Alianza Popular Bolivariana
Cinco dirigentes campesinos asesinados en el Estado Zulia (occidente de Venezuela), dan cuenta de la violencia que los terratenientes del sur del lago de Maracaibo, están aplicando para romper la resistencia de los comités de tierra, que buscan a través de las leyes revolucionarias decretadas por el gobierno de Hugo Chávez, un camino hacia la justicia social.
Creados para acceder a la propiedad de tierras ociosas e incultas, los comités de tierra zulianos, luchan contra los testaferros de Carlos Andrés Pérez (ex-presidente venezolano) y otros politiqueros de los partidos Acción Democrática y Copei de la región, quienes a través de influencias oscuras y documentos amañados, manejan miles de hectáreas de terreno de primera calidad, generalmente abandonado o utilizado para sembrar solo pasto, en vez de rubros productivos que permitan salir de la dependencia alimentaria.
José Avendaño, Luis Mora, Pedro Doria, Armando García y Ramón Parra, fueron eliminados a través de sicarios, por la intolerante, violenta y abominable dirigencia ganadera, que amparada bajo su poder económico, compra policías, jueces, fiscales y conciencias, cubriendo con un manto de terror e impunidad los municipios rurales del Zulia.
Omar Contreras Barboza, hermano de Carmelo Contreras, ex gobernador adeco y ex funcionario del gobierno de CAP, fue el autor intelectual de por lo menos tres de los cinco asesinatos cometidos en el Zulia. Sin embargo, aún no ha sido detenido ni él ni el autor material del hecho, Orlando Peña, alias "el ganadero", quien no sería raro encontrarlo muerto pronto, sin posibilidades de que hable y diga en detalle como se efectuó el asesinato.
En Machiques, La Villa, Encontrados, Colón y Santa Bárbara del Zulia, entre otros pueblos del sur del lago de Maracaibo (zona rica para la agricultura y la ganadería), campea la impunidad y la ley del más fuerte. Los ganaderos y sus asociaciones sabotean, junto a las alcaldías adecas, copeyanas y de Un Nuevo Tiempo (refundación adeca), toda iniciativa llevada a cabo por el gobierno nacional. Nada más por citar una de las tantas declaraciones infelices, un alto representante de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), aseveró que la Ley de Tierras es anárquica y que por ende "solo se puede combatir la anarquía con más anarquía", justificando los asesinatos y la violencia pagada por estos terratenientes, e incluso sugiere que las muertes de los dirigentes populares fueron ejecutadas por los mismos campesinos. Ante estas calumnias, cabe destacar un detalle importante: Orlando Peña "el ganadero", asesino material del médico y dirigente campesino Pedro Doria, fue escolta de un ex presidente de estas asociaciones de ganaderos.
Igual estrategia de desinformación cumple la gobernación golpista de Manuel Rosales, firmante entre otros traidores, del decreto carmonista que eliminaba de un plumazo todos los poderes públicos y los preceptos de la Constitución Bolivariana. El gobernador se apresuró a resolver el caso, no por un interés sincero en lograr justicia, sino para tener argumentos que impidan declarar estado de excepción en las zonas rurales del sur del lago. También el Parlamento del Zulia, en manos de la reacción, conspira para perpetuar la injusticia y el terror en el campo, al negar la posibilidad de que esta instancia utilice sus atribuciones para investigar la situación de emergencia que allí se vive.
El Zulia, junto a otros estados venezolanos como Táchira, Mérida y Trujillo, ya han visto perecer a 13 campesinos, a manos de los terratenientes cobardes, que a través de terceros, siembran el terror y la anarquía. ¿Hasta cuando el gobierno nacional esperará para tomar acciones contundentes contra la derecha reaccionaria y la conspiración? Ante esto los campesinos están claros: si el estado venezolano no les garantiza su seguridad, se organizarán para su autodefensa.
Ante la emergencia, el movimiento popular zuliano exige cárcel para los ganaderos y terratenientes comprometidos con los asesinatos, las amenazas y la conspiración golpista desde el campo venezolano. Exigimos también que se respete la ley de tierras y rechazamos categóricamente cualquier enmienda o reforma que vaya en contra de los intereses populares.
Los representantes de ¡Que la muerte de los compañeros no sea en vano! ¡JusticiaYa!
