La izquierda debe plantear un plan de lucha que defienda los intereses de los trabajadores y el pueblo
Venezuela es uno de los países que, comparado con sus vecinos, tiene un nivel bajo de contagios confirmados y fallecidos por la COVID 19. Al momento de escribir este artículo, se contabilizaba un total de 1.500 contagios, 311 recuperados y 14 fallecidos. Sin embargo, en las últimas semanas las estadísticas nacionales de contagios presentan un aumento preocupante. El gobierno achaca este aumento al retorno de ciudadanos que emigraron y ahora retornan al país, ya que según los informes presidenciales éstos representan un 75% de los contagios. Pero es de notar que los llamados casos de “trasmisión comunitaria” también han mostrado un ascenso. La burocracia estatal intenta minimizar el problema y comparar constantemente la cantidad de pruebas gratis que realiza con otros países, sin tocar el problema de fondo.
Como en el resto de países latinoamericanos, en Venezuela la pandemia de la Covid19 está poniendo en evidencia el colapso y la barbarie del sistema capitalista. A la crisis del capitalismo y los efectos de la pandemia se suman en nuestro caso las sanciones del imperialismo y los incontrolables niveles de corrupción en la administración del Estado donde están involucrados dirigentes tanto de partidos políticos de derecha y ultra derecha como de la propia burocracia del gobierno.
Una expresión de la profundidad de la crisis capitalista es la caída de los precios petroleros a nivel mundial, que golpea fuertemente a PDVSA. La petrolera estatal genera más del 90% del ingreso financiero del país. El desplome de los precios petroleros se ve agravado por la falta de inversión, fallas operativas de la industria, la corrupción, los robos y la piratería de la gasolina que ha provocado graves problemas de producción y consumo interno. Esto se ha complicado aún más con el nefasto embargo por parte del gobierno de Donald Trump de las refinerías y cadenas de distribución de CITGO (empresa ubicada en EEUU, perteneciente a PDVSA) y de las cuentas de PDVSA y el Estado venezolano en distintos países.
Venezuela tiene una deuda externa que supera los 100 millones de dólares desde el año 2018, el PIB presenta una caída del 63%, el empleo formal está fuertemente afectado y la tasa de trabajo informal es del 41% de la población ocupada (5.189.921 personas), según informes del año 2016. Estos datos no han sino empeorado desde entonces.
El gobierno de Chávez, respondiendo a la presión de las masas, aplicó políticas que permitieron bajar los índices de pobreza, pero esta tendencia se ha invertido claramente en los últimos años. Los datos más recientes que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentan que para el año 2015 el 20% más rico de la población recibía el 45,1% de los ingresos y el 20% más pobre el 5,7% . Estas estadísticas no han sido actualizadas por el ente hasta la fecha, pero es evidente que las desigualdades sociales y la pobreza han vuelto a crecer y de forma espectacular.
Ante este colapso económico, la presión de la vieja oligarquía, así como de la llamada “boli-burguesía” (burócratas del partido gubernamental y del Estado que se han convertido en empresarios) va en el sentido de cargar la crisis sobre los trabajadores, como vemos en todos los países capitalistas.
Frente a la agudización de las contradicciones económicas y sociales, el gobierno de Nicolás Maduro intenta estabilizar un régimen de capitalismo de estado de la mano de los imperialistas chinos y rusos. Esta posición los separa de los intereses de la población y la clase obrera, lo cual se ve expresado en la profundización de privatizaciones de empresas públicas, ataques y recortes a los salarios y derechos y un incremento de la represión contra dirigentes obreros que luchan por los derechos laborales hasta incluso sacrificar las vidas de los trabajadores.
Flexibilización de la cuarentena: el gobierno cede a las presiones de la burguesía
En su habitual cadena televisiva para informar sobre el desarrollo de la COVID19, el gobierno anunció que el lunes 1 de junio comenzaba un plan de flexibilización de la cuarentena para reactivar 9 sectores económicos, entre los cuales se encuentran el transporte, la banca, la construcción, industria textil, calzado y la agroindustria. Esta decisión se da cuando -como decíamos al inicio de este artículo- el número de contagios está creciendo
Frente a las perspectivas de agudización de la pandemia en el continente americano y encontrándose Venezuela entre dos países (Colombia y Brasil) con graves problemas de contagios y fallecidos, el gobierno de Maduro, con su medida de iniciar la reactivación de la economía (con 7 días de trabajo por 7 días de cuarentena) , ha decidido nuevamente anteponer los intereses de los capitalistas a la vida y salud de los trabajadores.
La burguesía empresarial ha aprovechado la cuarentena y ahora su flexibilización para presionar y exigir al gobierno todo tipo de incentivos económicos y rescates con ayudas financieras, planteando que de lo contrario se puede presentar una catástrofe económica aún más grande de la que ya estamos padeciendo. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, había señalado que: “ Ya existen protocolos para el retorno del sector comercial, del sector industrial, construcción, pero todo dependerá de la certidumbre del combustible”. Una evidente amenaza contra el pueblo y los trabajadores. No es casualidad que la flexibilización de la cuarentena haya coincidido con la llegada de gasolina importada proveniente de Irán.
Esta situación es resultado de la caída en la producción de PDVSA que han generado las sanciones de EEUU pero también la mala administración y corrupción burocrática durante años. Durante los últimos meses el suministro de combustible para vehículos estaba totalmente restringido para empresas y organismos públicos necesarios, con la mayoría de las gasolineras cerradas y las pocas que abrían, con colas de días para poder cargar combustible. Esto es algo que está provocando una zozobra generalizada para la población, conflictos de los ciudadanos contra funcionarios corruptos de los organismos de seguridad y también amenazas por parte de los empresarios de paralizar por completo la poca producción que desarrollan.
PDVSA y la gasolina deben estar bajo la gestión directa de los trabajadores en beneficio del pueblo y no para privilegiar a capitalistas y burócratas
La empresa estatal petrolera PDVSA presenta en los últimos años una caída brutal de la producción, que se ubica en estos momentos en unos 622.000 b/d, según la OPEP. La parálisis de la industria supera el 70% de su capacidad instalada y se puede dejar de percibir por venta de petróleo más de 4.500 millones de dólares, según el economista Luis Arturo Bárcenas, siendo éstos de los cálculos más moderados al respecto.
Ante esta situación, el Ejecutivo aplica como nueva política para la venta de la gasolina importada de Irán, subsidiar medianamente su precio de venta (5.000Bs/litro) y restringir a un máximo de 120 litros por mes para los vehículos familiares. Para tener una idea de lo que este subsidio implica, esa cuota, que permite apenas cargar 4 veces un vehículo mediano, representa el 75% del salario mínimo integral mensual. ¡Como si esta problemática fuera responsabilidad del pueblo trabajador y no de la mala administración y corrupción burocrática y la especulación capitalista!
En cambio, se anunció que se habilitan 200 estaciones de gasolina en las que empresarios privados tendrán libres condiciones para la venta de combustible al precio internacional de 0,50 dólar por litro. Incluso podrán vender en cualquier moneda convertible. Más que limitar a sólo 200 gasolineras la venta de combustible a precio internacional, esta modalidad se ha establecido como la regla general que encuentran quienes salieron urgidos de cargar combustible esta primera semana de junio. Por otra parte, la burocracia ha llegado a acuerdos a puerta cerrada en la reunión del domingo 31 de mayo con federaciones empresariales como Fedecámaras y Consecomercio. El contenido de dichos acuerdos se desconoce, lo que no presagia nada bueno para el pueblo trabajador.
Desde mediados de abril estas federaciones empresariales enemigas encarnizadas del gobierno de Hugo Chávez- presionaron públicamente señalando tener pérdidas, no poder sostener las industrias y hasta planteando un plan de transición para un nuevo gobierno. Todo ello a pesar de que la gran mayoría contó con el suministro de la poca gasolina que existía para entonces en el país y mientras los trabajadores sufrían despidos laborales, pago del salario mínimo (2$ mensuales) por el gobierno y la obligación de asistir a sus centros de trabajo a riesgo del contagio, sin contar con ningún apoyo de los organismos institucionales (INPSASEL e Inspectorías del trabajo estuvieron cerradas) en materia laboral o sindical.
La burocracia, mientras negocia y privilegia a la burguesía, cínicamente agradece a los trabajadores de PDVSA por volver a rescatar la industria. ¡Que descaro! Creen que con agradecer y otorgar unos beneficios clientelares pueden contener el malestar y la rabia que se cocina por dentro. Los trabajadores de la industria petrolera tienen suficiente experiencia en luchar contra la burocracia y la derecha corrupta. El único camino que les queda es revivir la experiencia del 2002 y llevarla hasta el final. Volver a tomar la industria con sus manos y gestionar directamente la administración, producción y distribución de los hidrocarburos y derivados, sin burócratas corruptos, implementando organismos de funcionamiento donde tengan el poder mediante las asambleas generales de trabajadores de elegir y revocar inmediatamente cualquiera de los cargos de dirección incluyendo a quienes estén al frente del Ministro de Energía y Minas y la Junta Directiva de la empresa, los cuales no pueden gozar de privilegios, ni tener un salario por encima de un trabajador calificado, teniendo que rendir cuentas ante las asambleas de trabajadores.
La clase obrera y el pueblo resiste las agresiones capitalistas y la represión de la burocracia
Durante las últimas semanas la derecha y ultraderecha han vuelto a intentar nuevas acciones injerencistas con mercenarios que intentaron entrar por las costas del litoral venezolano. Una vez más, Guaidó y sus acólitos muestran que no les importa masacrar al pueblo venezolano. Por eso no tienen límite de exigir más sanciones y poner trabas a la compra de gasolina o insumos necesarios para la reactivación de la industria petrolera así como los necesarios para la salud del pueblo. Su objetivo es crear un caos social que les permita terminar de sacar de la presidencia a Nicolás Maduro.
La respuesta del presidente ante toda esta situación que hemos resistido los trabajadores y el pueblo, lastimosamente ha sido: “Vamos a flexibilizar las medidas, y donde haya focos haremos cuarentena y toques de queda. Vamos a una normalidad vigilada. A los trabajadores les digo que se preparen”. Estas declaraciones nos alarman y a la vez nos alertan sobre la profundización de la represión institucional por la burocracia hacia los trabajadores. Estamos viendo cómo aumentan abiertamente los casos de represión y persecución política contra las luchas obreras y populares y los activistas de izquierda. Ya son muchos los trabajadores que, por denunciar la corrupción, desinversión, condiciones de trabajo inseguras, violación de derechos sindicales o simplemente exigir sus beneficios laborales, están detenidos o encarcelados. Una investigación reciente arrojó 43 casos desde el 2017 hasta la fecha. Y esto es sin contar los campesinos pobres que luchan contra el latifundio.
Uno de los casos más emblemáticos es el trabajador de CVG Ferrominera Rodney Álvarez, con más de 7 años encarcelado sin que siquiera se le haya realizado el juicio por trabas burocráticas, pasando por el dirigente de Corpoelec Elio Palacio, que estuvo detenido por denunciar el caos de la empresa eléctrica, hasta los recientes encarcelamientos de dos jóvenes de la industria petrolera, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, acusados de supuesta traición a la patria por denunciar irregularidades administrativas en PDVSA. Se conoce que han sido torturados, privados de comunicación y defensa legal, al igual que lo sucedido contra el dirigente sindical de Insopesca que está preso por reclamar a la gerente de administración el aumento abusivo del costo de la bolsa de alimento CLAP que vende el gobierno en más de un 1000%. Ahora, ante esta decisión de flexibilizar la cuarentena y la retórica de la burocracia de justificar su supuesta “buena administración”, vemos que la clase obrera puede seguir sufriendo medidas más agresivas.
Otro ejemplo es lo vivido por los trabajadores del sector salud, que padecen la falta de suministro de los insumos mínimos de seguridad para la protección del personal como son los tapabocas, guantes, artículos de limpieza, entre otros, que están siendo limitados por la administración militar, generando el contagio de varios trabajadores de la salud que han llegando a su vez a contagiar a sus familiares. Mientras, la respuesta del gobierno ha sido la de regañar al personal y exigirles irónicamente usar la mascarilla y guantes, prácticamente trasladando su responsabilidad a los médicos y enfermeros.
Los trabajadores a pesar de verse acosados, amenazados y seguir siendo señalados, se preguntan: ¿por qué no se invierte en el sistema de salud de la misma manera que se hizo con la compra de gasolina y que ahora se privilegia a la burguesía?
Es urgente organizar y unificar una alternativa de izquierda que luche por un programa de la clase trabajadora
¡Ahora más que nunca la izquierda debe luchar contra estas políticas capitalistas y exigir que la riqueza esté bajo gestión directa de los trabajadores y el pueblo!
El movimiento obrero, la juventud y el pueblo pobre requieren de un frente único de la izquierda, de dirigentes revolucionarios consecuentes con el discurso y la práctica, que construyan desde abajo, asistiendo a las fábricas, centros de trabajos, portones, calles, barrios y campos, relacionándose directamente con los principales problemas, ayudando a impulsar la organización de asambleas y comités de acción independientes sobre la base de un programa de lucha marxista: revolucionario y socialista.
Este programa debe estar unido a un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras que están luchando en el resto de América Latina y del mundo, desde México hasta Chile e incluso a los mismos trabajadores y oprimidos negros, latinos y demás que actualmente se han levantado en los propios EEUU. Luchar juntos permitiría avanzar hacia la transformación socialista de la sociedad en todo el continente, de norte a sur.
¡Únete a Izquierda Revolucionaria Venezuela e Izquierda Revolucionaria Internacional para defender estas ideas!
