo. En el sector privado el seguimiento de la huelga también fue importante, donde más se notó fue en la banca y en la industria, sobre todo en grandes empresas como Renault, Peugeot-Citroen, Alcatel, Airbus o Total. Según las encuestas el 73% de la población apoyaba la huelga y el 80% cree que la "reforma" de las pensiones es "injusta".

Crisis del gobierno Sarkozy

Cuando Sarkozy llegó a la presidencia de Francia en 2007, parecía destinado a convertirse en uno de los "grandes líderes europeos". Pero tres años después ha demostrado ser un líder con pies de barro y su popularidad poco a poco se derrumba, no sólo en el exterior, sino también en su propio país, actualmente apenas el 30% de la población apoya su gestión. Pero además durante los últimos meses han ido apareciendo toda una serie de escándalos de corrupción que afectan no sólo a dirigentes de su partido, la UMP, sino también a miembros de su gabinete, como el ministro de trabajo, Eric Woerth, responsable de la contrarreforma de las pensiones e implicado directamente en el escándalo de Liliane Bettencourt, la dueña de L'Oreal, acusada de evadir impuestos durante años. Precisamente el asesor fiscal de Bettencourt durante todos esos años era Woerth. Además se ha demostrado que la UMP durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2007, en las que salió elegido Sarkozy, recibió de Bettencourt generosos donativos ilegales. Otro escándalo sonado lo ha protagonizado Christian Blanc, Secretario de Estado del Gran París, obligado a dimitir tras descubrirse que se gastó 12.000 euros de las arcas públicas en puros habanos. Que salgan a la luz este tipo de cosas y al mismo tiempo el gobierno pida a la clase obrera que se "ajuste el cinturón" sólo ha servido para provocar más indignación y rabia entre los trabajadores.

La expulsión de inmigrantes, una forma de desviar la atención

Estos últimos días Sarkozy ha sido noticia por su política antiinmigración y el inicio de la expulsión de los gitanos rumanos. La excusa ha sido la guerra contra la inseguridad y ha utilizado dos incidentes aislados, el asalto de dos turistas a una comisaría en el valle de Loire y la muerte de un emigrante africano en Grenoble tras el robo en un casino. Realmente se trata sólo de una medida que pretende desviar la atención de los graves problemas a los que se enfrenta su gabinete, tanto los problemas de escándalo y corrupción que le acosan, como del frente que se acaba de abrir de enfrentamiento directo con el movimiento obrero debido a las contrarreformas que está aplicando. El sábado 4 de septiembre en París más de 100.000 personas se manifestaron para oponerse a esta medida racista y las encuestas demuestran que más del 70% de la población está en contra de esta medida.

Nueva huelga general el 23 de septiembre

Aunque el gobierno ha dicho que no retirará la ley de las pensiones, ha dado marcha atrás en algunos aspectos menores. Los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones, el próximo 15 de septiembre habrá manifestaciones a nivel local y el próximo 23 de septiembre otra nueva huelga general, aún no han concretado el carácter de esta lucha. Los ataques del gobierno Sarkozy no se acabarán con la contrarreforma de las pensiones, pretende reducir el gasto público en 45.000 millones de euros y despedir a 100.000 trabajadores públicos. En el próximo período no sólo serán las pensiones las que sufrirán los ataques del gobierno, también los sufrirán la educación, la sanidad y el conjunto de la clase obrera, eso significa un enfrentamiento directo de Sarkozy con la clase obrera francesa y una intensificación de la lucha de clases en Francia.