En sí mismas, la victoria electoral del PT por un amplio margen y la toma de posesión presidencial de Lula el 1 de enero han tenido un enorme efecto político entre los oprimidos de Brasil. En Brasilia se vivió una gran fiesta, las multitudes invadieron la Explanada de los Ministerios rompiendo todos los esquemas de seguridad y una compacta masa de banderas rojas arropó al ex metalúrgico, al “compañero presidente”, en el primer día de mandato oficial.
Los gestos y medidas más inmediatas de Lula nada más hacerse con la presidencia, como suspensión de la compra de aviones prevista por el ejército para dedicar el dinero al proyecto Hambre Cero —el plan insignia del gobierno— o dar títulos de propiedad a la gente que vive en las favelas, han tenido un enorme impacto. El trato especial dado a Chávez y a Castro en la ceremonia oficial de la toma presidencial ha sido también una señal con una carga política y simbólica muy clara, como también lo fue la decisión de Lula, antes del 1 de enero, de enviar gasolina a Venezuela para paliar los efectos del sabotaje patronal contra el gobierno de Chávez.
Las expectativas son enormes. Según unas encuestas divulgadas por la Confederación Nacional de Transportes en el mes de enero el 71% de los entrevistados creen que el gobierno de Lula será excelente o bueno. El 24% tiene la expectativa de que su vida cambiará en un año de gobierno, el 16,3% cree que ese cambio se producirá en 6 meses, un 12,9% postergan esas expectativas a un segundo mandato de Lula. Tan sólo un 4,8% cree que no habrá mejoras.
La burguesía se cuela por la puerta de atrás
Sin embargo, todas esas expectativas corren el riesgo de ser seriamente defraudadas. En las últimas semanas se ha concretado la composición del gobierno de Lula y lo más significativo es que un área clave como la económica está dominada por los defensores de hacer la misma política que el gobierno anterior. Palocci, alineado entre los sectores más de derechas del PT, en su primer discurso como ministro de Hacienda dijo que “no vamos a reinventar los principios básicos de política económica” y que “la buena gestión de la cosa pública requiere responsabilidad fiscal y estabilidad económica. El gobierno anterior tiene méritos en este tema, hecho que no nos preocupa reconocer”. No se ha limitado a las palabras, las primeras medidas económicas del gobierno de Lula han sido incrementar los ya altísimos tipos de interés al 25,5%, propiciar la independencia del Banco Central (cuyas decisiones condicionarían en gran medida la política económica) e incrementar el objetivo de superávit primario fiscal para el año 2003 a unos niveles incluso superiores a los fijados por el FMI para hacer efectivo el préstamo comprometido. Como ha dejado bien claro el mismo Palocci, el superávit se conseguirá conteniendo el gasto público porque no se prevé un incremento de los ingresos, hecho que pone un serio interrogante a la efectividad de las medidas sociales que Lula ha anunciado.
Teniendo como máxima preocupación la de “tranquilizar los mercados” muchos puestos clave del gobierno y de la administración están en manos de partidos de la derecha y personajes ligados a la Banca y al FMI. El mismo director del Banco Central es un hombre de confianza de Cardoso y miembro de su partido, el PSDB, además de haber sido presidente internacional del Banco de Boston. El ministro de Industria ha sido nombrado a instancias de la Patronal que agrupa a los empresarios de Sao Paulo (FIESP) y apoyó al candidato oficial del anterior gobierno en las recientes elecciones.
El ministro de Trabajo, miembro del PT y ex sindicalista, se manifestó a favor de una de las principales reivindicaciones patronales: la anulación de una multa que los empresarios deben pagar en caso de despido injustificado. Eso provocó una agria polémica pública con los sindicatos que obligó al ministro a tener que rectificar. No obstante el incidente ha sido un indicativo de por donde puede ir la anunciada reforma laboral y de las pensiones.
Paradójicamente la política —y los partidos valedores de esa política— que ha sufrido un brutal varapalo electoral en las elecciones de octubre se está colando por la puerta de atrás. La apuesta de continuidad del equipo de Lula, especialmente en un tema tan determinante como es la política económica, llevará tarde o temprano a un enfrentamiento con su base social. De momento, a poco más de un mes de llegar a la presidencia, Lula cuenta, lógicamente, con la confianza del pueblo, pero las tensiones que conlleva el rumbo que está tomando su política se ha expresado ya en el propio grupo parlamentario del PT. La dirección del PT ha amenazado con la expulsión a una senadora del partido que se ha negado a votar a Sarney, terrateniente y militar ligado a la dictadura, como presidente del Senado. Ese incidente no será el último, teniendo en cuenta las medidas que se pretenden aprobar. En un parlamento dominado por los partidos de la derecha, no deja de ser paradójico que sean parlamentarios del PT los que están alzando sus voces críticas con el gobierno. Es un síntoma, un anticipo de lo que ocurrirá a una escala mucho mayor si Lula defrauda las enormes expectativas que ha levantado.
Ver artículo “La victoria de Lula y las perspectivas para Brasil” en el apartado BRASIL de la página web de El Militante
