El 4 de septiembre el pueblo chileno votará la nueva Constitución que debería sustituir a la impuesta por la dictadura pinochetista. A escasos días del referéndum, y con un altísimo porcentaje de indecisos, el rechazo al texto presentado por la Convención Constituyente dominada por la izquierda, y apoyado por el Gobierno de Gabriel Boric, mantiene diez puntos de ventaja en los sondeos sobre el apruebo.

Esta tendencia todavía podría revertirse por la movilización de las masas contra la derecha, que ya está celebrando como una gran victoria un posible triunfo del rechazo e incluso un apruebo muy ajustado. En cualquier caso, la campaña está evidenciando un enorme malestar y decepción con el gobierno. En diciembre de 2021, Boric recibió el mayor caudal de votos de la historia chilena. En marzo, cuando tomó posesión, su apoyo superaba el 50% con un rechazo por debajo del 30%. Hoy su impopularidad supera el 56% y su apoyo roza el 37%. 

Los medios de la derecha están aprovechando la coyuntura para lanzar una agresiva campaña por el NO, recurriendo a todo tipo de fake news y desinformación sobre la nueva Constitución para movilizar a sus bases. Pero el punto central es el efecto desmovilizador que está teniendo entre millones de trabajadores, jóvenes y amplios sectores de las capas medias empobrecidas que votaron por la izquierda, la política del gobierno de ceder a las exigencias capitalistas y no dar respuesta a sus necesidades.

Seis meses de oídos sordos a las reivindicaciones del pueblo...

El impresionante levantamiento que sacudió Chile en octubre de 2019, abriendo una profunda crisis revolucionaria, puso en el centro de sus demandas acabar con la reaccionaria constitución pinochetista de 1980 y el régimen capitalista que gobernó los 32 años transcurridos desde el final de la dictadura (1989). La lucha de millones en las calles se dirigió contra unas políticas reaccionarias, privatizadoras y antisociales que han hecho del país andino el más desigual de la OCDE y uno de los más desiguales del planeta.

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En octubre de 2019 la lucha de millones en las calles se dirigió contra unas políticas reaccionarias, privatizadoras y antisociales que han hecho del país andino uno de los más desiguales del planeta.

Ese mismo anhelo de cambio impulsó la victoria del apruebo para elaborar una nueva Constitución (80% de votos en el plebiscito del 25 de Octubre de 2020), la elección de una Constituyente con mayoría clara de izquierdas en mayo de 2021, y la victoria de Boric en diciembre. Pero la clase trabajadora esperaba de la Constituyente y más aún del gobierno medidas inmediatas y concretas.

El pacto de Boric y los dirigentes de los partidos que le apoyaron, Frente Amplio (FA) y Partido Comunista (PCCh) con el Partido Socialista (PS), totalmente desprestigiado tras décadas actuando como un pilar del sistema, ha llevado al Ejecutivo a numerosos ministros vinculados al mundo empresarial y a los gobiernos capitalistas anteriores. En estos meses de gestión, la continuidad con las anteriores políticas económicas ha sido llamativa.

El 1% de la población chilena sigue concentrando el 49% de la riqueza. En un contexto internacional de precios desbocados, la inflación llegaba en agosto el 13,2% (la mayor en 28 años), aumentando en 100.000 el número de pobres desde que asumió el nuevo gobierno. Pero la respuesta de éste, conteniendo el gasto público y renunciando a eliminar los fondos de pensiones privados (AFP) y crear un sistema público, ha sido un duro golpe. La promesa de implantar gradualmente un sistema mixto significa mantener las jubilaciones de miseria.

Ante la campaña de la derecha denunciando que la nueva Constitución impondría una sanidad y educación 100% públicas, los partidos del gobierno (incluido el PCCh) se han comprometido a mantener las clínicas y seguros médicos privados y la enseñanza concertada, que ya absorbe más del 50% de la oferta educativa. Con los índices de pobreza, desigualdad y precariedad laboral disparados, las tímidas ayudas a los más pobres anunciadas por el gobierno equivalen a combatir un cáncer con aspirinas.

...y concesiones a oligarcas e imperialistas

El gobierno también ha renunciado a declarar la amnistía a los centenares de presos políticos; juzgar, castigar y depurar a los mandos policiales y militares responsables del asesinato y de otros daños físicos irreparables de miles de manifestantes, o suprimir el odiado cuerpo de carabineros, una de las policías más militarizadas y violentas del mundo.

En lugar de la amnistía, Boric negocia un indulto con la derecha que, además de ser limitado, podría suponer la impunidad de represores y torturadores. Y los carabineros siguen empleándose a fondo, reprimiendo violentamente movilizaciones de la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales, diferentes luchas obreras, estudiantiles y, con especial saña, al pueblo mapuche.

En la cuestión mapuche la política gubernamental es especialmente escandalosa. Tras llenarse la boca hablando del Wallmapu (los territorios ancestrales arrebatados a sangre y fuego por la oligarquía chilena a los mapuches a finales del siglo XIX), el gobierno ha cedido totalmente a su criminalización por la clase dominante y a la exigencia de mano dura. En mayo militarizaba la Araucania y otros territorios,  repitiendo la misma medida que Piñera. El 21 de agosto encarcelaba a Héctor Llaitul, uno de los principales dirigentes mapuche (haciendo suyas las acusaciones de terrorismo que ha difundido la derecha). Además, Boric cesaba a Jeanette Vega (Ministra de Desarrollo Social) por reunirse con Llaitul.

El saqueo, la violencia contra los mapuche y otros pueblos originarios hunden sus raíces en el desarrollo del capitalismo chileno y son inseparables del poder y beneficios de los grupos empresariales forestales, mineros, alimentarios y eléctricos, sectores decisivos de la oligarquía fusionados con la banca y las multinacionales imperialistas.

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El saqueo y la violencia contra los mapuche y otros pueblos originarios hunden sus raíces en el desarrollo del capitalismo chileno y son inseparables del poder y beneficios de los grupos empresariales.

Lo mismo ocurre con las políticas racistas y discriminatorias contra centenares de miles de migrantes llegados de Bolivia, Perú o, durante los últimos años, de Haití y Venezuela. Lejos de garantizar plena igualdad de derechos y salarios de trabajadores chilenos y migrantes, Boric negocia con otros presidentes latinoamericanos cómo “controlar” y “limitar” los movimientos migratorios.

Respecto a luchar consecuentemente contra el machismo y por el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI, los avances conquistados son producto de la movilización en la calle. Pero conquistas como el derecho al aborto (recogido en la nueva Constitución), o diversas medidas contra la violencia de género, son cercenadas y limitadas por el machismo y LGTBIfobia que impregnan un aparato estatal, judicial y policial infestado de pinochetistas.

Crece el escepticismo hacia el proceso constituyente

La insurrección de octubre de 2019 puso contra las cuerdas al capitalismo chileno. La burguesía solo pudo evitar la caída del gobierno asesino de Piñera y la toma del poder por las masas mediante maniobras políticas con la “oposición”, especialmente con la firma del Acuerdo por la paz social y el proceso constituyente. Su firma por los dirigentes del PS y el sector del FA encabezado por Boric, y su aceptación de facto por el PCCh y los dirigentes sindicales, permitió a la clase dominante utilizar el proceso constituyente para desviar el proceso revolucionario al terreno electoral y parlamentario.

Tras la victoria aplastante de la izquierda en las presidenciales, la burguesía comprendió que necesitaba más tiempo y apostó por utilizar al PS para empujar a Boric y demás dirigentes del FA y PCCh hacia la derecha.

En un contexto de crisis capitalista, polarización y malestar creciente en todo el mundo, la burguesía chilena está utilizando a fondo a la derecha piñerista y democristiana y a los dirigentes del PS. Estos se reparten los papeles en el referéndum del 4S, pidiendo el rechazo, el apruebo o la abstención, pero coinciden todos en que tanto una victoria del rechazo como un triunfo ajustado del apruebo exigen abrir un nuevo proceso constituyente y buscar un “gran pacto social”. Su objetivo es seguir desmovilizando y desmoralizando a las masas para, en cuanto puedan, lanzar una ofensiva definitiva y aplastarlas.

En este punto, Boric y los dirigentes del FA y del PCCh también están actuando como responsables “hombres y mujeres de Estado”, allanando el camino a los planes de la clase dominante. A inicios de agosto se comprometían por escrito a que, aunque ganase la nueva Constitución, los aspectos más criticados de ésta por la derecha serán negociados y consensuados. Esto ha generado más dudas y escepticismo entre su base social, y más envalentonamiento de la derecha.

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Boric y los dirigentes del FA y del PCCh también están actuando como responsables “hombres y mujeres de Estado”, allanando el camino a los planes de la clase dominante.

El cuestionamiento hacia el proceso constituyente está aumentando entre la vanguardia y en sectores de las masas. Incluso los puntos más avanzados que contiene la nueva constitución (reconocimiento del derecho al aborto sin restricciones, del derecho a la vivienda o de la lengua y cultura de los pueblos originarios,...) son un brindis al sol, al no ir acompañados de medidas económicas y políticas para garantizarlos. Reivindicaciones centrales como la devolución de tierras a los pueblos originarios, nacionalización del cobre y el litio, defensa del carácter público de las pensiones, sanidad y educación… han sido eliminadas.

Por una política revolucionaria para transformar Chile

Defender la consigna de una nueva Constituyente, aunque se le añada la etiqueta libre y soberana, es el planteamiento de algunas organizaciones que se reclaman de la izquierda revolucionaria. Pero este enfoque ha sido refutado por la experiencia. La burguesía no teme a Asambleas Constituyentes, mientras siga controlando las palancas fundamentales de la sociedad. Dispone de mil mecanismos para sabotear su actividad y diluir sus resultados. Ninguna constitución, por muy progresista que se presente, podrá resolver los problemas de las masas chilenas si los capitalistas siguen al mando de la economía y del aparato estatal.

No, la posición de la izquierda marxista no puede ser volver a repetir el mismo error. Libre y soberana, independiente o avanzada, una Asamblea Constituyente capitalista puede “debatir de todo” pero no cambiara lo sustancial, lo que realmente importa. La izquierda revolucionaria chilena debe abandonar este planteamiento etapista, que recuerda al esquema estalinista de primero una “democracia avanzada” y luego ya veremos, y apelar con claridad a la lucha por la transformación socialista de Chile, por un Gobierno de los trabajadores que haga efectiva las aspiraciones del pueblo nacionalizando la banca, los monopolios y la tierra bajo control de democrático de la clase trabajadora, y destruya el aparato del Estado capitalista.

La clase dominante ha avanzado en su objetivo de desmovilizar y desanimar a sectores de las masas. Pero la última palabra no está dicha. Pese a la ausencia de una alternativa revolucionaria de masas, millones de oprimidos y especialmente su vanguardia están mostrando un instinto y combatividad tremendos y sacando conclusiones avanzadas.

Solo hay un modo de evitar la derrota: recuperar la movilización en las calles por las mismas reivindicaciones y con los mismos métodos revolucionarios de 2019. Impulsar comités y asambleas (cabildos, primeras lineas,...) en los barrios, centros de trabajo y estudio; extenderlos y unificarlos y levantar una política de frente único de la izquierda para luchar por un programa socialista. Este es el desafío de los próximos años, y la única manera de conjurar la amenaza de la derecha y la extrema derecha chilena.


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