¿Qué programa debe defender la izquierda revolucionaria?
La situación política en Venezuela está marcada en este momento por la convocatoria de elecciones legislativas para el 6 de diciembre por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la profundización de las políticas capitalistas de éste y un empeoramiento, aún más dramático, del colapso económico que ya sufre el país desde hace 6 años.
Una economía paralizada, aumento exponencial del desempleo y la pobreza, hiperinflación desbocada, claros elementos de descomposición social…. Este es el escenario, que la pandemia y la crisis económica que vive el sistema capitalista a nivel mundial están agravando. A ello se une el criminal bloqueo económico y sanciones impuestas por el imperialismo estadounidense con el objetivo de asfixiar las finanzas públicas y en particular a la petrolera estatal PDVSA, que aporta el 97% del ingreso por exportaciones.
Según la CEPAL, el conjunto de economías latinoamericanas retrocederá un 9,3% en 2020, lo que incrementará la pobreza de 185 a 231 millones, un aumento de más del 80%. La pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones, afectando al 15,5% de la población total. Se trata de un desastre económico y social cuyos efectos marcarán toda la década. El país que experimentará el mayor desplome, según todas las previsiones, será Venezuela; pudiendo oscilar entre el -13% estimado por la CELAG (en abril, al inicio de la pandemia) y el -26% calculado más recientemente por FMI o CEPAL. Este retroceso se sumaría a una contracción del PIB que, según los últimos datos ofrecidos por el Banco Central de Venezuela en 2017, era ya en ese momento el 52%.
Beneficios para los empresarios, recortes y hambre para los trabajadores y el pueblo
Esta depresión prolongada ha incrementado vertiginosamente la desigualdad y la pobreza. Ambas se redujeron de forma muy importante bajo los gobiernos de Hugo Chávez pero, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 el 20% más rico de la población venezolana acumulaba el 45,1% de los ingresos, mientras el 20% más pobre solo alcanzaba a recibir el 5,7%. El gobierno ha dejado de publicar estadísticas pero es evidente que ambos indicadores han empeorado escandalosamente en los años siguientes.
La política del gobierno de Nicolás Maduro consiste en liquidar las medidas progresistas de incremento del gasto público, redistribución de la renta y reformas sociales aplicadas por los gobiernos de Chávez, apostando por medidas de ajuste capitalistas. Aunque sigue hablando públicamente de “socialismo” y “revolución” son palabras vacías. Su objetivo es estabilizar un modelo de capitalismo de estado. Para ello está dando pasos cada vez más decididos hacia el establecimiento de un régimen bonapartista burgués de la mano de la cúpula militar, cuyo poder político y económico no ha cesado de crecer, controlando directamente en este momento decenas de empresas.
Mientras las condiciones de vida del pueblo se hunden, la nueva burguesía surgida del propio aparato estatal (la llamada “boliburguesía”), la vieja oligarquía y las multinacionales están llenándose los bolsillos con ayudas gubernamentales, exoneración de impuestos y pagos al seguro social, pagos de nóminas de empresas privadas por el estado para supuestamente “hacer frente a la crisis”, despidos masivos, entrega de empresas públicas a empresarios privados,…
La dolarización impulsada por el gobierno como parte de su estrategia de estabilización capitalista está suponiendo un fiasco para el pueblo. Ha inundado de dólares el mercado pero esto solo está incrementando las desigualdades sociales. Medidas a corto plazo como reducir la liquidez monetaria para supuestamente controlar la inflación deterioran aún más las condiciones de vida de las masas. Los precios de los alimentos aumentan despiadadamente, ahora dentro de una competencia entre el precio del dólar oficial ofertado por el BCV y el paralelo. Mientras, los trabajadores seguimos recibiendo un salario de hambre: uno a dos dólares mensuales más el subsidio de un bono por el estado de cuatro dólares. Este salario representa el 2.5% del gasto promedio mensual (200$) que diferentes estudios consideran necesario para cubrir la canasta básica.
La magnitud de la crisis se refleja dramáticamente en la industria nacional clave. La producción petrolera ha caído al nivel más bajo desde 1945. Diferentes estudios la sitúan actualmente en 374.000 barriles diarios, un 57% menos de lo previsto, que ya representaba un descenso considerable respecto a años anteriores. Se han cerrado pozos y paralizado buena parte de la producción, sobre todo del refinado. Esto ha llevado a que uno de los principales exportadores mundiales de petróleo sufra desabastecimiento de gasolina, viéndose obligado a importarla de Irán y otros países.
La crisis de PDVSA, producto en parte del bloqueo estadounidense de sus finanzas pero también de la corrupción y abandono de inversiones durante años por parte de la burocracia, está significando un recorte de ingresos y derechos sin precedentes para decenas de miles de trabajadores petroleros. Este retroceso se une a los que ya arrastran hace tiempo el resto de sectores de la clase obrera, intensificando aún más la crisis económica y el descontento.
Otros ejemplos de la política gubernamental de acuerdos con los empresarios y recortes para los trabajadores son los fraudulentos créditos blandos a empresarios agropecuarios y los despidos y flexibilización laboral impuesta en diferentes empresas con el beneplácito del gobierno. Un ejemplo sangrante son los horarios interminables, bajos salarios y ausencia de sindicatos en las cadenas de supermercados HiperLider o Megassi. Megassi, nueva cadena impulsada por empresarios iraníes con apoyo del gobierno, se ha beneficiado además de la privatización por parte de éste de establecimientos emblemáticos de la Red de Abastos Bicentenario (RABSA), nacionalizada en 2010 por Chávez
El fracaso de la estrategia de Trump y las divisiones en la derecha
El descontento con la crisis y las políticas gubernamentales tiende a reproducir condiciones potencialmente favorables para la estrategia de acoso y derribo de la oposición de derechas. Al tiempo, los partidos que integran esa oposición son tan corruptos y parásitos, sus dirigentes aparecen tan entregados al imperialismo estadounidense, que hasta ahora han desaprovechado todas sus oportunidades. Pero esto no quiere decir que no lo sigan intentando.
El golpista de ultraderecha Juan Guaidó (apoyado por el imperialismo estadounidense y los gobiernos capitalistas más reaccionarios del continente) sigue proclamándose “presidente encargado” de Venezuela, y contando con el reconocimiento oficial de 60 países (entre ellos los gobiernos de la UE, incluidos aquellos que se proclaman de izquierdas como el español y el portugués). Sin embargo, el desprestigio de Guaidó en Venezuela es tal que no ha podido organizar una sola movilización ni acto de masas desde hace más de un año.
Sus declaraciones apoyando el bloqueo económico o pidiendo a Trump que intervenga militarmente en Venezuela y la implicación de varios de sus colaboradores en casos de corrupción o en el fiasco de la “Operación Gedeón” (el fracasado intento de invasión militar organizado en mayo por opositores vinculados a Guaidó junto a mercenarios y agentes estadounidenses) ha hecho estallar públicamente las divisiones que ya arrastraba la derecha venezolana.
Reflejando el fracaso de la estrategia golpista de Washington, Henrique Capriles Radonski, uno de los principales líderes opositores, ha declarado públicamente que dicha estrategia está agotada y demandado un cambio. Capriles ha inscrito una lista de cara a una posible participación en las elecciones parlamentarias y ha defendido negociar las condiciones de las mismas con el gobierno, con la Unión Europea (UE) como mediador y garante.
Radonski es un oligarca igual de reaccionario y sumiso al imperialismo que Guaidó o el mentor político de éste: el fascista Leopoldo López . Ni siquiera plantea participar en las legislativas como algo cerrado. Su objetivo a corto plazo es reanimar a la base opositora (decepcionada tras cosechar fracaso tras fracaso las tentativas golpistas de Guaidó y López) e incluso sintonizar con sectores desmoralizados de las masas que durante años votaron por Chávez. Para ello, públicamente marca distancias con Trump y Guaidó y pide el apoyo de la UE para exigir a Maduro toda una serie de concesiones y contrapartidas. Su objetivo final es que esto sirva para, en cuanto tengan oportunidad, por la vía electoral o cualquier otra, organizar un nuevo asalto al poder.
La negociación, las contradicciones interimperialistas y el declive estadounidense
Con la convocatoria de elecciones legislativas, Maduro pretende aprovechar el debilitamiento y división de la oposición para recuperar el control de la Asamblea Nacional (AN), ganada por la derecha en las legislativas de diciembre de 2015. Al tiempo, espera que un acuerdo con sectores de la burguesía y del propio imperialismo respecto a las elecciones pueda facilitar el levantamiento o flexibilización de las sanciones y dar oxígeno a la economía.
Como parte de esta táctica, ha liberado a 100 presos vinculados a la oposición derechista y hecho nuevas concesiones a los capitalistas. No obstante, aunque la ofensiva golpista desatada en enero de 2018 por Trump apoyándose en Guaidó haya fracasado, de que existan voces dentro de la derecha planteando un giro táctico y sectores de la burguesía nacional e internacional (empezando por los imperialistas chinos y rusos, principal sostén de Maduro) tampoco vean con malos ojos algún tipo de acuerdo para rebajar la tensión, el principal factor que empujó al imperialismo estadounidense a adoptar la estrategia golpista se mantiene.
La ofensiva por derrocar al gobierno venezolano y sustituirlo por un títere de Washington no obedece al carácter o deseo personal de Trump. Forma parte de la estrategia global del imperialismo estadounidense para hacer frente a su declive, frenar el avance chino en Latinoamérica y retomar el control directo de Venezuela, que -pese al desplome actual de su producción- sigue poseyendo las mayores reservas comprobadas de petróleo del planeta.
En un contexto de crisis profunda del capitalismo mundial y lucha interimperialista por cada palmo del planeta, la presión para que Washington aumente su agresividad en América Latina y Venezuela tenderá a aumentar, como ya está mostrando la imposición de sus peones (vinculados además a los sectores que defienden una política exterior más agresiva) en instituciones regionales como la OEA o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluso si Biden arrebatase a Trump la presidencia, los intereses estratégicos de la burguesía estadounidense (que los dirigentes del Partido Demócrata defienden con tanto ahínco como los republicanos) empujan hacia una intensificación de todas estas contradicciones.
Lo único que puede derrotar la expoliación imperialista (venga de Washington, Pekín o Moscú) y la ofensiva capitalista contra el pueblo es la movilización en las calles y el rechazo masivo a sus planes. Y tanto en Latinoamérica como en los propios EEUU, donde la movilización de masas y el cuestionamiento al sistema están creciendo espectacularmente, como reflejan el reciente levantamiento social contra el racismo y la violencia policial y otros movimientos de masas durante los últimos años.
Descontento por la izquierda y surgimiento de la Alianza Popular Revolucionaria
La profundidad del colapso económico ha creado un ambiente de dispersión, desmoralización y lucha por sobrevivir entre las masas. Esto ha debilitado al movimiento obrero y popular. Este debilitamiento se ve agudizado por las políticas represivas del gobierno. La respuesta de Maduro y los dirigentes del PSUV al creciente descontento por la izquierda con sus políticas está siendo aumentar la represión y criminalizar la protesta social. Durante los últimos meses hemos visto el encarcelamiento de varios dirigentes sindicales y líderes sociales cuyo “delito” es luchar por defender las conquistas logradas por los trabajadores y el pueblo antes y durante los gobiernos de Hugo Chávez, agresiones políticas e institucionales contra campesinos y obreros en lucha, amenazas, censuras mediáticas, expulsión arbitraria de militantes de base críticos con los dirigentes del PSUV…
La represión se combina con medidas clientelares como la utilización de las cajas de alimentos –CLAP- que el gobierno suministra a precios económicos o de los bonos para completar ingresos. Todos estos factores, a los que ahora se une también el temor al contagio por la extensión de la pandemia, son muy reales y dificultan objetivamente el desarrollo de la movilización obrera y popular y la construcción de una izquierda revolucionaria de masas. El único modo de enfrentarlos es con un programa y un plan de lucha que los reconozca claramente, explique sus causas y plantee una política verdaderamente socialista y un programa revolucionario para hacerles frente.
El malestar con las políticas gubernamentales ha encontrado expresión política por la izquierda durante los meses de julio y agosto de este año con la creación de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), un frente creado por varias fuerzas políticas que apoyaron desde su inicio la revolución bolivariana: PCV, PPT, UPV, PRT entre otros.
Esta alternativa surge en el contexto de las inscripciones de candidatos a diputados para las legislativas del 6D. La APR ha planteado presentar candidaturas separadas del PSUV, definiéndose como una alternativa que rechaza las políticas anti-obreras, coercitivas y capitalistas del gobierno al tiempo que fija posición de rechazo absoluto a las sanciones y agresiones del imperialismo y la derecha.
El gobierno ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para intervenir judicialmente varios de los partidos que integran la APR, inhabilitando a sus dirigentes e imponiendo otros afines para mantener el control de las tarjetas electorales a su favor. En varios casos incluso ha utilizado a la policía política para amedrentar a estos dirigentes y las bases que les apoyan.
Es más que probable que, si la APR sigue adelante, estos ataques antidemocráticos se intensifiquen. La burocracia del PSUV y del estado hará todo lo posible por debilitar, desprestigiar y aplastar a la APR. Para responder a esa represión la APR debe organizarse no como un enlace por arriba y meramente electoral entre cúpulas partidarias (tal como están planteando los dirigentes de los partidos que la integran) sino como un frente único de lucha, impulsando comités y asambleas de jóvenes, trabajadores, campesinos en los centros de trabajo y los barrios que tomen todas las decisiones y planteando un programa y un plan de acción que haga confluir todas las reivindicaciones obreras y populares.
Todos los dirigentes y candidatos de la APR deben ser elegidos y revocables por las bases y estar sometidos a su control en todo momento. Sólo así evitaremos las desviaciones, burocratización y corrupción que hemos visto desarrollarse en el PSUV y otras organizaciones de izquierda durante años.
Solo un programa genuinamente socialista, anticapitalista y antiburocrático puede acabar con el sufrimiento del pueblo
Desde Izquierda Revolucionaria tenemos muy claro en que lado de la barricada hay que estar. Por eso participamos en primera línea en la construcción de la APR defendiendo este programa y plan de lucha:
1) Organizar asambleas y reuniones en todos los centros de trabajo y barrios con los trabajadores y comunidades para denunciar las maniobras demagógicas de Guaidó, Capriles y demás dirigentes de la derecha, así como el criminal bloqueo y ofensiva del imperialismo, al mismo tiempo que organizamos la lucha contra la burocracia corrupta que habla de socialismo pero aplica medidas capitalistas. Estas asambleas deben servir para recoger las reivindicaciones de los diferentes sectores de la clase obrera y el pueblo y unificarlas en un programa que sirva de base para reconstruir el movimiento obrero y popular y organizar la lucha basándonos en nuestras propias fuerzas.
2) Formar comités de acción y autodefensa de forma independiente del gobierno en cada centro de trabajo y barrio para luchar contra cualquier intento de golpe de estado, ofensiva de la derecha y ultraderecha en la calle, etc. pero también para movilizarse contra cualquier detención arbitraria o represión por parte de la burocracia.
3) Coordinación local, regional y nacional de dichos comités y que la unificación de los mismos sirva de base para construir la APR con los métodos de la democracia obrera.
4) Este programa debe plantear claramente la nacionalización de todos los bancos, la tierra y las grandes empresas bajo administración directa de los trabajadores y el pueblo, mediante delegados elegibles y revocables en todo momento, que cobren el salario de un obrero cualificado y estén unificados en verdaderos organismos de democracia obrera a nivel local, estadal y nacional. Esa es la única manera de destinar los recursos que generamos con nuestro esfuerzo el pueblo trabajador a la salud, para combatir eficazmente la pandemia, a la educación, a garantizar salarios, pensiones y condiciones laborales dignas.
5) También permitiría desarrollar una verdadera reactivación productiva, arrancando la gestión de las empresas tanto privadas como públicas actualmente en crisis, paralizadas o cerradas por la corrupción y parasitismo de los capitalistas y burócratas, para ponerlas bajo la administración directa de los trabajadores y el pueblo y planificar democráticamente la economía.
Un plan de estas características, unido a un llamamiento de solidaridad internacionalista a los trabajadores y movimientos de izquierda de todo el mundo contra la agresión imperialista y también contra cualquier coerción o represión antidemocrática del aparato estatal y el gobierno, es el único camino para derrotar definitivamente a Guaidó y al resto de oligarcas venezolanos (de la vieja o de la nueva oligarquía), al imperialismo y a la burocracia.
Solo así podremos recuperar la moral de las masas, reconstruir el movimiento sindical y popular y la izquierda sobre bases firmes, impedir la victoria de la reacción venga de donde venga y evitar un resultado trágico. Hoy más que nunca: ¡solo el pueblo salva al pueblo!
